Galicia, ante el desafío de no quedar descolgada: los siete retos de la legislatura
GALICIA
El nuevo Gobierno tiene sobre la mesa deberes claves para la comunidad que no puede aparcar, desde la financiación hasta las comunicaciones
15 feb 2024 . Actualizado a las 21:40 h.Diciembre arranca con el Gobierno de España en plenas funciones, después de prácticamente cinco meses de parálisis poselectoral. Empieza una legislatura en la que Galicia tiene que jugar un papel clave porque tiene delante una serie de desafíos que competen directamente al Estado. En un momento de tensiones por los pactos territoriales, la comunidad tiene que vigilar por que se refuerce su posición ante estos siete retos de legislatura que ha identificado La Voz.
1 Una aportación del Estado justa que dé respuesta a la singularidad
Todo empieza en el dinero. Será, después de dos legislaturas en las que PP y PSOE fueron incapaces de abordarlo, el momento de revisar la financiación autonómica. Ese cambio es el que puede rasgar las costuras de las comunidades durante los próximos ejercicios, por los criterios que se fijen para las aportaciones económicas del Estado. Cataluña reclama poder gestionar todos sus ingresos, las comunidades del Levante, Madrid y el sur mantienen su presión para que se atienda exclusivamente el criterio de población, y el noroeste tiene que pelear por que se reconozcan otras variables. Principalmente, el coste que tiene mantener unos servicios públicos de calidad en un territorio como el gallego, en el que el coste por habitante es mucho más elevado por su dispersión. Y en el que el envejecimiento tendrá un impacto mayor para la sanidad, la dependencia y los servicios sociales. En el año 2032, casi la mitad de la población gallega tendrá más de 54 años (el 49,8 %), mientras que en el total de comunidades de régimen común se quedará en el 42,2 %. Eso debe tener su reflejo en un tratamiento diferenciado, más allá de afinidades políticas.
Hay otro elemento que ha de contemplarse en la relación económica entre Galicia y el Estado. La comunidad ha sido referente en cumplimiento en disciplina fiscal, ajustándose a las indicaciones marcadas por el Gobierno —del PP y del PSOE— en déficit de sus cuentas, y con uno de los ratios de deuda por PIB más bajos de España: menos de un 18 %, frente al 30 % de Cataluña o Murcia. La deuda por habitante está en 4.500 euros, que contrastan con los 10.000 de Cataluña o Valencia, o los 7.500 de Castilla-La Mancha. Tampoco ha tenido que recurrir a financiación del Estado (el FLA).
Ese cumplimiento y esas particularidades —dispersión y demografía— en un escenario de quitas pactadas por el Gobierno con los partidos nacionalistas, no puede implicar un trato discriminatorio.
2 La segunda fase de la modernización ferroviaria
La llegada del AVE a Ourense hace dos años supuso la culminación de la primera fase de la modernización ferroviaria de Galicia, que comenzó con la puesta en servicio del eje atlántico en su totalidad en el 2015. Esta legislatura se iniciará con la esperada llegada de los trenes Avril en el primer trimestre del 2024, lo que supondrá la extensión de los tiempos de la alta velocidad a las ciudades de la dorsal atlántica gallega. La circulación de estos trenes será un primer paso para mejorar los servicios ferroviarios, un objetivo que debe ser clave esta legislatura para acabar con las continuas incidencias y retrasos en el eje atlántico. En un contexto en el que los abonos gratuitos seguirán vigentes durante todo el 2024, el Gobierno se ha comprometido a solventar esta falta de fiabilidad que afecta a la vida diaria de muchos usuarios, que dependen del buen funcionamiento del servicio ferroviario para atender sus obligaciones laborales o académicas.
Este es el objetivo urgente de la legislatura que acaba de empezar. Pero también es necesario mirar hacia al futuro, una vez constatado el éxito indiscutible del ferrocarril en Galicia cuando ofrece tiempos competitivos y fiabilidad. Aprovechando la reforma del reglamento de las redes transeuropeas, se abrirá una ventana de financiación que debe aprovecharse para que Portugal y España afronten sin titubeos una conexión ferroviaria de altas prestaciones entre Oporto y Vigo, que sirva para vertebrar la eurorregión y las intensas relaciones económicas a uno y otro lado de la frontera. Esa búsqueda de la coherencia del eje atlántico debe llevar a su culminación también en el norte, con la mejora del eje ferroviario decimonónico que une A Coruña y Ferrol. La ciudad naval se quedará como la urbe gallega más aislada de la red ferroviaria de alta velocidad, pues es posible que Lugo inaugure en esta legislatura una conexión reformada y con más pretaciones que mejorará sus tiempos de viaje con Ourense y, por tanto, con el principal nudo de comunicaciones de la nueva red ferroviaria.
