El Congreso rechaza privatizar la torre de control de Lavacolla e insta al Gobierno a dar marcha atrás
GALICIA
El propio PSOE apoya que se revise la idoneidad de poner en manos privadas la operatividad de siete aeropuertos de primer nivel
07 mar 2023 . Actualizado a las 18:19 h.El Congreso de los Diputados ha emitido hoy un mensaje claro de cuestionamiento hacia la privatización de las torres de control de siete de los aeropuertos de mayor tráfico del país, incluido el de Santiago. Hasta con los votos a favor de los diputados del PSOE, la cámara baja ha decidido instar al Gobierno central a frenar una segunda tanda de privatizaciones del control aéreo, proceso que ya ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes para los aeropuertos de Bilbao, Santiago, Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Tenerife sur y Tenerife norte. Estos siete se unirían a los doce que ya gestionan desde el año 2011 dos empresas privadas, entre ellos los de A Coruña y Vigo, ambos en manos de la firma Saerco.
Los diputados del PSOE presentes en la comisión de Transportes aceptaron la proposición no de ley presentada por EH Bildu y Esquerra Republicana, secundada a título personal por el nacionalista gallego Néstor Rego, aunque introdujeron el matiz de instar el Ejecutivo a revisar la idoneidad de la privatización, fórmula que el socialista César Ramos no rechazó «pues el control aéreo funciona y no ha dado ningún resultado negativo ni ha puesto en peligro la seguridad aérea donde ha sido privatizado», matizó.
El debate sirvió para poner en evidencia también las delicadas relaciones entre los partidos que apoyan al Gobierno, al asegurar la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz que «ningún partido que se diga progresista puede defender esta privatización», como el PSOE está haciendo desde el MInisterio de Transportes con la orden que ha puesto en marcha el proceso. «Capitalismo despiadado justificado con la afirmación de que la iniciativa privada gestiona mejor. Mienten. Regalan el país a trozos», espetó aludiendo tanto al PSOE como al PP.
Los populares no cuestionaron las privatizaciones en sí, pero el diputado Andrés Lorite manifiesta que esta debería basarse en una mejoría de la competitividad del transporte aéreo, una mayor eficiencia, mejora de costes y servicio sin comprometer la seguridad. La privatización «es positiva si reducen costes para los usuarios y mejora la calidad del servicio, pero no es eso ante lo que estamos pues hasta los gestores de Enaire están en desacuerdo con este plan por la complejidad técnica de los siete aeropuertos, además de carecer de una planificación concienzuda y se basa en prisas e improvisaciones», manifestó para explicar por qué el PP optó en todo caso por la abstención. «El debate es cómo se hace la privatización y este es un proceso privatizador sin garantías», insistió.
Como coautora de la iniciativa, EH Bildu planteó que se paralice la orden ministerial de privatización al «suponer un cambio en el modelo operativo sin precedentes y va a tener importantes consecuencias dado que se trata de aeropuertos de notable movimiento. Debería basarse en razones de tipo económico, calidad y seguridad pero con estas adjudicaciones no se va a ganar en ninguno de los tres aspectos y se va a generar más inseguridad», auguró coincidiendo en los argumentos del PP y de la mayoría de los grupos de la cámara. Los independentistas vascos advirtieron que en aeropuertos como el de Santiago el control de ruta y el de aproximación se hace de manera coordinada y hasta desde una misma sala, lo que ahora habría de que dejar de hacer con, a juicio del diputado Iñaki Ruiz de Pinedo, pérdida de respuesta efectiva, ágil y segura ante las dificultades orográficas que resaltó en el caso de las pistas vascas y sus condiciones meteorológicas cambiantes. «Se trata de evitar situaciones de riesgo y el Gobierno debe de parar este proceso y evaluar las consecuencias que puede acarrear», inquirió a la sala.
Inés Granollers, de Esquerra Republicana y coautora de la propuesta subrayó la «tendencia liberalizadora injustificada» que a su entender está detrás del proyecto de privatización «en este caso sin razones de seguridad, viabilidad del trabajo o condiciones laborales de los controladores que lo justifiquen. «Las torres que se quieren privatizar tienen estándares de calidad altas y una muy alta complejidad», avisó, al tiempo que afirmó que el pase a manos privadas no arrojará más eficiencia económica para el usuario «sino para la empresa privada».
