Política Social busca 42 profesionales para reducir a la mitad de la espera de los dependientes
GALICIA
Parte de la ampliación de la plantilla también irá a inspección, valoración de la discapacidad y protección de menores
03 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Consellería de Política Social e Xuventude contará con 42 nuevos empleados que reforzarán los servicios de inspección, valoración de la dependencia, de la discapacidad y protección de menores. La modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del departamento que dirige Fabiola García fue aprobada ayer por el consello de la Xunta. El objetivo de la medida, explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es «mellorar a calidade dos servizos» que reciben los ciudadanos, además de acortar los plazos de atención.
La previsión del Gobierno gallego es que el acuerdo de ampliación de la plantilla se publique en el Diario Oficial de Galicia en un plazo aproximado de 15 días, a partir de entonces será posible iniciar las contrataciones.
Entre los 42 puestos figuran 10 de inspectores, 16 para los equipos de valoración de la dependencia y otros 12 para valoración de la discapacidad, y cuatro de trabajadores sociales. De esos últimos, tres serán para los equipos técnicos de menores y el cuarto para la Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade.
Los inspectores desarrollan su trabajo en todas las áreas de la consellería, desde las residencias de mayores hasta las guarderías. Su labor es supervisar el correcto funcionamiento de esos servicios y de la atención que reciben los usuarios.
Los 28 profesionales de refuerzo para los equipos de valoración procederán de distintas disciplinas, desde trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales hasta médicos y psicólogos.
Su incorporación tiene el objetivo de facilitar que la Xunta lleve a la práctica el decreto para reducir a la mitad las esperas que afrontan los dependientes antes de que se les reconozca el derecho a una prestación y esta se haga efectiva. Hasta ahora los usuarios debían incorporarse a una lista de espera antes de que se valorase su grado de dependencia. Después se incorporaban a otra lista de espera hasta conseguir un plan individualizado de atención (PIA), en el que se recogían las prestaciones a las que tienen derecho.
El proyecto de la Xunta pretende unificar esos dos trámites en uno solo, lo que debería traducirse en una reducción de los plazos próxima al 50 %. Además se reducirán de doce a dos —el informe médico y el informe social— los documentos que deberán presentar los usuarios. Las personas en lista de espera recibirán además una prestación transitoria mientras se resuelven los trámites.
La previsión del Gobierno gallego es que esa normativa, aprobada mediante decreto, se haga efectiva a principios del 2024.
Las nuevas ayudas
La de ayer no es la primera ampliación de personal de la consellería para mejorar esos servicios. Política Social ya puso en marcha en el 2021 un plan de choque para agilizar los trámites. Pretendía paliar los efectos de la pandemia del covid, que lastró toda la actividad de la Administración.
En las últimas semanas, la Xunta no solo ha anunciado ampliaciones de personal, sino también de las prestaciones. La principal novedad es la puesta en marcha de un bono universal de 5.000 euros anuales que recibirán todos los dependientes que sean atendidos a domicilio. Esa medida está incluida en los presupuestos del 2024 y beneficiarán, según las estimaciones de la Xunta, a unos 18.400 gallegos.
De forma simultánea se activará una ayuda de 1.200 euros para los dependientes que sean atendidos en residencias. Esa subvención se sumará a las que ya reciben ahora, lo que supondrá un aumento de las prestaciones de un 30 %.
La Xunta convocará por primera vez plazas para atender a discapacitados por concierto social
La Xunta convocará 33 plazas de atención diurna especializada en salud mental, y el transporte asociado a las mismas, en cooperación con entidades del sector y, por primera vez, mediante el sistema del concierto social.
La medida fue aprobada ayer en el consello de la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, explico que la duración inicial de los conciertos sociales con las entidades que sean seleccionadas será de cuatro años y se podrán renovar hasta llegar a diez. El presupuesto de esos contratos asciende a 1,1 millones de euros para el período 2024-2028, aunque podrán llegar a casi cuatro millones con las posible prórrogas.
El plan del Gobierno gallego pasa por hacer seis convocatorias, «unha por cada tipo de discapacidade», señaló Rueda: intelectual, física, autismo, daño cerebral, parálisis cerebral y enfermedad mental. En conjunto, la inversión total rondará los 96 millones de euros.
El concierto social, que las entidades del sector defienden desde hace años, pretende que los discapacitados no tengan que hacer grandes desplazamientos para acceder a una plaza pública.
La previsión de la Xunta es aumentar en un 25 % la inversión con respecto a los contratos actuales. La Administración gallega también asumirá las subidas salariales de los profesionales y dará mayor estabilidad económica y jurídica a las entidades.