El Gobierno estudia cambiar los 268 juzgados de paz gallegos por oficinas judiciales municipales
GALICIA
La ministra Llop argumenta que se podrá acceder así a los recurso de la justicia «hasta en los lugares más pequeños»
15 nov 2021 . Actualizado a las 13:27 h.La ministra de Justicia, Pilar Llop, reiteró este lunes en Teruel el compromiso del Gobierno por acercar la justicia a los territorios para fomentar la cohesión territorial y social, con un nuevo modelo que sustituirá los juzgados de paz por oficinas judiciales municipales. Según ha precisado la ministra, las oficinas contarán con los recursos necesarios para que los habitantes del medio rural puedan acceder a sus carpetas ciudadanas y con servicio de acompañamiento para evitar cualquier tipo de brecha digital o generacional. En Galicia hay 268 jueces de paz, uno por cada municipio que no es cabecera de partido judicial y, por tanto, no dispone de juzgado de primera instancia. Son el primer escalón de la justicia para casi 1,2 millones de gallegos, casi la mitad de la población.
«Es necesaria una cohesión territorial y social para que hasta en los lugares más pequeños puedan acceder a los recursos de la justicia», ha dicho Llop, quien considera que con este nuevo modelo en el que están trabajando se incrementará el bienestar y la igualdad de la ciudadanía.
La ministra ha participado en la sesión inaugural del Diálogo sobre el Futuro de la España Despoblada, que acoge Teruel para abordar las oportunidades y desafíos de la demografía en el país, junto con la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.
Durante su intervención, Pérez señalado que «cualquier proyecto político tiene que tener en cuenta la lucha contra la desigualdad territorial» y ha puesto el foco en la colaboración institucional, tanto a nivel provincial como con otras Comunidades Autónomas, y en la creación de sinergias con colectivos empresariales y sindicales que «conocen cuál es la realidad del territorio y pueden plantear soluciones».
