El precio de no llevar al hijo a clase: una denuncia en la Fiscalía y un curso perdido

El caso de Esther y su hijo ejemplifica bien uno de esos efectos colaterales de la pandemia ajenos a los ámbitos sanitario y económico: la escolarización de los niños con patologías, o convivientes con personas con alguna enfermedad previa, y para quienes el covid-19 puede ser letal. Ella tiene un informe médico que constata que pertenece al grupo de riesgo para el SARS-CoV-2: sufre bronquiectasia pulmonar, fue operada del corazón y es inmunodeficiente. Por ello decidió no enviar a su hijo de siete años al colegio, porque teme que las aulas no sean seguras.

Su decisión le está costando serios disgustos. El último, el expediente abierto por Servicios Sociales por el absentismo del alumno, que ha derivado en una denuncia ante la Fiscalía de Menores. «Como si nosotros no cuidásemos de nuestro hijo», se lamenta esta madre. En el primer trimestre, todavía recibía las tareas por vía virtual, pero una vez que inspección educativa resolvió no justificar las ausencias del alumno, el colegio se ha desvinculado y el pequeño se ha quedado sin lecciones.

Para tratar de paliar esta carencia, sus padres han contratado a un profesor particular, a razón de dos horas al día, que de poco servirá si no logran que su hijo sea evaluado para poder pasar de curso. La única vía que les queda es un recurso presentado ante la consellería. «Pero cuando haya resolución nos pondríamos en abril», añade Esther.

Hay más situaciones así en Galicia, aunque desde la Consellería de Educación indican que se están «implementando todos os mecanismos necesarios para garantir a educación en todos os casos» y califican de «moi residual» la incidencia de este problema en Galicia.

Otra madre de Valdoviño relata que, en su caso, son el marido y los abuelos las personas vulnerables al covid-19. Como Esther, emprendió un largo proceso, primero en el colegio, después ante inspección educativa y la comisión provincial de seguimiento e incluso llegó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para solicitar medidas cautelares a raíz del protocolo de seguridad establecido por la Xunta en los centros educativos. El tribunal desestimó su petición y tuvieron que hacer frente al pago de las costas, a razón de 500 euros por familia.

Pese a no poder acceder a la educación reglada online, esta madre no renuncia a que evalúen a su hijo, aunque, con poco éxito: en el primer trimestre no tuvo opción al examen y recibió un suspenso con nota de 1. «Es una forma de castigarnos», señala.

Con una enfermedad rara

En el caso de Ana, vecina de Vigo, es su hijo la persona vulnerable; padece una enfermedad rara (error congénito del metabolismo) a la que está asociada una cardiopatía, «y si se contagia puede sufrir daños neurológicos», apunta su progenitora. El pequeño y su familia apenas tienen relaciones sociales, y Ana comparte libros y tareas con su hijo cada mañana con la esperanza de llegar a la evaluación de fin de curso. Entre tanto, se queja de que ni el colegio ni la consellería están velando por la educación del menor y se confiesa desesperada: «El interés por el niño es cero, es como si no existiese. Están abandonando a los niños, yo diría que no hay ni humanidad».

Ella ya ha tenido que pasar el trago de declarar ante el fiscal por las faltas de su hijo que nadie justifica. Iria, otra madre en esta situación, teme verse en la misma tesitura. En su caso, no envía a su hijo a clase porque su hermano de cuatro años sufre bronquiolitis de repetición y le aterra que el mayor se convierta en correa de transmisión del covid-19. «Que me quiten la ayuda familiar, vale, pero que no me quiten a mi hijo», dice pensando en una posible intervención judicial.

La abogada Lidia García, que representa a familias afectadas por estos casos, afirma que la consellería «no está cumpliendo» con sus obligaciones en este campo. En diciembre se pusieron en marcha las comisiones provinciales de seguimiento sobre el absentismo con el fin dar respuesta a la situación generada por el covid-19, pero la esperanza de muchas familias se ha visto frustrada. «Solo tengo dos clientes a los que les han aceptado la justificación del absentismo», apunta la letrada.

A los juzgados

Lidia García argumenta que los centros educativos disponen de instrumentos legales para justificar el absentismo escolar y que, si el sistema falla, debe ser la Xunta la que tome cartas en el asunto. «O la Administración da su brazo a torcer o no queda otra alternativa que poner el asunto en manos de un juez», afirma.

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