El juez que sustituye a Pilar de Lara: «Las denuncias anónimas no son admisibles»

GALICIA

El magistrado dicta dos autos en los que propone el archivo de investigaciones abiertas por De Lara a dos asesoras de Besteiro y de Orozco
05 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.A un mes de que termine el plazo de sanción de siete meses de empleo y sueldo, que supone pérdida de destino, que le impuso el Consejo General del Poder Judicial a la jueza Pilar de Lara por cometer «muchas irregularidades y diligencias inútiles, por el descontrol sobre los procesos penales seguidos en el juzgado», el magistrado que ocupa su puesto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Joaquín Brage, está cerrando algunos de los numerosos de casos iniciados por su predecesora.
Esta semana se conocieron dos autos en los que se propone el archivo de las investigaciones abiertas por De Lara a dos asesoras de Besteiro y de Orozco, dentro de la operación Pulpo, que arrancó en el 2013 a raíz de una denuncia por acoso laboral y que derivó en supuestas contrataciones ilícitas en la Diputación, que entonces presidía el secretario general del PSdeG.
Los autos de Brage son esclarecedores por cómo puede abordar las macrocausas abiertas por De Lara. Este magistrado, que conoce el juzgado lucense ya que era el juez de apoyo, fue profesor de Derecho Constitucional en la UNED y autor de publicaciones y artículos científicos sobre su especialidad. En los escritos sobre las asesoras de los políticos lucenses muestra varios de los conceptos que expuso en sus artículos académicos, como el de los límites de los derechos fundamentales. Así, en el procedimiento abierto contra la periodista Leticia Vilar, por haber obtenido supuestamente de manera fraudulenta y mediante amaño su plaza de jefa de prensa de la Diputación, Brage deja clara su postura: «El origen del conocimiento de tales hechos estaría en una denuncia anónima. Es sabido que las denuncias anónimas, de autoría no determinada ni determinable, no son admisibles».
A partir de esta premisa, el juez basa su argumentación en varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: «Las denuncias anónimas no deben ser atendidas por las autoridades, y menos dar lugar a actuación alguna respecto del denunciado sin previa comprobación de hechos cuando parezcan muy fundados». El juez ofrece en los fundamentos de derecho del auto una lección sobre cuándo y por qué se tienen que tener en cuenta o no los escritos anónimos de denuncia. No lo cita, pero hay que recordar que algunas investigaciones iniciadas por De Lara se basaron en cartas y documentos que le fueron llegando cuando iba abriendo las diferentes macrocausas: Carioca, Pokémon, Garañón, Pulpo, Cóndor, Vendex, Pikachu...
Así, Brage, citando a la jurisprudencia, relata que «un anónimo no es por sí mismo fuente de conocimiento de los hechos que relata», y apunta que «quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la verdad en lo que se acusa». Sobre el caso particular, y tirando de ironía, el auto habla «de aquella lejana oposición del 2011», dando a entender que nueve años después se tomaba una decisión sobre la situación procesal de la investigada, que como otros imputados llevan años en el limbo judicial. Brage explica profusamente que todo el proceso de selección de la plaza en la Diputación fue legal y que las acusaciones se basaron «en suposiciones y conjeturas».
En otro auto, sobre las supuestas adjudicaciones ilícitas en la Diputación a favor de una asesora de Orozco, el juez señala que el proceso contra ella y su familia «no pasaba de ser una sospecha», destacando que el patrimonio de la investigada ni mucho menos se había incrementado.
Son dos pequeños autos, que sumados a la decisión de la Audiencia de Lugo de despiezar la Pokémon en varios juzgados, sirven de ejemplo de cómo se van descomponiendo las macrocausas que abrió De Lara, que llegaron a ser 90 en el 2014, y de una cierta esperanza para las decenas de investigados que siguen a la espera de cómo se resuelve su situación procesal.