Piden a los bancos reflexión sobre cómo acaban las casas embargadas
03 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Entienden que pueda sonar contundente, pero las empresas inmobiliarias de Galicia están convencidas de que hay que pasar a la acción de una manera más decidida contra la ocupación de viviendas e inmuebles. Tras advertir que es un problema que ya se ha instalado en Galicia con una incidencia creciente y preocupante, los profesionales inmobiliarios de la comunidad se han unido para pedir la imposición de penas de cárcel para quienes lleven a cabo ocupaciones de propiedades, al entender que solo la vía coercitiva y penal puede frenar una práctica que estiman ha llegado con fuerza a Galicia a causa de «un efecto llamada», tanto por la levedad de las penas a las que se arriesgan quienes han hecho de la usurpación de inmuebles su medio de vida, como por la gran cantidad de viviendas vacías que señalan que existen en la comunidad. Según las estimaciones de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias en Galicia hay unas 330.000 casas y pisos sin uso en estos momentos.
«El okupa que más preocupa es el organizado, el que está pendiente de que un piso quede vacío y pueda ser objeto de allanamiento, o los que saben cuándo se produce un alzamiento judicial o llevan el control de las propiedades en manos de bancos, más lentos a la hora de reaccionar ante una ocupación», señalan los empresarios de la federación de inmobiliarios, que han detectado una treintena de zonas que sufren ocupaciones reiteradas y recientes en las ciudades gallegas.
«Me preocupa el incremento y el nivel de impunidad de las ocupaciones en Galicia. El asalto violento a un inmueble sin contar, lógicamente, con la autorización de su propietario, es solo sancionada con una multa de tres a seis meses. Esto crea una sensación de impunidad total al ser la práctica totalidad de los okupas personas insolventes», precisa Benito Iglesias, presidente de la Federación de Empresas Inmobiliarias. El sector exige por ello a toda la clase política que garantice la seguridad jurídica del mercado inmobiliario y viendo insuficiente el mecanismo del desahucio exprés «la realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación», advierte.
Los empresarios inmobiliarios señalan que cada vez es más frecuente que emigrados a otros países o comunidades regresen a Galicia en verano y se encuentren que su casa está ocupada o lo ha sido desde su última visita. «Hay que erradicar las ocupaciones sin paliativos y con una normativa ágil y contundente. Defiendo que la ocupación de una vivienda sea considerada como un delito penado con prisión y que la policía pueda desalojar la vivienda ocupada en menos de 24 horas. El fenómeno okupa es lo que más atemoriza a los arrendadores», resume Iglesias.
Finalmente, las empresas inmobiliarias señalan que un 60 % de las propiedades ocupadas están en manos de bancos y la Sareb, por lo que les instan a repensar si la vía de las ejecuciones hipotecarias es la más rentable tanto para sus intereses como para el de la sociedad en general, dado que estas entrañan gastos para las entidades si optan por tenerlas vigiladas, o de reparación y jurídicas si son asaltadas, a la vez que empujan a los desahuciados en muchos casos a entrar en la rueda de la ocupación.
