La Xunta recurre al Supremo los cambios en la ley de costas sobre concesiones en el litoral
GALICIA
Rueda denuncia el bloqueo de las inversiones de 18 empresas y advierte que la norma choca con el modo de vida de Galicia
20 oct 2022 . Actualizado a las 18:19 h.La Xunta recurrirá la modificación de la ley de costas aprobada por el Gobierno central en agosto, anunció esta mañana Alfonso Rueda. El presidente explicó la decisión porque la nueva norma invade competencias autonómicas y «limita dereitos recoñecidos» en la ley vigente, lo que a juicio del Ejecutivo gallego no es posible. Rueda detalló que la modificación elimina el derecho a prórroga de 30 años que tenían las viviendas y empresas con concesiones anteriores a 1988, además de endurecer los requisitos para las que obtuvieron su permiso después de esa fecha. Los cambios también amplían el límite del dominio marítimo-terrestre por lo que aumentará el número de particulares y compañías afectados por las limitaciones.
El presidente destacó el «impacto» y las consecuencias prácticas que los cambios aprobados por el Gobierno están teniendo en la economía gallega. Explicó que 18 empresas han pedido la prórroga de sus concesiones desde el 2018 sin que se les haya dado respuesta. Con el actual reglamento, esos permisos ya no podrán concederse, lo que a juicio del presidente indica que el Gobierno no contestó para dar tiempo a que entrase en vigor.
A la difícil situación de esas compañías, que quedan en un «limbo xurídico» dijo Rueda, se añaden casos como el de 40 vecinos de Muros, cuyas propiedades han sido incluidas dentro del dominio público «sen que ningún representate do Estado lles dixera nada». Esos residentes dependerán ahora de una concesión, añadió, para poder utilizar terrenos que hasta este agosto eran de su propiedad.
El presidente insistió en que «as cousas se poden facer moito mellor», de ahí el recurso contra el cambio en la normativa y la decisión de la Xunta de elaborar una nueva ley del litoral, con la que asumiría las competencias en la costa. El Gobierno se niega a transferirlas, a pesar de que el Ejecutivo gallego dispone de informes favorables.
Rueda subrayó que lo ocurrido en Muros no habría sucedido si la gestión de la franja marítima dependiese de la Xunta, y lamentó que el Ejecutivo siga adelante con normas que son «absolutamente perxudiciais» y que proponen un desalojo de la costa, ignorando la realidad de comunidades como Galicia, donde la población y los usos económicos han sido compatibles con la conservación del litoral durante «moitísimo tempo». El presidente recordó además que en la franja costera gallega hay 4.000 edificaciones afectadas por la normativa, entre ellos edificios con valor patrimonial a los que no se puede dar un segundo uso, como el hostelero, por las limitaciones en la normativa estatal, o instalaciones de empresas de la cadena mar-industria.
No es la primera vez que el Gobierno gallego acude a los juzgados por las decisiones del Ejecutivo central sobre la franja costera. Este verano, el Constitucional rechazó el recurso que había presentado contra la Ley de Cambio Climático por cambiar el sistema de concesiones. El tribunal rechazó la reclamación de la Xunta, ya que a su juicio no se producía la inseguridad jurídica que denunciaba, pero en la sentencia daba instrucciones sobre la aplicación de la ley que coinciden con el criterio del Ejecutivo autonómico, que rechaza su retroactividad.
