El abogado de los Franco: «La sentencia del pazo de Meirás es sesgada. El caso se ha politizado»
GALICIA
Luis Felipe Utrera-Molina sostiene que la jueza dibujó un escenario en el que difícilmente puede darle la razón a los Franco, que, dice, siguen visitando esa propiedad porque la sentencia no es firme
19 oct 2020 . Actualizado a las 00:03 h.«La sentencia del pazo de Meirás me ha decepcionado. Puedo aceptar que me quiten la razón, pero tengo derecho, y mis clientes también, a que me digan por qué». Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de los nietos de Franco, es muy crítico con la sentencia que quita la propiedad de las torres de Meirás a sus clientes y se la reconoce al Estado, y que fue dictada por la jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña. Como en el recurso contra la sentencia, el abogado es crítico con la magistrada: «Ha obviado los argumentos más importantes de la defensa». Utrera-Molina cree que «el problema es que este caso se ha politizado». Y añade: «Es comprensible que se politice ante la opinión pública, pero que se haga en un tribunal de justicia me parece más cuestionable».
—¿Por qué dice que se ha politizado?
—Porque Franco no es parte en este procedimiento. Murió hace 45 años y lo que hacen mis clientes es luchar por defender una propiedad privada según unos argumentos jurídicos. Pero Franco no es parte, y sus nietos no tienen por qué ser tratados de forma distinta al resto de los españoles.
—No es parte, pero la cuestión es si Franco fue dueño del pazo.
—Comprendo que hay que situarse en el contexto de 1938. Hoy en día un regalo a un jefe del Estado sería un delito y algo difícil de entender, pero en 1938 se entendía bastante bien. Estábamos en plena guerra y, aunque según la sentencia parece que Franco no tenía partidarios, lo cierto es que tenía muchísimos, y en Galicia los tenía a porrillo. Que había franquistas en Galicia nadie me lo puede negar, es que los he conocido.
—La sentencia anula la venta hecha a Franco en 1941 por ser simulada y un fraude.
—El Estado atacó la venta de 1941 diciendo que fue una simulación porque si no lo hace así, a mis clientes les bastaría alegar la usucapión [posesión de un bien durante un período de tiempo] ordinaria durante diez años desde 1975 para que se reconozca su propiedad sobre el inmueble.
—Y añade que esa venta se hizo solo para poner el pazo a nombre de Franco y de su mujer.
—El notario de A Coruña que interviene en la escritura de 1938 era el bisabuelo de mi mujer. Y advierte un defecto: que la vendedora, Manuela Esteban Collantes, no tiene el título de propiedad del pazo porque aún no se había hecho la declaración de herederos de Emilia Pardo Bazán.
—¿Se refiere a la venta de 1938 a la Junta pro Pazo?
—Sí, ella vende el pazo a la Junta pro Pazo, pero no tenía título de propiedad, y además la Junta no tenía personalidad jurídica. Y llega 1941 y ven que la escritura de 1938 era papel mojado, que la donación del pergamino era algo simbólico y que el pazo seguía a nombre de Jaime Quiroga. Y dijeron: vamos a hacer lo necesario para que se pueda inscribir la propiedad a nombre de Franco, que era lo que querían Manuela Esteban y la Junta pro Pazo.
—En el recurso dicen ustedes que la sentencia es sesgada.
—Yo sí creo que la sentencia es sesgada. Basta una lectura de los sesenta primeros folios para ver que dibuja un escenario en el que difícilmente puede darle la razón a los herederos de una persona a la que se presenta tan mala.
—¿Por qué dice eso?
—Que la sentencia hable de un bando referido al día del plato único en el que el alcalde de Sada habla de listas negras dando a entender que lo aplica al tema del pazo me parece un ejercicio de manipulación inadmisible.
—¿No hubo listas negras para contribuir a la compra del pazo?
—En el caso del pazo no hubo listas negras. Pero la sentencia va más allá y da a entender que las listas negras para quien no contribuyese al día del plato único se aplicaban al pazo. Tampoco hay ninguna prueba de que hubiese detracciones de nóminas de funcionarios. Solo un recorte de prensa de los años ochenta. Respeto la sentencia, pero creo que es manifiestamente sesgada.
