El lamento de una víctima de malos tratos a manos de un guardia civil de Portomarín: «¡Y le acaban de dar una medalla!»
GALICIA
Al agente se le impuso una prohibición de comunicación y orden de alejamiento, y se le retiraron provisionalmente las armas. «Llevo cinco años de infierno», explica la mujer, que llegó a contratar un escolta por miedo a lo que pudiese ocurrir
16 abr 2023 . Actualizado a las 20:10 h.Un guardia civil de Portomarín, que sigue en activo, fue condenado en 2018 por un delito leve de injurias en el ámbito de la violencia de género. Los motivos son varios insultos que envió a través de WhatsApp a una mujer con la que había mantenido una relación sentimental y después de que ella quisiese poner fin a la misma, tal y como recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo.
Al agente se le impuso posteriormente una prohibición de comunicación y una orden de alejamiento. Desde la propia Guardia Civil le retiraron provisionalmente las armas por su condición de investigado, y también se le impuso una sanción disciplinaria por falta muy grave, que responde también a lo ocurrido con esta mujer.
«Llevo cinco años viviendo un infierno, estuve 19 meses de baja por el acoso que sufrí y ahora, hace apenas unas semanas, han condecorado a mi agresor con la Medalla de Oro del Concello de Paradela. Esto ha sido la gota que colmó el vaso, reconocer a un hombre condenado por violencia machista», dice Nuria, nombre ficticio de esta mujer que quiere sacar a la luz todo lo ocurrido. El guardia civil de Portomarín, por su parte, reconoce los hechos y se ciñe a la documentación del juzgado, recalcando que se trata de «un delito leve por injurias por cuatro insultos».
«Ahora me siento recuperada, con fuerza para explicar todo lo ocurrido. Estuve de baja muchos meses, aunque cuando empezó el calvario pedí el alta voluntaria, pero recaí de nuevo porque un día vino uniformado a mi lugar de trabajo y la situación me superó», detalla la mujer. A raíz de este encontronazo tuvo una baja de larga duración, pero ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo.
Los hechos que relata Nuria se remontan hasta el 2018, aunque la relación íntima fue años atrás. Tardó un tiempo en denunciar, algo más de un año, «por miedo, porque no estaba en un estado mental que avalase tomar una decisión así». Ella estuvo de baja médica 19 meses y, a día de hoy, sigue con tratamiento psiquiátrico. «Ahora lo que siento es impotencia por todas las injusticias que he vivido. Esto lo cuento pensando también en el futuro de otras mujeres», relata.
El guardia civil de Portomartín fue condenado por un delito leve de violencia de género a tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, y la sentencia de la audiencia lucense recoge transcripciones de WhatsApp entre el agresor y su víctima que contienen insultos del primero hacia la segunda como «mentirosa», «sinvergüenza» y «gilipollas». La sentencia se hizo firme en el 2020.
Asimismo, en la declaración que hizo la mujer en el juzgado consta que ella prolongó la relación con el funcionario «por miedo a sus amenazas y reacciones». Además, dejó constancia de que un día se presentó en su lugar de trabajo y posó «con fuerza y en el mostrador el cinturón del uniforme de Guardia Civil, así como el arma reglamentaria». Explica Nuria que lo hizo porque sabía que estaba sola. Nuria también dijo que la obligaba a permanecer en línea en el WhatsApp a determinadas horas, y que de no ser así la amenazaba diciéndole que «habría consecuencias».
En medio de la trifulca judicial, Nuria tuvo a la policía en la puerta de su trabajo, y hasta llegó a contratar a un escolta por miedo a que pudiese ocurrirle algo: «No sé si fue peor o mejor, la presión fue subiendo sobre mí y me sentía muy desprotegida, no entendía por qué me estaba todo pasando esto», dice.
La víctima relató situaciones de control, pero el investigado negó todas las acusaciones «sin ofrecer demasiadas justificaciones de lo sucedido», según recoge un auto del Juzgado de Chantada del año 2018. Ella dejó claro la negativa a continuar con la relación, «pero él no lo aceptó», dice. El juzgado emitió una prohibición de comunicación, pero no de alejamiento, al considerar que la denunciante no estaba en peligro ni asumía riesgo alguno.
Un año después, el 2019, el juzgado prohibió al denunciado acercarse a menos de 100 metros de la víctima, así como comunicarse con ella, tras encontrarse ambos en Lugo durante un evento. El encontronazo hizo, según recoge el auto del juzgado, que Nuria tuviese que ir a Urgencias por una crisis de ansiedad y mareos asociados a la misma.
Un informe de valoración policial del riesgo del sistema Viogén calificó también un riesgo alto para Nuria en verano de 2019, amparándose en que el lugar de trabajo de la víctima y el domicilio del agresor están a menos de 100 metros de distancia, lo que impidió utilizar un sistema de localización para proteger a Nuria.
Por último, la Guardia Civil abrió un acta que obligó al agente condenado a entregar numerosas armas, con motivo de la investigación abierta contra él. Depositó pistolas, escopetas, carabinas y hasta un rifle. En el 2021, el Ministerio del Interior impuso una falta muy grave contra el guardia, abriéndole un procedimiento disciplinario que concluyó con una resolución sancionadora.