La Xunta aplaude la «rectificación» de Montero sin renunciar a los incentivos
GALICIA
Galicia tiene abiertos con Hacienda otros litigios por el cobro del IVA y las primas a las comunidades cumplidoras
29 mar 2019 . Actualizado a las 22:33 h.El Gobierno gallego recibió ayer con satisfacción la decisión del Consejo de Ministros de autorizar que las comunidades autónomas que tengan superávit puedan invertir este dinero en capítulos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Todavía hay que impulsar el real decreto que va a regular esta posibilidad y Hacienda deberá ver la letra pequeña de las inversiones extraordinarias que plantea la Xunta, pero para el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, «o máis importante é a rectificación» del Gobierno central para disponer de esos recursos, unos 104 millones de euros adicionales, sin que eso suponga que renuncia a otras reclamaciones planteadas a la ministra María Jesús Montero en relación a la liquidación del IVA o el pago de incentivos por las liquidaciones negativas.
¿Por qué surge la reclamación para poder disponer del superávit?
Es una demanda que se pone sobre la mesa cuando las administraciones públicas empiezan a cerrar sus ejercicios presupuestarios con superávit y constatan que, en la práctica, no pueden disponer de ese dinero para inversiones o gasto social. Es algo que empieza a ocurrir a partir del año 2017, en la fase de recuperación económica del Estado, y con lo que se pretende sortear la normativa en materia de estabilidad presupuestaria impulsada desde la reforma de la Constitución del 2011, que obliga a las administraciones a destinar su superávit a pagar a los acreedores para rebajar el nivel de deuda del país.
¿Quién plantea la reivindicación ante el Gobierno del Estado?
La demanda surge de varios frentes, como la FEMP o el Gobierno gallego, que hizo de esta reivindicación una bandera que comparte con el selecto club de las comunidades que cumplen con el control del déficit público. Los antecedentes de la petición están en el 2016, cuando Rajoy abre la perspectiva de negociar un nuevo modelo financiación y las comunidades más endeudadas, como Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha, invocan soluciones a la carta para disponer de más recursos, mientras Feijoo hace lo propio reclamando una «discriminación positiva» para las comunidades cumplidoras.
¿Cuándo se abre la posibilidad de poder invertir el superávit?
La posibilidad surge ya a principio del año pasado, del 2018. El Gobierno de Mariano Rajoy asume la reivindicación de comunidades y ayuntamientos y la traslada a las disposiciones adicionales de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, los últimos que se aprobaron bajo la Administración del PP. En virtud de esta nueva posibilidad, ofrecida también a los ayuntamientos, Canarias solicitó formalmente poder disponer del superávit generado en el ejercicio del 2017, lo que derivó en una autorización muy condicionada del Ministerio de Hacienda, que más tarde acabaron rechazaron las autoridades insulares.
¿En qué consiste la rectificación del Gobierno sobre el superávit?
Se trata de una rectificación de intenciones más que de hechos consumados. En realidad, la posibilidad de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan invertir su superávit en gastos sostenibles está vigente desde el primer trimestre del 2018, aunque Hacienda tiene conceder una autorización expresa en cada caso concreto. No obstante, en el proyecto presupuestario que el Gobierno de Pedro Sánchez remitió al Congreso para su tramitación se derogaba esta posibilidad, lo que anticipaba su intención de volver a lo anterior. En todo caso, el presupuestos fue tumbado provocando el adelanto de las elecciones, de ahí que solo se pueda hablar de rectificación de una intención.
¿El acuerdo del superávit cierra el litigio de la Xunta con Hacienda?
En absoluto. La reclamación para poder disponer del superávit es solo una de las tres que el presidente de la Xunta le trasladó a la ministra Montero, y el Gobierno gallego no tiene previsto renunciar al resto. Y es que todavía está sin resolver la liquidación de los 198 millones de euros que reclama Galicia por el IVA recaudado en la comunidad durante un mes que no se computó en el ejercicio del 2017. Y en paralelo está otra petición que Feijoo hizo constar en una carta remitida a la ministra a finales de febrero para cobrar dos anualidades de 85 millones de euros en concepto de «incentivos» derivados de los anticipos a cuenta por cumplir con la regla de gasto.
