Rueda defiende que la ley gallega del litoral es compatible con la normativa europea
GALICIA
El presidente gallego cree que no colisionará con el expediente abierto por la Comisión a España y considera que ese proceso tampoco afectará a Ence. Transición Ecológica, a la espera de la sentencia del Supremo
16 feb 2023 . Actualizado a las 19:26 h.El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo hoy jueves un análisis preliminar de las consecuencias que puede tener para Galicia, en concreto para la futura ley del litoral y para la planta de Ence, el expediente abierto por la Comisión Europea a España por su normativa de concesiones en la costa, que considera contraria a las leyes europeas porque no asegura una selección transparente e imparcial y porque permite prórrogas de hasta 75 años.
Ese análisis fue, efectivamente, preliminar porque, aparte de anunciar el inicio del proceso, la Comisión no facilitó ningún detalle de este. «Non temos outro coñecemento que o que recolleron onte [el miércoles] os medios de comunicación», dijo Rueda, quien pidió al Gobierno central que facilite cuanto antes la información a la que tenga acceso. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica se limitó a señalar que está estudiando la carta remitida por las autoridades europeas y que aún es pronto para decir si el expediente tendrá consecuencias en la prórroga de Ence.
De acuerdo a lo conocido hasta ahora, el presidente de la Xunta sí afirmó que no cree que la nueva ley del litoral que está tramitando la Xunta (en fase de respuesta de alegaciones) «entre en colisión» con el expediente. El anteproyecto del Gobierno gallego no contradice la legislación básica estatal, que «debería cinguirse ao que esixe a UE», señaló Rueda; ni tampoco en los plazos de las concesiones, que son competencia del Gobierno central. El objetivo de la norma gallega, dijo, es dar seguridad jurídica, no «innovar» con nuevas figuras legales, por lo que aparentemente no chocaría con la UE.
Rueda también afirmó que, a falta de conocer los detalles, la reclamación de la Comisión Europea parece referirse a las prórrogas automáticas de las concesiones. Por lo tanto, no debería afectar a la de Ence en la ría de Pontevedra, que fue objeto de diversos informes previos.
Rueda recordó que la continuidad de la planta papelera hasta el 2073 está amparada por una sentencia del Tribunal Supremo, por lo que pidió al Gobierno central que evite «caer na tentación de xerar incertidume» sobre su futuro. El presidente planteó además que los requerimientos de la Comisión Europea no son novedosos, por lo que el Supremo debería conocer esas circunstancias cuando emitió su decisión sobre la planta.
El Gobierno central, consultado el miércoles sobre los efectos del expediente, todavía no se ha pronunciado sobre sus consecuencias. Sí lo ha hecho el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) , quien consideró que la decisión de la Comisión avala su rechazo a la continuidad de la planta de Ence.
Freno a la actividad económica
La Xunta tomó la decisión de aprobar una ley para regular el litoral gallego el año pasado, cuando se acentuaron las diferencias con el Gobierno central sobre las concesiones en la costa. El caso más sonado fue el de Ence, pero las dudas sobre las prórrogas de los permisos llevaron a varias empresas a desistir de las inversiones que tenían previstas, según denunció el Ejecutivo autonómico.
Otro de los motivos que llevaron a la Xunta a actuar fueron las más de 300 edificaciones con valor patrimonial que existen en la costa gallega y que han caído en la ruina, o corren el riesgo de hacerlo, por tener que mantener su uso original, y que en muchos casos ha dejado de ser viable. El plan del Gobierno gallego es que puedan rehabilitarse de acuerdo a la normativa de Patrimonio para ser reutilizadas como locales de hostelería, hospedajes, equipamientos públicos, centros socioculturales o deportivos. La normativa estatal permite esa operación en el caso de faros que sean de su titularidad, pero la veta en el resto de los casos.
El anteproyecto de la ley, que en principio será aprobado en el Parlamento en la primera mitad de este año, ha recibido 84 alegaciones. Una de ellas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Su responsable, Hugo Morán, ha considerado el texto de la Xunta como «poco menos de una declaración de independencia» que no se ajusta al «límite» de la Constitución.
Transición Ecológica, a la espera de la sentencia del Supremo
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, el departamento estatal del que depende Costas, explicaron este jueves sobre el futuro de Ence Pontevedra que «no vamos a hacer ninguna valoración hasta que no se conozca la sentencia del Tribunal Supremo íntegramente» y es que la Administración central puntualizan que «es pronto para pronunciarse» al desconocer los términos concretos, la argumentación y el alcance de la resolución del alto tribunal estatal más allá del sentido del fallo.
Por su parte, en cuanto a la posible repercusión o no del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea a España por la reforma de Ley de Costas en cuanto al régimen de concesiones de Costas y de sus prórrogas, desde Transición Ecológica se muestran cautelosos y se limitan a indicar que «el ministerio está estudiando la carta de la UE». Dado que este procedimiento de infracción trascendió todavía este miércoles, desde Transición Ecológica precisan que aún es pronto para analizar si el expediente de Bruselas va a tener consecuencias en cuanto a la prórroga de Ence.
El PP buscará el apoyo del Parlamento gallego ante el rechazo del Gobierno
Ante la negativa del Gobierno central a la nueva ley del litoral, el grupo del PP en el Parlamento gallego ha presentado una proposición no de ley para instarlo a «respectar a lei galega de ordenación do litoral», que se fundamenta «nas lexítimas competencias exclusivas» que reconoce el Estatuto. Traspasar a Galicia los «medios persoais e materiais necesarios» para ejercer las competencias y «velar pola protección» de la costa «sen prescindir das súas funcións sociais». La propuesta obligará al BNG y al PSdeG a posicionarse sobre el anteproyecto de ley, con el que se han mostrado críticos a pesar de que ambos grupos coinciden con el PP en que Galicia tiene competencias sobre el litoral.