Los aspirantes a presidir el TSXG se fijan el objetivo de resolver el colapso judicial en Galicia

GALICIA

Comparecieron ante el Poder Judicial para exponer sus proyectos para mejorar la Justicia en la comunidad
25 oct 2019 . Actualizado a las 22:21 h.Los juzgados gallegos arrastran problemas estructurales que mantienen una elevada tasa de casos pendientes, a los que se une una gran entrada de procedimientos. A esos problemas se unen los derivados de la huelga de funcionarios del 2018, que complicó la situación. Es el diagnóstico de la Justicia en Galicia que, con algunos matices, ofrecieron ayer en Madrid los ocho magistrados aspirantes a presidir el Tribunal Superior de Xustiza, que comparecieron ante los miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, con su presidente, Carlos Lesmes, a la cabeza.
El primero en comparecer fue Fernando Alañón Olmedo, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), quien dijo que la situación de la Justicia en Galicia es razonablemente aceptable, aunque reconoció las disfunciones provocadas por la huelga de funcionarios y apostó por fomentar la mediación desde el alto tribunal gallego.
Teresa Conde-Pumpido, magistrada de la Sala de lo Social del TSXG, destacó su paso por la presidencia del Consello Consultivo de Galicia, una experiencia que cree que le proporciona el bagaje necesario para poder dirigir el Tribunal Superior. Puso entre sus prioridades lograr la tutela judicial efectiva, garantizar la independencia judicial mejorar las condiciones de trabajo de los jueces, y solucionar la elevada pendencia judicial. También achacó a la huelga de funcionarios el agravamiento de la situación de los problemas estructurales de la Justicia en Galicia. Recordó que el 60 % de los jueces de la comunidad son mujeres, pero «los referentes públicos del Poder Judicial son masculinos». Y les dijo a los vocales de la Comisión Permanente: «Si nosotras no nos presentamos, ustedes no tienen posibilidades de elegir».
José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSXG, realizó un diagnóstico de la Justicia en Galicia y dijo que el Tribunal Superior no son solo las tres salas que lo integran y las cuatro audiencias provinciales, sino que también lo son todos los órganos judiciales unipersonales que hay en Galicia. Reconoció una tasa de congestión del 2,83, «una cifra elevada y preocupante», y explicó que los retrasos judiciales de Galicia no se deben solo a la huelga de funcionarios, sino que existe un problema estructural que ya estaba en los juzgados, en especial los de la jurisdicción social.
Carmen Taboada Caseiro, magistrada de la Audiencia de A Coruña, señaló problemas concretos, entre los que citó los relacionados con los sistemas informáticos y de grabación y de videoconferencias. Propuso unificar los sistemas informáticos de los juzgados y la Fiscalía.
Julio Tasende Calvo, también magistrado en la Audiencia de A Coruña, aseguró que el número de jueces es insuficiente para el nivel de litigiosidad que hay en Galicia. Dijo que la situación de los juzgados de lo social es preocupante, con un elevado número de procedimientos de entrada y de casos pendientes. Y lamentó la dilación en los señalamientos al destacar que algunos tienen 30 meses de plazo.
Fernando Lousada Arochena, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza, apostó por una Justicia abierta y transparente y reconoció la existencia de necesidades estructurales para mejorar la situación judicial en la comunidad.
Ángel Judel Prieto, magistrado de la Audiencia de A Coruña, propuso impulsar la mediación. Judel citó algunos de los problemas sociales que afronta Galicia, como los incendios forestales, la violencia machista y los accidentes de tráfico, aspecto este último en el que cree que se ha bajado la guardia. Aseguró que las víctimas se quejan de que los jueces ofrecen respuestas benévolas ante graves conductas al volante.
Antonio Fraga Mandián, titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de A Coruña, considera vital reforzar las unidades más colapsadas y destacó la sobrecarga en los juzgados de lo civil y lo social, que calificó de preocupante, con señalamientos para los años 2022 y y 2023.