También será necesario afrontar la equiparación de la línea de alta velocidad gallega con los principales corredores españoles, eliminando los cuellos de botella en vía única y culminando la variante exterior de Ourense, sobre la que últimamente surgieron algunas dudas. Esta legislatura tiene que dar el impulso definitivo al corredor atlántico de mercancías, con su Plan Director, para mejorar los tramos de red convencional que apenas recibieron inversiones en los últimos años. También deberá aclararse el futuro de la conexión directa de alta velocidad con Pontevedra y Vigo vía Cerdedo, un proyecto que en realidad lleva veinte años congelado y que ningún Gobierno ha mostrado interés por reactivar.
3 Acabar la red básica de autovías y mejorar su conservación
Los fondos Next Generation de la UE que se aprobaron para hacer frente a las consecuencias de la pandemia apostaron netamente por el ferrocarril para seguir los preceptos del Pacto Verde europeo, que sitúa al tren como eje de la movilidad en la Unión. La inversión en carreteras queda por tanto relegada a nivel comunitario, y la disponibilidad presupuestaria de países como España está muy limitada: las necesidades de conservación absorben muchos recursos y, a pesar de esto, autovías gallegas como la A-6 y la A-52 presentan un estado deplorable del firme o sufren colapsos inéditos, como el del viaducto de O Castro, que no volverá a la normalidad hasta el verano del 2024 si se cumplen las previsiones. Es necesario acometer un ambicioso plan de conservación que garantice la seguridad en los principales accesos a Galicia. Se han dado algunos pasos, pero es necesario afrontar la situación con un planteamiento global. En los últimos años, debido precisamente a la carestía presupuestaria de los departamentos que gestionan las carreteras estatales, las autovías comprometidas hace veinte años aún están en obras o en proyecto. Es imprescindible terminar los dos últimos tramos de la autovía Lugo-Santiago, una conexión necesaria en un trayecto en el que no existe alternativa ferroviaria.
También hay que atender a comarcas que han quedado desconectadas de las vías de alta capacidad, como A Mariña, un territorio en el que el Ministerio de Transportes no ha avanzado con la A-74, pero tampoco la Xunta con el corredor norte hacia Ferrol.
También es necesario implementar una solución para la anomalía que supone que la A-52 no conecte directamente con Vigo. La A-55 es una vía colapsada por el tráfico y con un trazado infernal que explica su altísima siniestralidad, y la alternativa es onerosa porque exige la construcción de un gran túnel. Pero se trata sin duda de un proyecto que se justifica para desahogar una zona muy saturada de vehículos y avanzar en la seguridad vial para terminar con una dramática lista de accidentes.
4 Un pacto para sacar adelante la ley del litoral
El pasado 6 de julio, el Parlamento de Galicia aprobó la ley del litoral, con el apoyo del PP y la abstención de la oposición. Ese un texto clave para el desarrollo de la costa en la comunidad española con más kilómetros de litoral, y que permitiría, según la Xunta, completar el autogobierno sobre la costa, reforzar la seguridad jurídica de las empresas del sector mar-industria y avanzar en la preservación del medio ambiente. El texto avanzó en su tramitación a pesar de que el Gobierno central advirtió que la nueva normativa invadía competencias estatales que están recogidas en la Constitución.
Esa advertencia se tradujo el 10 de octubre en un recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional, con el fin de «velar y defender el cumplimiento» de la Carta Magna «en todo el territorio, también en Galicia». Y el tribunal, a petición del Gobierno, dejó en suspenso la aplicación de los artículos impugnados. En España hay cuatro comunidades que ya gestionan su costa: Cataluña, Baleares, Andalucía y Canarias. Todas ellas reformaron su estatuto de autonomía, cosa que no hizo Galicia. Pero el PSOE, en el pacto con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez, se ha comprometido a transferir esa competencia al País Vasco, aunque el artículo referente a la costa de su estatuto es igual que el de Galicia. Exactamente la misma redacción. La resolución de este conflicto en el Constitucional puede llevar años, un tiempo perdido de parálisis e inseguridad que obliga a que Xunta y Estado busquen una vía de entedimiento, un pacto por el litoral.
