Costas rechazó sin revisarla una tramitación por estar en gallego: el documento está en castellano
GALICIA
La aprobación del plan de ordenación del puerto de San Tomé y Tragove es, por varias razones, fundamental para Cambados. La primera y más importante de todas estriba en que de este paso depende la reforma, que arrastra ya siete largos años de retraso, de la plaza de abastos y su entorno, un punto nuclear de la actividad económica del municipio arousano. En lugar de ser objeto de una tramitación ágil, que buena falta le hace, el documento diseñado por Portos de Galicia lleva camino de convertirse en materia de un doctorado sobre burocracia descabellada gracias a la respuesta que ha obtenido del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra. El departamento dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica lo rechazó por estar redactado en gallego, decisión que, con ser muy discutible por sí misma, a todas luces alguien adoptó a la ligera, ya que, en realidad, fue presentado en perfecto castellano.
El plan de ordenación es obra de Portos de Galicia. El Concello de Cambados debe aprobarlo de forma inicial y, a continuación, requerir a las Administraciones con competencias en la materia que emitan informes sectoriales al respecto. Esto es, precisamente, lo que el Ayuntamiento hizo: darle curso y remitirlo al Servicio Provincial de Costas con el ruego de que lo abordase con carácter urgente, «para cumprir cos prazos de vixencia de informes que xa obran no expediente».
Alguno de dichos dictámenes paralelos, el de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, por ejemplo, está redactado en gallego. También lo está el oficio que los munícipes arousanos enviaron a Costas solicitando su intervención, apenas 17 líneas de folio. Pero el documento base, las cuatrocientas hojas que los técnicos del ministerio deberían haber supervisado, está en castellano.
Fuentes de Portos no ocultaban ayer su estupor ante la respuesta del servicio estatal. Por lo visto, es norma de la casa expresar en castellano cualquier tramitación que se dirija a la Administración General del Estado, independientemente de que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas faculte al ente autonómico a hacerlo en gallego, como, sin ir más lejos, sí ha hecho Patrimonio Cultural. Se trata de la misma normativa a la que el funcionario de Costas recurrió a la hora de reclamar que el documento se presentase «en versión castellana, dado el carácter eminentemente técnico de la documentación aportada», con dudosa base, ya que en este caso no existe conflicto alguno en materia lingüística -conviene recordar que la delegación de Costas está en Pontevedra- ni el objeto del procedimiento afecta a ninguna otra comunidad que no sea Galicia.
La lectura insospechada
El trato deparado a la lengua gallega por el servicio provincial, con su afirmación implícita de que no es competente para dar cuenta de un ámbito técnico, ha encontrado su réplica en el portavoz de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados. Antón Gómez Reino considera que se trata de un ataque inadmisible y exige al Ministerio de Transición Ecológica que «normalice» la admisión de documentos redactados en gallego. Habrá que ver qué respuesta suscita esta segunda e insospechada lectura de lo ocurrido, a la vista de que, para colmo de males, el plan de ordenación fue despachado en Costas sin la atención que merece un documento de su rango.