Néstor Rego también aludió a la «desacertada precarización de las condiciones laborales de los trabajadores» de las torres ya privatizadas, así como al riesgo de descoordinación y mayor inseguridad que estima conllevará la separación de los controles de aproximación y navegación. Rego también criticó que en Galicia el control del aeropuerto de A Coruña pueda acabar realizándose desde Vigo con el proyecto de torre remota que se ultima en Peinador «lo que no favorecerá la seguridad», recalcó, acotando la privatización de torres en el resto de Europa a aeropuertos de escaso nivel de tráfico.
En similares términos se expresaron también diputados del grupo mixto como el asturiano de Foro Isidro Martínez Oblanca, para quien pocas órdenes ministeriales hayan generado tanto rechazo como la que ha puesto en marcha este año el Gobierno para privatizar siete torres más. E incidió en que avanzar en la privatización de las torres de control es lo mismo que ceder soberanía del Estado a empresas extranjeras en un sector clave para economía de España como es el turismo.
Aunque se abstuvo, Ciudadanos justificó la privatización asegurando que los profesionales que se hagan cargo de las torres «estarán perfectamente formados y certificados». El único voto en contra llegó de la mano de VOX, desde cuyas filas se aseveró que los partidos que defienden la propuesta contra la privatización solo buscan en sus territorios «ejercer un control totalitario y nacionalizar toda las actividades económicas».
Huelga hoy en Vigo y A Coruña
El debate del Congreso coincidió con la primera jornada de protesta del mes de marzo en las torres ya privatizadas, como las de Alvedro y Peinador, en protesta por la falta de acuerdo con la patronal de las empresas privadas de control para establecer un nuevo convenio colectivo. Está convocada para entre las 16 y 19 horas de hoy, pero están convocados como servicios mínimos los controladores que deben acudir hoy a sus puestos de trabajo, dado que en cada uno solo un profesional trabaja en cada momento. Los paros realizados durante todos los lunes de febrero no tuvieron incidencia alguna en el tráfico aéreo de los dos aeropuertos gallegos.
El sindicato mayoritario en el sector, la Unión Sindical de Controladores Aéreos también ha reclamado hoy la retirada del proyecto de privatización de la torre de control de Santiago y el resto de aeropuertos, manifestando que «solamente favorece a Aena y a las diferentes empresas proveedoras de control aéreo, y no tiene ningún beneficio en el usuario, al contrario de lo argumentado por la ministra de transportes y por la propia Aena».
Las aerolíneas apoyan la liberalización de las torres de control
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) que operan en España estima que la liberalización de las torres de control mejorará su eficiencia, reducirá los costes a los usuarios y mantendrá la calidad del servicio sin mermar la seguridad, «lo que beneficiará a los ciudadanos». Tras el rechazo mostrado hoy a la privatización de un nuevo lote de torres de control por la mayoría del Congreso presente en la comisión de Transportes, las compañías aéreas salieron en defensa de la liberalización de los servicios de tránsito aéreo al entender que «va a ser bueno para el pasajero y para el país, porque permitirá una bajada de costes de Aena y una reducción de tasas aeroportuarias, lo que a su vez será bueno para el turismo y, con ello, para la economía».
El presidente de ALA, el gallego Javier Gándara, estima que dicho proceso abrirá a la competencia los servicios prestados en las torres de control, defendiendo que la propia Enaire pueda presentarse al concurso. Recuerda Gándara que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respalda la liberalización tras concluir que en su primera fase iniciada en 2011, mejoró en un 60 % su eficiencia. «La propia Comisión Europea recomendó a los Estados miembros que abriesen a la competencia las torres de control en aeródromo asegurando que tendría un impacto positivo en los usuarios», añade Gándara que considera que con la liberalización del control aéreo se sigue la estela abierta ya en otros servicios como el mismo sector aéreo o el ferroviario, que afirma «ha redundado en una reducción de costes y en un abaratamiento del servicio para el usuario final».