La valedora do pobo pide recuperar la atención presencial y sin cita previa en todas las oficinas públicas
GALICIA
Las listas de espera en el Sergas centran las quejas ante la institución, que gestionó cerca de 4.000 asuntos el pasado año
16 oct 2023 . Actualizado a las 22:32 h.El principal motivo de queja de los gallegos ante la Valedora do Pobo durante el 2022, según el informe de la institución entregado este lunes al Parlamento, son las listas de espera en el Sergas. Las protestas por el estado de la sanidad pública en Galicia son menos que en los años anteriores, marcados por la pandemia, pero alcanzaron los 685 asuntos tramitados. Además del tiempo necesario para ser tratado por el Sergas, a la Valedora do Pobo llegaron otras reclamaciones relacionadas con el déficit de personal facultativo, sobre todo en centros de atención primaria; la salud mental; o la humanización de la asistencia sanitaria.
Ante la falta de profesionales, por ejemplo, el organismo insta a colegios médicos y sociedades científicas a «acadar unha solución conxunta que permita garantir a cobertura de prazas» mientras no se solvente el problema estructural de escasez de facultativos, proponiendo en algunos casos la ampliación de la edad de jubilación para reducir las vacantes. Así, de los 3.958 asuntos gestionados durante el último año, casi la mitad de las quejas a la Xunta (1.485) fueron dirigidas a la Consellería de Sanidade (699). El ámbito sanitario también abarcó el mayor porcentaje de asuntos tratados, un 17 % del total.
La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, quiso centrase especialmente en dos aspectos durante la presentación del informe: garantizar los derechos de los mayores y el reconocimiento como feminicidios de los crímenes fuera de la pareja. «Hai persoas maiores que non poden ou non queren ser atendidas de xeito telemático , e teñen todo dereito a que se lles facilite esa atención presencial», apuntó, recordando que la asistencia telemática es un derecho pero nunca «pode ser unha obriga».
El informe advierte de que la eliminación de la atención presencial tiene como consecuencia, en ocasiones, «ter que recorrer a profesionais privados, co conseguinte custe, ou a achegados». La institución recoge la recuperación de la asistencia presencial y sin cita previa en oficinas de la Xunta, y en la mayoría de servicios de las diputaciones provinciales. Sin embargo, observa que muchos ayuntamientos mantienen aún la obligatoriedad de recurrir a la cita previa. «Debería retomarse a atención presencial e sen previa cita nas dependencias locais, especialmente nas que o retraso da atención presencial supoña un prexuízo para os dereitos pola demora no curso do procedemento», señala el informe.
En cuanto a los asuntos de igualdad, en el 2022 se abrieron dos actuaciones de oficio vinculadas a los crímenes de Jéssica Méndez y Cristina Cabo, asesinadas por dos hombres en marzo y noviembre del 2022. Fernández Valiño reclamó que este tipo de feminicidos cometidos fuera del ámbito de la pareja sean computadas como violencia de género porque fueron asesinadas «polo feito de ser muller».
Sobre políticas sociales, la valedora destacó que buena parte de las quejas se centran en las demoras en la valoración de la dependencia, por lo que recomienda que los programas de atención provisionales para libranzas de servicios ya aprobados en programas anteriores y en lista de espera por más de tres meses se aprueben de forma preferente o al menos sin demoras, para evitar así dobles esperas. Fernández Galiño destacó que la Consellería de Política Social aceptó esta recomendación y prevé la aprobación este año de un nuevo decreto para regular las valoraciones.
Los riesgos de la inteligencia artificial
La valedora apuntó que el 2023 mantiene las «incertezas» del año anterior, marcado por la guerra de Ucrania y el encarecimiento de la vida. «Aos poderes públicos non nos pode levar ao desalento, a resposta debe ser máis dereitos humanos e máis enfoque de dereitos humanos», valoró, situó como objetivo mantenerse como garante de esos derechos, promover la igualdad y luchar contra la discriminación. En cuanto a los riesgos del futuro, Fernández Valiño se refirió a la inteligencia artificial. «Pode unha máquina discriminar?», se preguntó, para apelar a las administraciones a estar «vixilantes» ante posibles casos que puedan surgir en este ámbito.