Las asambleas de letrados deciden mantener el paro y reclaman la presencia de la ministra en las negociaciones
20 feb 2023 . Actualizado a las 14:10 h.Se cumple un mes y un día de la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el conflicto parece que está totalmente encallado. La reunión de 15 horas que la pasada semana mantuvieron en Madrid los representantes del Ministerio de Justicia y del comité de huelga no sirvió para nada. Más bien al revés, ya que en ese encuentro se pusieron de manifiesto las grandes diferencias entre las partes. Fuentes conocedoras de esa reunión aseguran que los negociadores permanecieron esas 15 horas en torno a una mesa sin apenas hablarse y al terminar las dos partes se cruzaron reproches y acusaciones.
Por ahora, las negociaciones están paradas. El comité de huelga de los letrados de Justicia asegura que están dispuestos a mantener una nueva reunión este mismo lunes, pero reclaman la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya que no consideran válido al interlocutor habitual, el secretario de Estado de Justicia y número dos del ministerio, Tontxu Rodríguez. Durante la mañana de este lunes, los letrados están manteniendo asambleas en toda España para decidir cuáles serán sus próximos pasos. Desde el Ministerio de Justicia sostienen que hasta el momento no está previsto que la ministra participe en las negociaciones.
Apoyo a la huelga en las asambleas
Los letrados de Justicia han mantenido diversas asambleas en la mañana de este lunes para decidir los pasos a dar a partir de ahora. En la de A Coruña han acordado «continuar con la huelga indefinida en tanto no se cumplan los acuerdos a los que se llegó con el Ministerio de Justicia en abril del 2022». Se refieren a la adecuación de sus salarios a las competencias que estos funcionarios vienen asumiendo a mayores desde hace 14 años.
Los LAJ en paro laboral muestran su «absoluto apoyo» al comité de huelga como único interlocutor en la negociación con el ministerio y rechazan la actitud del secretario de Estado de Justicia, «que se limita a requerir el abandono de la huelga» antes de negociar nada. Por ese motivo, en las asambleas de los letrados judiciales se ha acordado solicitar que se incorpore a la mesa de negociación la ministra Pilar Llop para trabajar conjuntamente «en la búsqueda de una solución pactada que termine con este conflicto lo antes posible».
Los letrados reconocen que la huelga indefinida provocará que los retrasos «sigan aumentando de manera alarmante», por lo que aseguran que sienten el daño que el paro está causando: «Lamentamos los perjuicios que puede ocasionar esta huelga a los ciudadanos, a los que nos debemos como servidores públicos que somos». También expresan su preocupación hacia abogados, procuradores y graduados sociales, que se ven directamente afectados por la huelga.
Fuentes cercanas a los letrados judiciales aseguran que el comité de huelga ha estado trabajando todo el fin de semana para buscar fórmulas que desencallen el conflicto. Consideran necesario que se incorpore a la mesa de negociación la propia ministra «para que sea ella en primera persona la que asuma la dirección de la situación y se encargue de resolver el mayor problema que tiene la Justicia española desde siempre, demostrando que realmente le preocupan los derechos de los ciudadanos españoles».
Bloqueo de pensiones e indemnizaciones
Mientras, la actividad judicial permanece prácticamente paralizada causando graves daños a los ciudadanos ya que la labor de los letrados de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) es esencial en juzgados y tribunales y no se mueve un papel sin la supervisión de estos funcionarios. Los últimos datos apuntan que en Galicia se han suspendido ya más de 6.000 señalamientos (más de 150.000 en el conjunto de España) eso significa que no se han celebrado juicios, vistas, comparecencias, declaraciones y otros muchos trámites de gran repercusión para los ciudadanos. Desde que comenzó la huelga, el pasado 24 de enero, no se notifican sentencias, no se pagan indemnizaciones por despidos, no se tramitan las pensiones alimenticias en casos de separaciones o no se ejecutan desahucios.
Las principales reivindicaciones de los funcionarios, que iniciaron su huelga el pasado 24 de enero, son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas. Justicia sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones de los antiguos secretarios judiciales, que es la revisión del complemento de productividad, y considera fuera de lugar sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.
Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, los letrados se han negado a la propuesta del ministerio de un incremento retributivo que beneficiaría sobre todo a los que menos cobran e insiste en la desconvocatoria de la huelga para seguir negociando. La nueva propuesta presentada por los LAJ insiste en mantener la cláusula de enganche, que supondría referenciar la cuantía de sus retribuciones a las de los jueces y magistrados. Los representantes de los letrados de la Administración de Justicia niegan haber elevado sus exigencias salariales y acusan al ministerio de mantener una actitud irresponsable en la mesa de negociación.
