Una de las disposiciones prorroga la suspensión de desahucios para personas sin alternativa habitacional
04 feb 2021 . Actualizado a las 20:32 h.El Congreso de los Diputados convalidó este jueves el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, aprobado por el Ministerio de Consumo hace dos semanas, que prorroga la suspensión de los desahucios a okupas sin alternativa habitacional hasta la finalización del Estado de alarma en una de sus disposiciones.
PP, Ciudadanos y Vox han acusado al Gobierno de querer amparar y legalizar a los okupas a través del decreto, convalidado con 188 votos a favor, 154 en contra y 8 abstenciones. Los tres partidos han anunciado que lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Desde los populares, Cuca Gamarra ha considerado que el decreto no tiene «medidas reales» a favor del consumidor vulnerable y «queda al descubierto» en sus disposiciones finales que lo que se quiere es «dar protección» y «amparar» a los okupas.
«Nada hay más vulnerable para un consumidor que estar bajo sus competencias» y este decreto es «un ataque a la propiedad privada», ha achacado Gamarra al ministro de Consumo, Alberto Garzón. «Ustedes quieren llevarnos a la colectivización», ha añadido.
La diputada de Vox Alicia Esteban ha defendido asimismo el derecho a la propiedad privada frente a los «malhechores» que «okupan» las casas y ha subrayado que «no hay democracia sin propiedad privada». Ha asegurado que en España faltan 2 millones de viviendas sociales y que el Gobierno es incapaz de solucionar esta situación y lo hace «a costa de la confiscación de los bienes y ahorros de los españoles». Además, ha acusado a Garzón de que desde su ministerio «se ocupe de los okupas» y que él mismo sea «un ministro okupa que consume la propiedad ajena».
Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha calificado como «disparate» y «tropelía» el decreto por querer «justificar» un supuesto de «okupación» e ir en contra del artículo 245 del Código Penal de delitos sobre el patrimonio. UPN también se ha mostrado contrario a este decreto por «poner alfombra roja a los okupas».
Mientras el ministro de Consumo se ha limitado a defender el contenido del decreto respecto a la figura de los consumidores vulnerables, mayores, menores de edad, del ámbito rural o personas sin educación digital, la diputada socialista Marisol Sánchez ha sido quien ha contestado a las críticas de la derecha y les ha acusado de «meter miedo».