—¿Sugiere que la jueza se ha dejado llevar por la presión social?
—Yo no voy a hacer una acusación de prevaricación. Los jueces son personas y pueden verse influidas, y comprendo que tener de un lado a los herederos de Franco y del otro al Estado, a la Xunta, a la Diputación y a los Ayuntamientos de A Coruña y de Sada, impresiona. Hay gente a la que puede suponerle un problema darle la razón a los nietos de Franco frente a esas Administraciones y te pueden señalar como franquista. ¿Que eso puede influir? Hombre, no debería, porque un juez es un profesional.
—A la vista de la sentencia, ¿dan por perdido el pazo?
—No, en absoluto. Tengo mucha confianza en la Audiencia Provincial y, si llega el caso, en el Tribunal Supremo, donde hay expertos de máximo nivel en Derecho Civil. Aquí discutimos sobre usucapión, demanialidad o desafectación tácita, pero no hablamos de la Guerra ni de Franco.
—La jueza niega la indemnización a la familia porque dice que se actuó de mala fe.
—¿Alguien puede pensar que mis clientes conocían lo que se hizo en 1941, cuando además nadie puso el tema sobre la mesa hasta el 2019 con la demanda del Estado? Pero claro, si niegas la buena fe del poseedor, este no tiene derecho a los gastos útiles. Y la sentencia va más allá que el abogado del Estado, que había reconocido la buena fe de mis clientes, y no le concede ni los gastos útiles ni los necesarios. Y en eso, la sentencia no solo incurre en incongruencia, sino que infringe el artículo 453 del Código Civil, que dice que incluso los poseedores de mala fe tienen derecho a los gastos necesarios.
—Si la sentencia se mantiene, ¿qué gastos pedirían?
—Pues no lo sé, pero mucho dinero. Porque reconstruir el pazo fue muy costoso. En su día hablamos de un mínimo de 800.000 euros, pero se pagaron además impuestos, contribuciones, conservación y vigilancia. Es mucho dinero, pero aún no lo hemos cuantificado.
«Mantener el pazo cuesta 60.000 euros al año»
«La duquesa de Franco [Carmen Franco] se gastó mucho dinero. No empezó hasta 1994 la reconstrucción del pazo tras el incendio de 1978 porque costaba mucho. Pero ella decidió que era su obligación hacerlo porque era un legado histórico. Fue una decisión suya», asegura Utrera-Molina.
—Esa decisión choca con que sus hijos hayan puesto el pazo a la venta por 8 millones de euros.
—Pero es que una cosa es lo que el pazo suponía para Carmen Franco y otra lo que significa para sus hijos, que comparten la propiedad. No es lo mismo. A Carmen le gustaba veranear en el pazo, pero una vez fallecida ya no es lo mismo. Y le doy un dato: mantener el pazo cuesta alrededor de 60.000 euros al año. Y lo tienen que mantener entre todos. Para ellos tiene un valor sentimental porque de niños han veraneado allí, pero ahora las decisiones se toman entre todos y cuesta mucho dinero mantenerlo abierto a las visitas, la vigilancia...
—¿Los nietos siguen usando el pazo pese a la sentencia?
—Sí, sé que alguno de los nietos estuvo unos días allí este verano.
—¿Después de la sentencia?
—Sí, después. Con total normalidad porque la sentencia no es firme y tampoco se ha ejecutado. Por tanto, tienen perfecto derecho a utilizarlo.
—¿Y pueden coger cosas del pazo?
—Pueden hacer lo que quieran con lo que hay en el pazo. Es suyo. Pero que yo sepa no han retirado nada. Además, ellos confían en ganar.
—Los Franco tienen más frentes abiertos: la Casa Cornide, las estatuas del maestro Mateo.
—Cuando lleguemos al puente cruzaremos el río. Ahora lo que nos ocupa es el pazo. Pero mis clientes se van a defender. Son víctimas de una persecución. Me parece deleznable que el Ayuntamiento de Sada haya declarado persona non grata a todos los descendientes de Franco. Creo que hay una persecución hacia esta familia por el hecho de llevar el apellido Franco.
