El BOE publicó el calendario de aplicación de la normativa, que exige cada cuatro años una revisión de la oferta de ciclos y su empleabilidad para adaptarla a las necesidades reales
12 abr 2023 . Actualizado a las 18:00 h.Desde ahora hasta el año 2026 Galicia —como el resto de las comunidades autónomas— tiene que adaptar sus ciclos de FP a la nueva ley, la aprobada hace un año. Esto supone sobre todo ampliar las horas de prácticas en empresas, que se encargarán de impartir parte del currículo en los dos cursos de cada ciclo. Un cambio profundo en el sistema para el que Galicia está relativamente bien preparada, ya que ahora mismo tiene el máximo de horas de formación en centro de trabajo que permitía la antigua normativa, aunque solo en segundo.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto, publicado en el BOE, que fija un calendario de implantación de cuatro años del nuevo sistema de FP. Por ejemplo, para los certificados de competencia o profesionalidad (que se denominan grados A, B y C en la ley) las comunidades tienen de período adaptación desde el 1 de septiembre de 2023 al 1 de enero de 2024. Estas acreditaciones profesionales llevan tiempo gestándose y ahora la ley les ha dado el empujón definitivo: el Ministerio de Educación ha absorbido las funciones que tenía el Ministerio de Trabajo en este campo con el fin de potenciar la formación a lo largo de la vida, algo íntimamente unido a estas certificaciones.
Otra cosa son los ciclos (básicos, medios y superiores), que en la ley se agrupan en el grado D y cuya transformación empezará en el curso 2023-24 (el próximo), y se completará en los dos años siguientes, extinguiéndose paralelamente los currículos de los actuales ciclos.
Por último, cada administración implantará a partir del curso que viene los cursos de especialización (el grado E) que considere; en el curso 2024-25 se implantarán con carácter general. En Galicia están plenamente integrados en la oferta, que llegó a los trece de grado superior en este curso.
Además, el decreto pone fecha (antes del 1 de septiembre de 2023) al desarrollo reglamentario de los principales elementos del nuevo sistema de FP, como los catálogos nacionales de estándares de competencia y de ofertas de FP y el catálogo modular de FP.
Esa misma fecha será el límite para la puesta en marcha de los registros estatales de FP y de acreditaciones de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales e Informales, y del registro general de centros de FP.
En cuanto a la estrategia general de orientación profesional, el Gobierno deberá hacerla pública antes de 31 de enero de 2024.
Informes periódicos de adecuación del sistema
Por otra parte, según la normativa, el Ministerio de FP presentará el primer informe sobre el estado del sistema de la formación profesional al Consejo General de la FP y al Consejo Escolar del Estado en el mes de marzo de 2024. El trabajo, de carácter bianual, debe incorporar la información requerida a las comunidades autónomas y proporcionada por ellas sobre los resultados en sus respectivos territorios, así como los resultados obtenidos por comprobaciones y evaluaciones aleatorias encomendadas a organismos independientes.
Cada cuatro años, el Informe incluirá un estudio sobre la oferta de ciclos formativos y su adecuación a la demanda por parte de los estudiantes, el porcentaje de empleabilidad de los estudiantes de FP y las necesidades presentes y futuras de capital humano del sector público y el sector privado.
La ministra del ramo, Pilar Alegría, ha insistido en que, para el Gobierno, la FP «ha sido y es una apuesta estratégica», como evidencia el hecho, según sus palabras, de que la ley haya nacido «con un consenso amplísimo». informó la responsable educativa que en la actualidad hay 1.100.000 jóvenes formándose en FP, un 23,4 por ciento más respecto al curso 2019-2020, y que se han puesto en marcha 23 nuevas titulaciones, como robótica industrial y vinculadas con el medio ambiente o la sostenibilidad. La titular de Educación recordó también que tenían el compromiso de financiar a las comunidades autónomas 200.000 plazas y que ya están en las 210.000, con la previsión de superar en 2024 las 300.000.
