Exigen desde el Senado que se dé atención preferente a mayores de 65 años
04 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El rechazo a la cita previa obligatoria en la Administración acaba de poner de acuerdo al PSOE y al PP, y con ellos a formaciones tan dispares como EH Bildu, Esquerra Republicana, PNV, Junts per Catalunya, Coalición Canaria o Teruel Existe. Todos han secundado y aportado su punto de vista para votar en conjunto el rechazo a la exigencia de tener que contar con cita previa para poder ser atendido en estamentos oficiales o incluso para poder entrar en sus dependencias.
Desde el Senado, dichas formaciones han acordado instar al Gobierno central a poner coto a una práctica que se extendió de manera intensa durante la pandemia. En el acuerdo alcanzado se exige garantizar a la ciudadanía una «Administración abierta en la que las personas puedan acceder sin necesidad de cita previa con carácter obligatorio para ser atendidas». El texto pactado en la Cámara Alta abarca a todas las Administraciones del Estado, pero hace mención especial a la Seguridad Social, objeto de reproches oficiales por parte del Defensor del Pueblo, llamadas de atención que, según los senadores del PP, no han tenido consecuencias prácticas. En la moción aprobada se indica que gestiones «tan prioritarias» como las relacionadas con las pensiones, el ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación de la Seguridad Social, no pueden encadenar dos o tres meses para ser atendidas y resueltas.
El caso de la Seguridad Social
El PP apuntó en la defensa de su iniciativa que la falta de personal en la Seguridad Social, sumada al envejecimiento de su plantilla y a la adopción universal de la cita previa obligatoria, «ha reducido a la mínima expresión la atención presencial, dejando desasistida a una parte significativa de la población, en especial a los mayores». Los populares indican que es este segmento de la ciudadanía el que más echa mano de la atención telefónica, sistema que afirman que dejó en el 2022 «cuatro millones de llamadas olvidadas», un contingente que, dicen, sigue aumentando.
Ante esa situación de falta de efectivos para garantizar una atención presencial y telefónica ágil, el Senado reclama al Gobierno el refuerzo de medios y recursos con nuevas incorporaciones de personal, acortando los plazos en sus oposiciones y formación y acelerando las incorporaciones de nuevos funcionarios donde sea más urgente. El PSOE intentó sin éxito que se hiciese constar la incorporación prevista para este año de 4.115 trabajadores en la Seguridad Social y que entre el 2012 y el 2018 (etapa del Gobierno de Mariano Rajoy) se perdió más del 20 % de la plantilla de dicho instituto.
En lo que sí se registró un unánime acuerdo entre todas las formaciones políticas fue en que se intensifique la atención presencial como preferente para los mayores de 65 años en todas las oficinas del INSS, con la misma consideración para las personas que por formación, falta de medios o capacidades, o simplemente por una urgencia, necesiten ayuda para hacer sus trámites.
Fracasada la petición de dinero
EH Bildu y Esquerra aprovecharon este punto para reclamar la creación de un fondo público dotado con 300 millones de euros para los ayuntamientos. Es, indicaron, la Administración que por su proximidad colabora de forma más frecuente con los contribuyentes para resolver sus problemas con otras instituciones como la propia Seguridad Social. La reclamación económica, sin embargo, no obtuvo adhesiones en el debate.
«Necesitamos poner coto a este caos que vive la Seguridad Social», indicó el portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, en la defensa de la moción finalmente abrazada por la mayoría del arco parlamentario. Con esos mismos votos a favor se reclama que la atención presencial a la ciudadanía se garantice de lunes a viernes en todas las oficinas de la Seguridad Social, donde los escasos puestos dedicados a la atención sin reserva de cita se bloquean gran parte del día por falta de efectivos.
La agrupación de electores Teruel Existe consiguió en el debate de la propuesta del PP que se reclame al Gobierno una exigencia que de cumplirse requeriría de una mayor descentralización del INSS, ya que se aprobó que ninguna persona tenga que hacer un desplazamiento de más de media hora de duración para ser atendido presencialmente si necesita resolver trámites administrativos vinculados a sus pensiones o prestaciones sociales.
