El sector de los autobuses busca la revisión de los convenios con dos nuevas jornadas de huelga
GALICIA
El paro puede volver a ser casi total este jueves y viernes, y afectar de nuevo al transporte escolar. Los sindicatos amenazan con un paro indefinido a partir del 8 de mayo
26 abr 2023 . Actualizado a las 17:48 h.Galicia afronta el jueves y el viernes, 27 y 28 de abril, dos nuevas jornadas de huelga en el transporte de viajeros por carretera, después de la convocada el pasado 31 de marzo, para reclamar la revisión de los convenios colectivos en las cuatro provincias, una movilización que los sindicatos convocantes -CIG, CC.OO. y UGT- amenazan con convertir en huelga indefinida a partir del 8 de mayo si no se encauzan sus reivindicaciones.
Como en marzo, el principal motivo de la huelga en el sector a es la negociación de los cuatro convenios provinciales, que no avanza en A Coruña, Ourense y Pontevedra, mientras que en Lugo ni siquiera se convocan reuniones. La Xunta brindó su apoyo económico para que se pudiera asumir una subida salarial, pues los pliegos de las concesiones solo prevén subidas anuales del 0,8 %. Aunque el Gobierno autónomo cree que debe aplicarse el factor de revisión general de precios, que se situaría en el 1,2 %.
Otras razones para convocar el paro tienen que ver con la situación precaria del sector, en condiciones laborales y en prestación del servicio, y de los problemas de seguridad en los autobuses.
La primera jornada de huelga, justo antes de Semana Santa, se celebró en plena polémica por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia respecto a posibles acuerdos anticompetitivos de las empresas Monbus y Alsa, y la orden a la Comisión Galega da Competencia para incoar un expediente sancionador «por indicios de repartirse el mercado» al presentarse a varios contratos para transporte por carretera en Galicia en 2020.
En aquella jornada de huelga en muchos puntos no se respetaron los servicios mínimos y el seguimiento fue muy alto.
Los sindicatos explican que la patronal limita la subida salarial al 0,8 % -el IPC subió en Galicia un 6,4 % entre enero del 2022 y enero del 2023-, sin cláusulas que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo.Tampoco, según las centrales, quiere entrar a negociar ninguna mejora relativa a la jornada o a las condiciones laborales y sociales de las plantillas.
CIG, CC. OO. y UGT acusan a la Xunta de precarizar el sector, al considerar el deterioro en las condiciones de trabajo y del servicio como una consecuencia de los contratos licitados por las consellerías de Mobilidade y Educación en los últimos años, infradotados de presupuesto, alegan.
Los sindicatos critican a las empresas que se presentaron a esos contratos con ofertas a la baja, para ahora intentar obtener beneficios a cuenta de las condiciones laborales y salariales.
Alertan de forma especial sobre el colectivo de acompañantes, formado en su mayoría por mujeres, que van sobre todo en autobuses escolares y que consideran como un servicio altamente precarizado.
Los sindicatos también cuestionan la situación de la flota de vehículos al observar que de manera general no está en buen estado, con autobuses antiguos, sin mantenimiento adecuado en algunos casos y con averías. De hecho, sostienen que la antigüedad de los vehículos es, en ocasiones, superior a la exigida en los contratos de la Xunta, por lo que instan a una inspección.
Ya advirtieron en marzo que si la patronal continuaba en su actitud de entonces, que tildaban de inmovilista, el conflicto se intensificará, lo que se traduce ahora en dos nuevas jornadas de huelga y una puerta abierta a paros indefinidos.
El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles la orden que establece los servicios mínimos, ampliados respecto a marzo al considerar también la huelga indefinida que empieza el 8 de mayo, un documento que los sindicatos consideran abusivo porque aseguran que implica una actividad media del 80 % que llega al 100 % en horas punta. Así, ven negativamente la orden por la que la Xunta reconoce el carácter esencial del sector, pero, según argumentan, no media entre las partes y no convoca reuniones de la denominada mesa de seguimiento.
Las prestaciones mínimas incluyen 8.013 servicios de transporte regular de viajeros y añaden todo el transporte escolar de más de 4 kilómetros, a todo el transporte de trabajadores antes de las 9.00 horas o después de las 18.00 horas y al transporte de usuarios de centro socioasistenciales además del desplazamiento de personas con discapacidad de Sarria y Redondela.
Además de esta orden de la Xunta, los municipios con transporte público urbano dentro de sus convenios provinciales también establecen sus correspondientes servicios mínimos.
La posición de la Xunta ante el conflicto: pide al Gobierno central que se revisen los precios de las concesiones
El Gobierno gallego asume que el conflicto es estrictamente laboral y que afecta a todo el negocio de los autobuses, desde el urbano al interurbano pasando por el discrecional, al tiempo que recuerda que, para contribuir a su solución, «el sector cuenta con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais».
La Xunta, como titular de las concesiones de transporte público interurbano y del transporte escolar, considera necesario que, en el actual contexto inflacionista, el Gobierno de España -responsable de la legislación en materia de contratos públicos- habilite un mecanismo para la revisión extraordinaria de precios en los contratos de servicios, tal y como procedió en el caso de los contratos de obras. De esa forma, alegan, «sería posible actualizar los precios previstos en las concesiones de transporte público dependientes de la Xunta».
A pesar de estas limitaciones, «la Xunta viene haciendo un enorme esfuerzo para garantizar la viabilidad del transporte público, al que ya destina 120 millones de euros al año, con aportaciones extraordinarias para blindar este servicio público esencial en un contexto marcado por la pandemia y la crisis energética», explican fuentes del Ejecutivo autónomo.
Para la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, las 127 concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia prevén un incremento anual de sus costes del 1,2 %, un porcentaje que, en su opinión, debería aplicarse a los salarios. Esto hace que la masa salarial prevista para el 2020, de 47,8 millones, aumente un 3,64 % en el 2023, hasta los 49 millones de euros.
Además de las aportaciones extraordinarias por la pandemia y el alza de los combustibles (45 millones de euros), la Xunta ha ofrecido al sector una aportación extraordinaria de 16,5 millones «con el objetivo de asegurar el funcionamiento de las concesiones, alcanzando de esa forma una aportación extraordinaria de 60 millones, tope máximo al que puede llegar en el actual contexto legal, que impide la revisión de precios de las concesiones».
