La Xunta alega que recibe 800 millones menos de lo que le cuesta prestar los servicios básicos
GALICIA
Corgos solicita que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir el nuevo modelo de financiación autonómica
31 ene 2022 . Actualizado a las 20:43 h.Hace apenas diez días el Gobierno gallego le ponía números al sobrecoste que supone la dispersión geográfica para la prestación de determinados servicios y fijaba la cifra en 500 millones de euros. Este lunes, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, fue un paso más allá al subrayar que, en realidad, Galicia recibe 800 millones menos del sistema de financiación autonómica de lo que le cuesta sufragar los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Esa infrafinanciación de Galicia está directamente relacionada con la dispersión, que obliga a la Xunta a hacer desembolsos adicionales en cuestiones como transporte escolar o dotaciones de centros de salud, pero también incorpora otro elemento esencial, que es el mayor envejecimiento de la población, que provoca que haya una demanda más elevada de atención sanitaria o de ayudas a la dependencia.
Corgos dio cuenta en rueda de prensa del pliego de alegaciones que este mismo lunes remitirá la Xunta a la propuesta sobre población ajustada formulada por el Ministerio de Hacienda, que es una de las bases esenciales, aunque la única, para fijar un nuevo sistema de financiación autonómica. El conselleiro dejó claro que el Gobierno gallego defiende un «modelo de custe» que garantice financiación suficiente para las competencias atribuidas a la comunidad y que así los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones, independientemente de donde residan.
Las alegaciones de la Xunta a la propuesta del ministerio, que han recogido en gran medidas las aportaciones hechas por los expertos en la comisión parlamentaria sobre financiación autonómica, dejan claro el rechazo de Galicia a que el cálculo de la población para determinar el coste de los servicios pasen de siete a 20 tramos, pues entiende que minora el peso de los de mayor edad respecto a la situación actual.
En lo que atiende al coste del gasto sanitario, Facenda apuesta, por ejemplo, por una ponderación del gasto en la banda alta de la propuesta, en concreto con un peso del 45 %. No obstante, en lo que corresponde a la educación, considera que la variable que mejor refleja el gasto educativo para las comunidades es el número de matrículas en la enseñanza pública y concertada ponderadas por coste. Y le asigna a esta variable un peso del 25 %. En cuanto a las políticas sociales, y muy especialmente en el caso de la dependencia, la Xunta reclama que se refleje también su coste con la creación de nuevos tramos para afinar más en las cifras.
El responsable autonómico de Facenda también señaló en su comparecencia que solicitó una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se inicie de forma rápida el debate en torno a los cálculos de la población ajustada y del nuevo modelo de financiación.
Galicia sería el segundo territorio más penalizado si no se corrige el modelo de reparto
El déficit de financiación de 802 millones que estima tener cada año el Gobierno gallego en la prestación de los servicios públicos fundamentales estaría muy lejos de ser corregido con la propuesta de población ajustada que ha realizado el Ministerio de Hacienda, y que es esencial para el futuro reparto de los fondos a las comunidades. De hecho, un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el pasado diciembre dejaba claro que Galicia sería el segundo territorio más perjudicado, solo por delante de Canarias, si no se corrigiera de manera sustancial la propuesta del ministerio que dirige María Jesús Montero.
El conselleiro de Facenda insistió una y otra vez que lo que se conoce, de momento, «é só unha pata» de la nueva propuesta del sistema de financiación, así que convendría tener una visión más completa del modelo. No obstante, la población ajustada determina las necesidades de financiación de cada territorio para los servicios. Y la conclusión es que mientras Aragón o Extremadura necesitan un 7 y un 8,6 % más, Galicia se quedaría con un 2,7 % menos.