Transportes lanzará «en breve» los dos primeros trámites del AVE a Oporto
GALICIA
El primer ministro luso reclama «estabilizar el calendario» de las obras
04 nov 2022 . Actualizado a las 21:36 h.La diplomacia reinó en el puro sentido de la palabra en la cumbre hispanolusa celebrada ayer en Viana do Castelo, pero de fondo los Gobiernos de los dos países no ocultan que disienten de la visión y planificación que el otro tiene respecto al desarrollo del proyecto del tren de alta velocidad entre Oporto y Vigo, con el que se uniría toda la fachada atlántica desde Lisboa a A Coruña. Portugal sigue creyendo que España no está invirtiendo los esfuerzos necesarios para lanzar el tren que está llamado a unir las dos ciudades en una hora, y desde el Ejecutivo español no se ven nada realistas las cuentas que echa Lisboa para colocar su parte del trazado en servicio en el 2030.
Pactada una declaración en la que se remarca el interés mutuo sobre la alta velocidad, sin compromiso de fechas o inversión alguna, el primer ministro luso, Antonio Costa, demandó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez, durante la comida oficial celebrada en la Pousada de Viana do Castelo, un «calendario estable» al que aferrarse para desarrollar las obras del tren rápido, según constatan fuentes presenciales del Ejecutivo luso en el evento cerrado a la prensa.
La diplomacia, entendida en este caso como ejercicio de contrapesos para la defensa de los intereses de cada país, llevó a un alto cargo del Ministerio de Transportes presente en la cumbre a desvelar después a La Voz de Galicia que, como prueba de que España está más avanzada en la plasmación del futuro AVE, posiblemente en enero, pero en todo caso dentro del primer trimestre del 2023, el Gobierno solicitará la declaración de impacto ambiental del túnel que partirá de la estación viguesa de Urzaiz y continuará bajo tierra hasta O Porriño, para empatar en la frontera con el eje de alta velocidad Lisboa-Oporto-Valença. El ministerio avanza que tiene intención incluso de tramitar en paralelo la puesta en marcha del estudio ambiental con el análisis hidrogeológico del terreno, trabajo con el que se determinará si la obra, en especial el túnel que transcurrirá bajo Vigo hasta la parroquia porriñesa de Torneiros, afecta a cursos subterráneos de agua. Este estudio de la red hídrica natural tiene un tiempo de desarrollo de tres años, con lo que si se lanza en el 2023, no estará acabado hasta el 2026. Las mismas fuentes de la cúpula del departamento responsable de las infraestructuras en el Ejecutivo español aseguraron que aunque los Presupuestos Generales del Estado para el 2023 solo reservan 29.900 euros para el proyecto ferroviario, el ministerio dispone de fondos en otras partidas para llevarlo a acabo.
Tras dicha revelación, los canales oficiales de comunicación de Transportes fueron más allá momentos después, y atribuyeron en una nota de prensa a la ministra Raquel Sánchez el anuncio de que su departamento tiene intención también de «licitar en breve» el estudio informativo de la salida sur, es decir, el que marca por dónde y cómo se realizará el trazado del tren rápido, que tendrá en el nuevo puente sobre el Miño el mayor punto de dificultad tras la realización del túnel por el que el AVE tendrá continuidad desde A Coruña hasta la frontera y desde allí, hasta Lisboa.
Sánchez no concreta
La concreción de la que oficial y extraoficialmente hicieron gala los altos cargos de Transportes presentes en la cumbre bilateral, una vez que se dio por concluido el encuentro gubernamental para contrarrestar la petición de calendarios concretos del Gobierno portugués, no fue empleada ni de lejos por el presidente Pedro Sánchez. Se le preguntó específicamente sobre el tren rápido Vigo-Oporto, y dijo:. «Es un tema que ha sido objeto de debate en la cumbre bilateral», dando a entender que hay diferentes puntos de vista en Lisboa y Madrid. «En primer lugar, remarcar que el compromiso de los dos países en mejorar la conexión ferroviaria es claro y rotundo. Y en cuanto a la conexión Vigo-Oporto, ambos países hemos encargado a la agrupación de interés económico de alta velocidad España-Portugal que se realicen los estudios conjuntos de demanda, análisis de rentabilidad y el modelo de explotación y estudios para la planificación del tramo transfronterizo conjunto de esta conexión», dijo Sánchez, dando por concluidas sus explicaciones sobre una cuestión que no era, ni mucho menos, objeto central de una cumbre ideada para hablar de energía e innovación. Pero que estaba en la mente de los mandatarios más cercanos al noroeste peninsular partícipes en la reunión y de gran parte de la prensa.
Trabajador fronterizo: el que vuelve a su localidad al menos un día a la semana
Casi 15.000 personas cruzan a diario la frontera entre Galicia y Portugal para trabajar. Desde la cumbre celebrada en el 2018 en Valladolid, los dos Gobiernos se comprometieron a desarrollar un marco jurídico para amparar sus movimientos. La pandemia y el cierre de fronteras que provocó propició la demanda de dicha herramienta por parte de los alcaldes de la raia y ayer se concretó, pero en forma de guía, no de estatuto, como se acordó en la cumbre del año pasado en Trujillo, para evitar tener que entrar en un laberinto de reformas legales internas en España.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó su satisfacción al poder regular casuísticas laborales que los residentes en un país pueden tener que afrontar al trabajar en el otro. De entrada, el texto establece que «es fronteriza aquella persona que ejerce una actividad por cuenta ajena, o por cuenta propia, en el territorio de un Estado miembro diferente de aquel en el que reside, regresando a este último todos los días o por lo menos una vez por semana».
Los gallegos y españoles que quieran tener la consideración de trabajador transfronterizo tendrán que solicitar en Portugal su número de identificación fiscal que facilita la Autoridad Tributaria y Aduanera. Enfermeros, farmacéuticos y fisioterapeutas tendrán que contar con la tarjeta profesional europea que acredite su titulación. La nueva guía regula cómo pueden solicitar las prestaciones de desempleo, acceso a la sanidad pública, o declaración de bajas laborales. No entra, al no ser de su competencia, en cuestiones de movilidad a un lado y otro de la frontera.
