Francia da más poder a los propietarios, Italia incrementa las penas de cárcel y Alemania contempla su desalojo exprés
20 feb 2021 . Actualizado a las 18:46 h.Francia acaba de dar una vuelta de tuerca a su legislación para intentar atajar el crecimiento de las okupaciones de viviendas. El Gobierno de Emmanuel Macron ha reforzado los derechos de los propietarios, que quedaban hasta ahora bloqueados y sometidos a la vía judicial si los okupas presentaban algún tipo de documento que justificase su estancia, aunque este fuera falso.
La nueva regulación gala llega después de que Italia aumentase las penas de cárcel para los okupas, o que en la opinión pública alemana se hiciese eco del temor que anida entre sus compatriotas con posesiones en España a sufrir la okupación de sus segundas veraniegas. Holanda ha recalificado su suelo industrial incluso para promover el aprovechamiento para viviendas de inmuebles con un uso no residencial, incluidas fábricas u oficinas y el uso temporal a bajo coste de edificios vacíos a través de empresas «gestoras de vacantes».
Alemania contempla el desalojo de okupas denunciados en solo 24 horas, aunque los propietarios de inmuebles abandonados pueden ser expropiados o multados. En Gran Bretaña basta la sospecha policial de una okupación para que se produzca su actuación sin siquiera orden judicial y si hay denuncia de usurpación en sus primeros 28 días, el desalojo se lleva a cabo en 24 horas.
Más casos; en Dinamarca y Suecia solo se requiere un título que identifique al propietario para liberar la vivienda.
Frente a ese panorama legal que ampara una más rápida intervención policial, España ha abierto una moratoria para los desahucios que cubre también a los okupas mientras dure el actual estado de alarma. No se podrán llevar a cabo desalojos, y dicha medida ya está siendo aplicada por los juzgados gallegos para aplazar cualquier desalojo programado, según constata el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2018, que se anunció como la herramienta para llevar a cabo desalojos exprés, no ha acabado de funcionar como tal, debido al atasco estructural de los juzgados y a la inexistencia de un reglamento inequívoco para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como han denunciado los sindicatos policiales, lo que ha obligado a la Fiscalía y al Ministerio de Interior a publicar sendas directrices para aclarar la normativa e instar el desalojo como medida prioritaria.
Francia, donde rige una ley antidesahucios en temporada de circunstancias climatológicas adversas (del 1 de noviembre al 31 de marzo), el Gobierno de Macron ha desactivado esa excepción para los casos de okupación ilegal. Dicha medida fue subrayada por el Ejecutivo galo como la muestra del refuerzo del derecho a la propiedad privada, aunque se trate de segundas residencias u ocasionales. La constatación de una okupación por la policía judicial es suficiente para instar el desalojo y el precepto tendrá 48 horas para responder.
Y desde este año, los desalojos los podrán solicitar también en Francia los dueños de viviendas o inquilinos que vieran usurpados sus hogares y también, como novedad, cualquier persona que actúe en nombre de ellos, por ejemplo familiares de afectados que estén internados en residencias o vivan con sus hijos.
Mientras, el PP planteará en el Congreso de los Diputados la próxima semana un endurecimiento de las penas para los okupas y que estos respondan a cargos por infracciones graves, en lugar de leves como hasta ahora. La diputada Ana Zurita será la encargada de defender la proposición de ley, que se enfoca sobre todo contra los grupos organizados de okupación. El PP considera que la actual legislación no está frenando el avance de la usurpación de viviendas, y tampoco da cobertura a las comunidades de vecinos que sufren la okupación de alguna de las propiedades próximas.
