Jueces y fiscales negocian con el Gobierno pero mantienen la amenaza de huelga
GALICIA
Analizan la propuesta económica planteada por los ministerios de Justicia y de Hacienda y el lunes volverán a reunirse. Las posturas parecen acercarse
04 may 2023 . Actualizado a las 00:30 h.La primera reunión de los jueces y fiscales con el Gobierno para abordar la subida de sus sueldos ha terminado sin acuerdo, pero todo indica que hay avances en la negociación. Tras más de cinco horas de reunión en la denominada mesa de retribuciones, el Ministerio de Justicia les ha presentado una propuesta económica, que algunas fuentes cifran en 44 millones de euros, con la que intenta evitar la huelga indefinida que cinco de las siete asociaciones profesionales han convocado ya para el 16 de mayo. Jueces y fiscales estudiarán el documento, pero por ahora mantienen la amenaza del paro. Las partes se han citado para el próximo lunes, a las once y media de la mañana, en el Ministerio de Justicia.
A pesar de que no se llegó a un acuerdo, lo cierto es que parece que se han acercado las posturas en torno a las reivindicaciones planteadas, que entre otras reclaman más dinero por las guardias y la actualización de los salarios, congelados desde hace al menos diez años. Los representantes ministeriales ofrecieron a jueces y fiscales una propuesta de adecuación salarial en relación al nuevo modelo de Justicia que va a ser impulsado por las tres leyes de eficiencia, con especial incidencia en los jueces, magistrados y fiscales destinados en órganos unipersonales. También les ofrecieron «un papel relevante» en la implementación de las tres leyes de eficiencia (organizativa, procesal y digital) que tramita el ministerio.
Los jueces y fiscales vieron en el encuentro «una actitud negociadora por parte de ambos ministerios, de Justicia y de Hacienda», por lo que en principio, el ambiente es de optimismo, ya que la negociación fue por buen camino, según las fuentes consultadas. Sin embargo, no se ha desconvocado la huelga porque hay que esperar al fin de las negociaciones. «Estamos en un marco de negociación y empieza a perfilarse algún tipo de posición. Es tiempo de reflexión. Ahora mismo es momento de estudio y de valoración de lo que hay sobre la mesa, tanto por una parte como por otra», declaró Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, a la salida de la reunión en el Ministerio de Justicia. Carbonero advirtió que ahora tendrán que analizar el documento que les entregó el ministerio y continuar con la negociación el lunes. «Es un principio, no es tiempo de satisfacciones todavía», aclaró.
Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), aseguró que se siente «optimista» porque ahora mismo están en un espacio de negociación, pero además confía en que finalmente haya un acuerdo que ponga fin al conflicto. Tras la primera sesión de la mañana, indicó que la reunión se había «desarrollado con muchísima normalidad», en un ambiente afable y tranquilo, al tiempo que agradeció que estuviese presente la secretaria general de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda. «Estamos trabajando, compartiendo un diagnóstico sobre cómo está la Administración de Justicia y vamos a continuar», y recordó que la mesa de retribuciones tiene «una situación de parálisis de 20 años».
La ministra entró a saludar
Al contrario de lo que ocurrió en las distintas reuniones durante la huelga de los letrados judiciales, la ministra Pilar Llop sí entró ayer a la reunión de la mesa de retribuciones para saludar. A la cita acudieron representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones profesionales para, tal y como lo fija la ley, «facilitar la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal».
Por parte del Poder Judicial participaron los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya, que apoyan la subida de salarios a los jueces y fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y la Asociación de Fiscales (todas de corte conservador), ya formalizaron el viernes pasado la convocatoria de huelga indefinida y exponen «la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable» debido a la pérdida de poder adquisitivo que dicen arrastrar desde el 2009. Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales comparten que hay que superar el «estancamiento» del sistema judicial, pero se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar oportuno esperar a la negociación con el Gobierno.
«Ir a la huelga sería el último remedio, y una medida gravísima»
«La huelga de los jueces sería el último remedio, y una medida gravísima». Así lo afirma Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado de la Audiencia de Bilbao y miembro de la dirección de Juezas y Jueces para la Democracia, en una entrevista concedida a Ander Azpiroz, de Colpisa. Su asociación, adscrita al sector progresista, aún no ha concretado su posición sobre el paro, pero en cualquier caso no descarta sumarse al mismo al compartir reclamaciones.
El magistrado explica que acuden a la reunión con el ministerio «con una posición constructiva. Queremos abordar el problema de la insuficiencia de presupuesto en Justicia, y reclamamos un incremento de la plantilla judicial, porque necesitamos un número suficiente de jueces y fiscales para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos». Señala que esa mejora del servicio público «debe estar acompañada de una actualización retributiva para los funcionarios de Justicia».
Su asociación no ha suscrito la convocatoria de huelga. «Hemos decidido esperar a las propuestas del Gobierno y valorar después la posición que adoptaremos», dice Rodríguez Achútegui, que añade: «Aguardamos a conocer antes de nada la posición de la Administración y confiamos en que serán responsables con la situación que padece la Justicia. Confiamos en la voluntad de las partes por negociar el incremento de nuevas plazas judiciales y revisar las retribuciones que no se revisan desde el 2009».
«No queremos hacer daño»
Sobre las dudas planteadas desde algunos ámbitos respecto a que los jueces, como miembros de un poder del Estado, puedan o no hacer huelgas, el magistrado es claro: «La huelga de los jueces sería el último remedio, y una medida gravísima. El Consejo General del Poder Judicial mantiene la tesis de que no podemos ir a la huelga. No obstante, ya se hizo una en el pasado e incluso se nos retrajo parte del salario por el paro. Podemos reflexionar sobre si la ley permite o no el derecho de huelga a los jueces, pero se ejerce. En cualquier caso, lo último que queremos es hacer el más mínimo daño a los ciudadanos o al resto de profesionales del derecho».