La Xunta recurre la ley estatal de vivienda al considerar que vulnera competencias de Galicia

El Consello da Xunta autoriza este jueves a la Asesoría Xurídica Xeral a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley estatal de vivienda. El objetivo, expone el Gobierno gallego, es doble. Por una parte, defender las competencias exclusivas de Galicia en este tema; por otra, resolver las dudas sobre su aplicación que supuso su entrada en vigor en el mes de mayo del año pasado.

Con este recurso se pone fin al proceso de diálogo que se había abierto el verano pasado para tratar de acercar posturas. