La Xunta halla en la sentencia del Estatuto catalán una vía para gestionar el litoral gallego

Xosé Vázquez Gago
Xosé GAgo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

MONICA IRAGO

El Constitucional concluyó que la nueva norma solo reconocía a la Generalitat «funciones ejecutivas de su competencia»

18 jun 2022 . Actualizado a las 10:18 h.

La Xunta ha encontrado en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña una vía para que Galicia pueda gestionar el dominio público marítimo-terrestre sin necesidad de retocar su ley propia, como exige el Gobierno central.

La clave está en el fundamento jurídico 92 del dictamen, que analiza, entre otros extremos, la atribución a la Generalitat de la competencia exclusiva de ordenación del litoral. Es decir, «la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición».

El tribunal, en su análisis del recurso presentado por el Partido Popular (curiosamente, el que gobierna en Galicia) contra el Estatuto catalán, concluyó que ese punto no era contrario a la ley, porque «se limita a reconocer a la Generalitat las señaladas funciones ejecutivas de su competencia cuyo ejercicio expresamente se somete al respeto del “régimen general del dominio público”, lo que implica su plena sujeción a las potestades estatales».

Fuentes de la Xunta recordaron que el artículo 27.3 del Estatuto de Galicia reza: «En el marco del presente Estatuto, corresponde a la comunidad autónoma gallega la competencia exclusiva de las siguientes materias: (…) ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda».

Distancia entre PSdeG y PSOE

Por lo tanto, el Gobierno gallego considera que el Estado podría transferir las competencias de gestión del litoral mediante un real decreto y sin necesidad de reformar su Estatuto. A esa misma conclusión han llegado los tres partido representados en el Parlamento de Galicia —PPdeG, BNG y PSdeG—, que esta misma semana aprobaron una iniciativa para reclamar esas competencias.

En la sesión, la diputada socialista Patricia Otero marcó distancia con el criterio del Gobierno del PSOE: «Nós non estamos pregados ao que di o noso partido en Madrid, porque nós si concordamos en que hai vías legais suficientes para poder asumir esa xestión integral da costa sen modificar a normativa autonómica».

Sin embargo, esta misma semana el delegado del Gobierno en Galicia, el socialista José Miñones, insistió en que Galicia necesita modificar su estatuto para acceder a las competencias sobre la costa y exigió a Alfonso Rueda que legisle y trabaje para lograrlo en lugar de hacer «fotos partidistas».

El presidente de la Xunta insistió en que Galicia dispone de herramientas legales para gestionar su costa y lamentó que el Gobierno central busque «excusas» ante su falta de argumentos para sostener su rechazo a ceder las competencias. Rueda reiteró que hay casi 4.000 edificaciones en situación de inseguridad jurídica en la costa por esa negativa.

La campaña del PPdeG

Mientras, los populares están acelerando su campaña para exigir la cesión de competencias. Su secretaria general, Paula Prado, acompañada de los alcaldes de Porto do Son, Sanxenxo y O Vicedo —Luis Oujo, Telmo Martín e Jesús Novo—, anunció ayer que presentarán mociones en los 82 ayuntamientos costeros de Galicia para instar al Gobierno central a ejecutar la transferencia cuanto antes. «Non queremos que a nosa costa sexa un xoguete roto nas mans de Sánchez e que el gañe a costa de Galicia», dijo Prado, que también exigió al PSOE que deje de decir cosas distintas en O Hórreo y en Madrid.