El hallazgo de la escritura de 1938 fue clave para el éxito de la demanda judicial del Gobierno
21 sep 2022 . Actualizado a las 23:14 h.Julio del 2019. La Abogacía del Estado presenta en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña una demanda contra los nietos de Francisco Franco, herederos de Carmen Franco Polo y por entonces propietarios del pazo de Meirás. La noticia sorprende. Los servicios jurídicos del Estado llevaban algo más de un año trabajando en el caso con la máxima discreción, buscando en archivos, notarías y registros de la propiedad algún documento que les permitiese cumplir con la petición del Parlamento gallego y con el compromiso del Gobierno socialista para intentar recuperar el pazo de Meirás para el patrimonio público.
El libro Un pazo, un caudillo, un espolio, de Carlos Babío y Manuel Pérez, ofreció importante documentación sobre la forma en que se gestionó el pazo desde las Administraciones públicas. Pero hacía falta algo más concluyente. Javier Suárez y Adela Álvarez Caramés, los abogados que llevaron la demanda del Estado desde Galicia, se hicieron con la escritura por la cual Manuela Esteban, nuera de Emilia Pardo Bazán, vendió la propiedad a la Junta pro Pazo en 1938.
«Fue un gran momento», recordaba en La Voz la abogada general del Estado, la gallega Consuelo Castro. Lo decía porque «nadie sabía de esa escritura, que demostraba claramente que la venta del pazo a Franco en 1941 fue una simulación». Como demostrarían después los tribunales, con esa segunda venta realizada ante notario, Franco quería inscribir el pazo a su nombre. «Pero no se vende nada. Era una mera apariencia de un negocio inexistente. Una fantasía total», concluye la Audiencia Provincial de A Coruña en la sentencia que confirma la de primera instancia.
Julio del 2020. La magistrada Marta Canales abre la sesión del juicio por el pazo de Meirás, que durará cuatro largas jornadas. Por primera vez en 82 años, los Franco pueden perder la propiedad más simbólica de la familia. No lo tienen fácil Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil, los abogados que defienden los intereses de los nietos del dictador. La escritura de 1938 pesa mucho en la sala. También los testimonios que recuerdan que Franco pasaba los veranos en Meirás, que aquel pazo en el que escribía doña Emilia se gestionaba en la dictadura como el palacio de El Pardo, que las compras de cocina, panadería, carnicería, leche, huevos o fruta se hacían con cargo a la Casa Civil del jefe del Estado.
El del 2020 será el último verano de los Franco en Meirás. El 2 de septiembre, la jueza Canales dicta una sentencia histórica en la que desestima uno a uno todos los argumentos de la defensa. Ese día, la familia del dictador sabe que ha perdido Meirás.
Recurren ante la Audiencia de A Coruña, que confirma la sentencia que los mantiene fuera del pazo, aunque abre una vía polémica al estimar que no hubo mala fe por parte de los Franco porque «no se atisba razón por la que [los herederos] debieran ser conscientes de una supuesta irregularidad en la adquisición». Eso implica que el Estado deberá indemnizar a la familia por los gastos de conservación y de mejora realizados en el pazo durante 45 años, los mismos que hace que murió Franco.
Desde aquella sentencia de septiembre y a la espera de lo que dicte el Supremo, las preguntas sobre el edificio se centran en los bienes que hay allí. ¿Son de los Franco o del Estado? ¿Podrá la familia hacer la mudanza? ¿Veremos salir camiones por la puerta? La respuesta está, como casi todo en este proceso, en manos de la Justicia.
