El mínimo de votos exigido para lograr escaño reduce las opciones de siglas con escasa implantación en Galicia
13 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.En 1992, a poco menos de un año de acudir a las urnas, Manuel Fraga aprovechó su mayoría absoluta para impulsar la primera reforma de un sistema electoral en la historia autonómica del país. El umbral de votos necesarios para acceder al Parlamento pasaría, en 1993, del 3 % por circunscripción al 5 %. En octubre de ese año, la coalición Esquerda Unida-Unidade Galega obtuvo el 3,7 % de los apoyos en la provincia de A Coruña, quedándose fuera del Pazo do Hórreo. De mantenerse el sistema anterior, Camilo Nogueira habría logrado su escaño.
Subir el listón cambió el guion en el Parlamento, que desde entonces se escribió en torno a tres partidos hasta que, en el 2012, irrumpió como cuarta fuerza Alternativa Galega de Esquerdas, convertida cuatro años después en En Marea. Según la exposición de motivos de la reforma de 1992, el objetivo era encontrar «una lógica adaptación de la ley» a la implantación social de las siglas que se habían asentado en el Parlamento.
El entonces diputado de Coalición Galega, Cándido Sánchez Castiñeiras, ya alertaba del «efecto disuasorio» que tendría sobre los votantes apoyar una fuerza que coquetease con ese umbral, como era el caso de su partido. El popular Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, según recoge el diario de sesiones de la época, reconoció que la intención tras la reforma era «disuadir futuras presencias electorales» para que los diputados de la cámara representasen «el mayor estrato posible de la sociedad».
Una barrera para Cs y Vox
Tres décadas después, ese umbral complica la entrada de Ciudadanos y Vox, con una implantación territorial en la comunidad muy reducida o, en el caso del partido de Santiago Abascal, inexistente. En las elecciones gallegas del 2016, las primeras en las que concurrió la formación naranja, las candidaturas en las provincias de A Coruña y Pontevedra rozaban el 4 %, lo que le habría permitido entrar en las asambleas legislativas de la mayoría de comunidades autónomas. La barrera impide así que los cerca de 50.000 votos a Cs no se tradujesen en escaños.
Las generales de noviembre son el único termómetro electoral que mide el impacto de Vox en Galicia. En A Coruña y Lugo superó el 8 % de los votos, y en Pontevedra y Ourense se situó unas décimas por debajo. La extrapolación a las autonómicas le permitiría acceder al Parlamento en las cuatro provincias, si bien el contexto es radicalmente diferente. El partido carece de estructura en la comunidad -en Pontevedra creó su tercera gestora en diciembre- y no cuenta con ninguna figura visible que pueda postularse como candidato.
El partido que estuvo más cerca de entrar en el Parlamento solo concurrió en una circunscripción. La lista de Democracia Ourensana fue apoyada por 7.723 personas en las elecciones del 2016, el 4,4 % de los votos en la provincia. Es decir, solo seis décimas separaron a Pérez Jácome, actual alcalde de Ourense, de elevar su partido al ámbito autonómico. El regidor, que gobierna en la capital provincial con el apoyo del PP, comprometió el martes su apoyo a Núñez Feijoo tras descartar presentar una candidatura el 5A.
El aumento del umbral en 1993 sirvió también para unificar las tendencias de voto alrededor de los grandes partidos, eliminando la irrupción de opciones galleguistas (caso de Terra Galega, con el 2,3 % de los votos en A Coruña en el 2009) o alternativas al PSdeG -la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se quedó por debajo del 1,5 % en dos ocasiones con EU-. Solo el desgaste del tripartidismo y las escisiones del BNG, que desembocaron en la aparición de Beiras como candidato de AGE hace ocho años, permitieron que un nuevo partido sortease la barrera del 5 %.
Lejos del umbral en Sondaxe
La encuesta de Sondaxe para las elecciones autonómicas del 2019 -publicada hace un mes y, por tanto, antes de conocerse la fecha del adelanto electoral-, dejó un escenario en el que hasta tres candidaturas estarían lejos de alcanzar el 5 % de los votos. Solo En Marea, en la provincia de Pontevedra, se acerca al 4 %. En el resto de provincias cae por debajo del 2 %. Vox supera el 3 % en A Coruña, lo que le hubiese permitido entrar en el Parlamento antes de la reforma de 1992, pero oscila entre el 2 % y el 0,5 % en el resto de provincias. Lo mismo ocurre con Ciudadanos, que ni siquiera alcanza el 3 % en las cuatro circunscripciones gallegas.
Baleares también elevó el límite
Tras la reforma en Galicia, las autonomías de Baleares y Canarias, en 1995 y 1996, decidieron elevar el mínimo de votos para acceder en sus respectivos parlamentos al 5 %. En la Comunidad Valenciana, la barrera también está situada sobre el mismo porcentaje, aunque no en cada provincia sino en el conjunto de la región. Madrid sitúa el mismo umbral para obtener un escaño. Murcia rebajó este límite al 3 % en el 2015, siguiendo así el marco de la mayoría de comunidades.