La Xunta asegura que ningún okupa es demandante de vivienda pública ni pidió ayudas sociales
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GALICIA
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Resta valor a los datos que maneja el BNG, según los cuáles los casos de ocupación descendieron en un 35 % en Galicia en el 2020
03 jun 2021 . Actualizado a las 17:06 h.El Gobierno gallego asegura no tener constancia de que entre los okupas haya personas en situación de vulnerabilidad o que acreditaran su necesidad de vivienda a través de los registros oficiales, pero, en cambio, sí conoce la existencia de individuos que de una manera más o menos planificada se dedican a lucrarse con las propiedades ajenas. Eso es al menos lo que el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García Porto, manifestó en el Parlamento, donde compareció para responder a una pregunta del BNG sobre el asunto.
Fue la diputada nacionalista Alexandra Fernández la encargada de elevar el asunto de los okupas a la comisión parlamentaria de Política Territorial para afear el papel desempeñado por la Xunta, a la que acusó de generar una alarma «que non está fundada nos datos», pues arguyó que de los 145 casos de okupación registrados en Galicia en el 2019 se pasó a los 94 en el 2020, con un descenso del 35 %. Censuró que pese a estas cifras del Consejo General del Poder Judicial, de vez en cuando sale la conselleira de Medio Ambiente a la palestra para trasladar su preocupación, «que non amosa pola xente sen fogar».
El responsable del IGVS, no obstante, discrepó con la interpretación realizada por el Bloque y advirtió que el problema de la okupación existe en Galicia y no afecta a los inmuebles de los bancos o de los fondos buitre, sino «aos particulares», a personas que en muchos casos invirtieron los ahorros de su vida en una vivienda de la que ahora no pueden disponer.
Es más, Heriberto García puso en cuarentena las cifras aportadas por Alexandra Fernández. «Fala dos datos do CGPJ, pero os datos fiables son as denuncias presentadas perante o Ministerio de Interior, que se increementaron no 2020». No dijo en cuánto, pues el dato que conoce la Xunta solo es el anticipado hasta el mes de septiembre, que apunta en esa dirección, y dice estar a la espera de que Interior aporte las cifras para el ejercicio completo.
Ahora bien, el representante del Gobierno autonómico negó de manera taxativa que con este asunto se intente crear una cortina de humo para endurecer la legislación contra la ocupación de inmuebles, como sugirió el BNG. Y también discrepó con que se pueda dar por hecho que los okupas son personas en situación de vulnerabilidad, pues los datos que tiene el IGVS apuntan a que todas las personas que invadieron inmuebles, y en algunos casos también inmuebles públicos, no se corresponden con esa realidad. Su supuesta demanda de vivienda no ha pasado «pola incripción nun rexistro onde pode haber dilacións as adxudicacións» o en la concesión del bono social, y aseguró que tampoco se conocen casos en que los okupas se hayan dirigido a los servicios sociales de los concellos para pedir ayuda. «E este é un dato contrastado», resolvió.