El Supremo avaló en 1953 que el edificio que reclama A Coruña era de propiedad municipal
GALICIA
La alcaldesa coruñesa asegura que se respetarán los contratos de los residentes en la casa indiana, que ahora está en manos de unos religiosos
11 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Dos misas diarias «con alumbrado eléctrico y de cera» en el altar mayor de la iglesia de Santa Lucía, y el cuidado de su sepultura en el 221 del cementerio municipal de San Amaro de A Coruña. Ambos mandatos, a perpetuidad y en favor del alma de quien así lo pidió, el indiano Manuel Piñeiro Pose, fallecido sin descendientes el 5 de agosto de 1940 en un formidable edificio del Ensanche burgués que él mismo mandó construir y el Ayuntamiento está a punto de recibir tras varias décadas de intentos.
«Temos constancia de que, como mínimo desde 1999, o Concello fixo xestións para dar cumprimento ao legado testamentario do filántropo», dijo ayer la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, después de aprobar en junta de gobierno la consignación en el juzgado de los 172.339 euros (140.000 pesetas de 1938) que el benefactor reservó en su testamento para pagar las necesidades de su alma.
La discusión por la Casa Escarís es anterior. Una sentencia de 1953 del Tribunal Supremo ratificó al Ayuntamiento como «representante natural» del hospital municipal hoy desaparecido al que Piñeiro Pose legó el inmueble. El fallo frustró el propósito de la fundación constituida por los albaceas de inscribirlo a su nombre en el Registro de la Propiedad y dio la razón al gobierno del entonces alcalde Molina.
En el 2021, el Ayuntamiento trató de hacer entrega del dinero de las misas a los tres albaceas que quedan —el abad de la colegiata de Santa María y los párrocos de Santa Lucía y San Nicolás— y así liberar de cargas el edificio e inscribirlo en el Registro. Pero los religiosos se resisten a desprenderse de un patrimonio de 4.400 metros cuadrados de viviendas y locales que administran desde hace ochenta años en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Al negarse a aceptar la suma, han forzado al Ayuntamiento a depositarla en el juzgado y, casi de inmediato, hacerse con la Casa Escariz. En «unas semanas», estimó la alcaldesa, será efectivo el cambio.
Las consecuencias para los inquilinos no serán inmediatas, aseguró Inés Rey. En los dos edificios que componen el conjunto, proyectado hace cien años por Eduardo Rodríguez-Losada, viven unas 30 familias —algunas desde los años cuarenta—, todas en régimen de alquiler, la mayoría acomodadas y varias con las rentas suspendidas desde hace más de diez años por decisión de los administradores, según varios vecinos. En las comunidades de Teresa Herrera 16 y Payo Gómez 15 convivirían rentas antiguas con contratos recientes y reformas costeadas por los inquilinos con otras asumidas por la fundación. El mutismo de los albaceas es absoluto.
«A medio prazo o edificio terá un uso público, pero ata que non quede expedito e libre non se tomarán decisións. É unha mensaxe que quero enviar —remarcó la alcaldesa—. Actuaremos con responsabilidade e sen prexudicar a ninguén. Respectaremos os contratos, as situacións preconstituídas e os dereitos adquiridos», añadió. Rey confía en que «esta incorporación ao patrimonio local, unha das máis valiosas dos últimos tempos, se poida levar a cabo sen incidencias. Un edificio que el quería que fora para os coruñeses, e para os coruñeses será».