El Congreso aprueba una ley disciplinaria para los campus que rechazan estudiantes y rectores
GALICIA
La legislación anterior fue aprobada hace casi 70 años por Franco en el Pazo de Meirás
17 nov 2021 . Actualizado a las 20:07 h.El Congreso aprobó este miércoles la ley de Convivencia Universitaria, un texto que enterrará un anacronismo hiriente. Todavía hoy, 43 años después de la Constitución, el régimen sancionador de los campus se rige, al menos sobre el papel, por un reglamento firmado hace casi 70 años por Franco en el Pazo de Meirás, pensado para estrangular la libertad universitaria y amordazar las facultades, uno de los focos de resistencia a la dictadura.
La nueva norma, que aún debe respaldar el Senado, ha salido adelante con los votos del Gobierno, de ERC y del PNV y la oposición de PP, Vox y Ciudadanos. Hasta aquí lo habitual en el crispado clima político español, refractario al consenso. Lo novedoso es que PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas han aprobado la ley con el rechazo expreso y público de los afectados, los universitarios y las universidades. El proyecto de ley, que salió en septiembre del Ejecutivo con la bendición de los estudiantes y los rectores, pactado por el ministro Manuel Castells tras un año de negociaciones, ha puesto en pie de guerra durante su tramitación parlamentaria tanto a alumnos como universidades. Representantes de ambos colectivos, en una inusual unidad de acción, denuncian que el proyecto ha sufrido profundas alteraciones en el Congreso y que rompe el acuerdo en su punto clave, el que establecía que la mediación sería el método preferente y obligado para resolver conflictos en todos los campus públicos del país y que la aplicación de sanciones sería algo residual.
La Conferencia de Rectores (CRUE) y la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (Creup) tienen claro que ya no es su ley. Que el paquete de enmiendas pactado entre el Gobierno y ERC (para que los independentistas retirasen su veto) elimina el mecanismo de mediación a implantar en todas los campus y la obligación de su uso preferente, «convirtiendo la convivencia universitaria en un mero procedimiento punitivo». Como respuesta a lo que entienden como un atropello, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado convocó el martes, ante el propio Castells que lo presidía, un paro en todas las facultades este jueves y manifestaciones de protesta.
Las enmiendas de ERC desmontan la mayor parte del modelo de mediación, para dejar su diseño y desarrollo en manos de cada autonomía o universidad. En el debate que precedió a la aprobación, PSOE , Unidas Podemos, ERC y PNV insistieron en que se mantiene la prioridad de la mediación mientras el PP destacó la indignación de rectores y estudiantes y alabó las bondades del pacto con la comunidad universitaria. Sin embargo, los populares olvidaron que el Gobierno tuvo que mirar hacia ERC, entre otras razones, porque su bancada votó contra el proyecto de ley original y abogó porque el Congreso lo tirase a la papelera.
Escraches y piquetes, sí
Lo que continúa en la ley es el régimen de sanciones para los hechos más graves, el castigo a aplicar de manera directa ante cualquier caso de violencia de género, acoso o fraudes académicos.
Los actos más reprobables constituyen faltas muy graves y se castigarán con la expulsión de dos meses a tres años o con la anulación de parte de los derechos de matrícula. Recibirán sanciones extremas los plagios en las tesis doctorales y trabajos de fin de grado o de máster, las novatadas dentro del campus que menoscaben la dignidad, la falsificación de actas o notas, la discriminación por razones de sexo, género, nacimiento o discapacidad, el acoso y la violencia sexuales, el acoso o la violencia grave contra cualquier universitario, y las suplantaciones de alumnos o profesores en exámenes.
También recibirán los máximos castigos los actos que impidan la celebración de procesos electorales, y el incumplimiento grave de las normas sanitarias, como los profesores que se niegan a dar clase con mascarilla.
Las faltas graves serán sancionadas de un día a un mes de expulsión o con la anulación de la asignatura afectada. Copiar de forma organizada o premeditada en un examen (chuletas, pinganillos), robar u obtener de manera fraudulenta la prueba, acceder sin autorización a los sistemas informáticos, o impedir la celebración de clases, conferencias y otras actividades universitarias siempre que no sea un ejercicio de las libertades de expresión, huelga o manifestación, lo que deja a salvo por exigencia de ERC escraches y piquetes.