Feijoo califica de «ilegal» un reparto de fondos europeos y pide al Gobierno que rectifique o irá a la justicia
GALICIA
Reclamó hace más de un mes explicaciones al Consejo de Ministros por unas partidas que Trabajo solo entregó al País Vasco y comunidades del PSOE. El Gobierno argumenta que solo esas cuatro comunidades optaban a los fondos
13 ene 2022 . Actualizado a las 18:29 h.El presidente de la Xunta ha confirmado que a mediados de diciembre del año pasado hizo un requerimiento al Consejo de Ministros al detectar en el Boletín Oficial del Estado un reparto de fondos europeos que deja fuera a Galicia de manera arbitraria, en concreto unas partidas que el Gobierno de España sí aprobó para otras comunidades como el País Vasco y otras tres gobernadas por el PSOE, una adjudicación que se considera injustificada.
Esa petición al Gobierno de España, que de momento no ha obtenido respuesta, busca mantener la vía del diálogo abierta antes de acudir a la justicia, una situación que ya se vivió en los últimos años por la reclamación de un mes de IVA del año 2017 que finalmente se pagará a todas las comunidades en el 2022 después de la denuncia que Galicia y Castilla y León ganaron en los juzgados. En este caso, Alberto Núñez Feijoo sigue los pasos de la Comunidad de Madrid, que ya ha anunciado el recurso ante el Tribunal Supremo, mientras que el Gobierno gallego ha preferido darle un margen de tiempo al Gobierno para evitar la vía legal y ha preferido manejar el conflicto estas últimas semanas con «prudencia».
La queja formal firmada por el propio Feijoo estuvo precedida por desacuerdos con el Ministerio de Trabajo expresados en la conferencia sectorial por la gestión de fondos para políticas de formación y empleo, cuyas competencias son autonómicas. Ahora se considera que la decisión es «ilegal» porque se distraen fondos discrecionalmente, una cantidad no precisada que la Xunta admite que puede ser relativamente baja aunque significativa por la falta de transparencia. «É de xustiza reclamar o que nos corresponde», zanjó Feijoo antes de remarcar que tratará de «evitar pleitos» con el Gobierno.
Solo las cuatro comunidades optaban a los fondos
El Ministerio de Trabajo aclara que solo País Vasco, Navarra, Extremadura y Valencia presentaban los criterios necesarios para optar a esta línea de ayudas. Así lo recoge el artículo quinto del real decreto del pasado 19 de octubre, en el que se asignaban esos nueve millones a las cuatro comunidades para «financiar nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad» con cargo a los fondos.
Trabajo recuerda que el Servicio Público Estatal de Empleo repartió en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con todas las comunidades autónomas, más de 2.800 millones de euros siguiendo los parámetros habituales y con mayor aportación que en años anteriores. Después, el SEPE, en el ejercicio de sus competencias y con fondos propios, distribuyó esos 9 millones a País Vasco, Valencia, Navarra y Extremadura para «planes piloto que servirán de base para los futuros programas de garantía juvenil». La financiación de estos planes piloto, según el Ministerio, es un mecanismo contemplado en las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c de la Ley General de Subvenciones así como por el RD-ley 36/2021, que regula la gestión de los fondos del PRTR.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también se refirió este miércoles al «avance» en la aplicación efectiva del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que alcanzará «velocidad crucero» durante el 2022. Sobre este punto, la vicepresidenta ha enumerado los Proyectos Estratégico (PERTE) que se han aprobado hasta ahora y se pretenden lanzar, además de poner en valor las diferentes reformas aprobadas que se incluían en el Plan.
Protestas en comunidades del PP
Madrid, Andalucía y Castilla y León, las tres lideradas por gobiernos populares, están en la misma línea que la Xunta y acudirán a la Justicia -o valoran hacerlo- para frenar el reparto de fondos a estas cuatro comunidades. El Gobierno madrileño presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo central por un reparto que considera «adicional» y «arbitrario». El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, reconoció su «sorpresa» cuando se asignó una cantidad a País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura «al margen del reparto aprobado» en la conferencia sectorial y sin que exista «ninguna razón que explique por qué la reciben más allá del cauce» establecido al utilizar para ello recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La Junta de Castilla y León también presentó este jueves un requerimiento, previo a la vía judicial, para que el Gobierno central retire y cambie la propuesta de distribución de esos 9 millones de euros, al entender que también debe participar de su reparto. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reclamó un «tratamiento por igual» a todas las comunidades autónomas, de modo que ha instado al Gobierno a «cesar los perjuicios» causados en su opinión a Castilla y León, aunque ha reconocido que el resto de autonomías están en la misma situación, aunque ha descartado por ahora optar directamente por el recurso ante el Tribunal Supremo como hizo Madrid.
En Andalucía, el presidente Juanma Moreno advirtió al Gobierno central que Andalucía «no va a permitir» desde ningún punto de vista «un menoscabo» en los recursos que le correspondan por los fondos europeos y que no descarta utilizar vías judiciales para defender sus intereses. «Creo que no se están haciendo bien las cosas con los fondos, no hay transparencia, ni información directa, ni cogobernanza alguna con las comunidades autónomas, lo que nos lleva a que no podamos aprovechar al 100 % esos fondos», subrayó.