Reindustrializar para pasar ya de las palabras a los hechos
En materia económica, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también tiene importantes retos que salvar en la comunidad. La defensa de la industria como un sector con gran repercusión económica e impacto sobre el empleo estable y de calidad fue uno de los mantras de la anterior legislatura, y en Galicia el margen de actuación y los focos son muy claros.
5 Altri, Stellantis, Sentury, Maersk: millones de euros de inversión están a la espera
Van ya más de dos años desde que comenzaron a llegar los fondos europeos del programa de recuperación de la pandemia, y entre el enredo burocrático de los PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, a través de los que se canaliza el reparto de fondos) y la falta de apoyo explícito del Gobierno, que ostenta todas las competencias del proceso de reparto, se están poniendo en peligro inversiones por valor de más de 2.000 millones. La multinacional papelera Altri, de origen portugués, se ha visto obligada a retrasar la aprobación de su proyecto más ambicioso: la construcción de la mayor fábrica de fibra textil de origen forestal de Europa, en Palas de Rei (Lugo), con una inversión de 800 millones de euros. Stellantis Vigo espera la adjudicación de fondos del PERTE VEC para despejar su futuro y consguir que la multinacional ejecute una inversión de más de 600 millones. El grupo chino Sentury Tyre eligió As Pontes para construir una fábrica de neumáticos, con una inversión de 522 millones que creará 750 empleos. Su ubicación, en los terrenos de Endesa, neutralizará el impacto sufrido en la comarca por la desindustrialización.
A la espera de fondos y de avances en la tramitación se encuentra también la naviera danesa Maersk. La suya, con 900 millones de euros, es la mayor de las inversiones planificadas en Galicia vinculada a la descarbonización y a la ayuda europea. Y preocupa que la compañía haya dado prioridad a un proyecto gemelo en Huelva que anunciaron al mismo tiempo que el gallego.
6 Regular la eólica marina e impulsar infraestructuras energéticas
En materia energética, además de acompañar el proceso de transición que afecta de lleno a dos zonas de la comunidad —la de As Pontes y Cerceda— tras el cierre de sus centrales térmicas, el Ejecutivo tiene encima de la mesa una encomienda en la que Galicia se juega mucho: el lanzamiento definitivo del sector de la eólica marina. Con un recurso eólico de primer nivel y una industria de fabricación de cimentaciones de referencia en Europa, la comunidad aspira a desarrollar los primeros parques y a generar 8.000 nuevos empleos en los próximos años. El Gobierno anunció que antes de que termine el año saldrá a exposición pública el nuevo marco normativo que regulará el sector, con el fin de que los primeros concursos para la adjudicación de las capacidades de los parques puedan efectuarse en el 2024.
Por otro lado, el desarrollo de nuevas infraestructuras eléctricas es otro de los desafíos que la administración central tendrá que resolver para garantizar que las nuevas industrias planeadas en este territorio tengan el suministro necesario para acometer sus procesos productivos. La planificación de nuevas subestaciones es urgente para despejar dudas a esos inversores.
7 Rebaja del IVA de la carne y el pescado
El sector primario gallego lleva meses reivindicando que la carne y pescado sean incluidos entre los alimentos a los que el Gobierno ha aplicado una rebaja del IVA para contener la inflación en la cesta de la compra. Dicen que eso ayudaría a un sector castigado por una subida de costes de producción a la que se unen las consecuencias de fenómenos como la sequía o ahora las lluvias que están ahogando el marisco en las rías gallegas. De hecho, la publicación de un real decreto de ayudas para el marisqueo a pie es otra de las demandas que han hecho a Luis Planas desde Galicia. Y desde el sector del mar también se pide que haya un PERTE para la transformación de productos pesqueros o inversiones para renovar la flota y para investigación en energías alternativas.
En el campo están preocupados por la irrupción de la Enfermedad Hemorrágica epizoótica (EHE), que sobre todo está causando pérdidas elevadas a los productores lácteos. Desde Medio Rural piden al Ministerio de Agricultura que coordine una estrategia nacional para hacer frente a la patología, al tiempo que coordine los trabajos de investigación y producción de una vacuna. Y también quieren que se modifiquen los ecorregímenes de la política agraria común (PAC) para que estos se ajusten a la realidad de las granjas gallegas.
Información elaborada por R. Santamarta, P. González, X. Gago, Manoli Sío Dopeso, Beatriz Couce y María Cedrón.