La ejecución provisional de la sentencia que le da la propiedad del pazo al Estado es inminente. La familia del dictador anuncia que no se opondrá
05 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Agosto del 2014. Carmen Martínez-Bordiú, la nieta mayor de Francisco Franco, posa para una revista del corazón en los jardines del pazo de Meirás, lo que la publicación identifica como la casa veraniega de la familia Franco. Y así fue durante los cuarenta años de dictadura, cuando el pazo se convirtió en la residencia oficial de verano del entonces jefe del Estado. Después de la muerte de Franco, en 1975, la familia siguió disfrutando de la fortaleza durante los veranos. «A veces entraban coches al pazo. Venían cuatro o cinco de la familia y pasaban allí la tarde». Es el testimonio que Josefa, que vivía a 50 metros de los muros de cierre de la finca, ofreció en el juicio por la propiedad de las torres. «Siguieron visitando el pazo y pasaban allí temporadas», explicó en el mismo juicio Ramón Rodríguez Ares, amigo de la familia y alcalde de Sada entre 1979 y el 2007. Recordó que, incluso con el edificio dañado por el incendio de 1978, la familia iba al pazo en verano: «Seguían disfrutando de los jardines y de la capilla y tenían reuniones con sus amistades».
¿Pero habrá más veranos como esos, con los nietos de Franco en los jardines del pazo? Es cierto que la sentencia que ordena devolver la propiedad al Estado no frenó las visitas de la familia. «Alguno de los nietos estuvo unos días allí este verano. Con total normalidad, porque la sentencia no es firme y tampoco se ha ejecutado», dijo Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia. La primera cuestión, la de la firmeza, se mantendrá al menos un año, hasta que la Audiencia de A Coruña resuelva el recurso de los Franco contra la resolución judicial que les quita la propiedad. Pero la ejecución de la sentencia se hará cuanto antes, a petición de la Abogacía del Estado, y eso sí que apartará a la familia del pazo.
Entrega de las llaves
Probablemente este mismo mes de noviembre, la jueza Marta Canales, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, despachará la ejecución y los Franco tendrán que entregar las llaves del pazo. El proceso de entrega de la propiedad al Estado se acelerará porque los Franco ya han anunciado que no se van a oponer a la ejecución de la sentencia, que será provisional hasta que la condena sea firme. En realidad, la ejecución tenía pocos motivos para no prosperar, ya que la decisión de la jueza no es recurrible y la familia solo podía mostrar su oposición, atendible únicamente en casos muy concretos que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La ejecución de la sentencia convierte al Estado en el propietario real del pazo de Meirás a todos los efectos. Sin embargo, es más que probable que no adopte ninguna decisión trascendente para no dificultar una eventual restitución de la propiedad a los Franco en el caso de que la sentencia fuese revocada por la Audiencia de A Coruña. Trascendente o no, lo que sí es seguro es que los nietos de los Franco no podrán volver a cruzar los muros del pazo desde el momento en el que se ejecute la sentencia, por lo que estos serán sus últimos días como dueños de la propiedad que durante casi cuarenta veranos de dictadura de su abuelo convirtió en la capital del Estado, con la celebración de consejos de ministros y recepciones oficiales. Otra medida que sí se tomará y que ya anunció el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es la de apartar a la Fundación Francisco Franco de la gestión de las visitas del pazo. «Es una reclamación de la ciudadanía», dijo el ministro.
Sada pide la gestión
El destino final del pazo de Meirás tras la sentencia que le da la propiedad al Estado es hasta el momento una incógnita, aunque las fuentes consultadas no tienen ninguna duda de que tiene que ser para uso de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Sada, municipio en el que se encuentra el pazo, se ha apresurado a pedir la gestión de la fortaleza mediante la firma de un convenio con el Estado y con la Xunta. El alcalde, el independiente Benito Portela, anunció ayer que una vez formalizada la entrega de la propiedad, pedirá a las Administraciones «para que á maior brevidade posible poida estar a disposición do uso público».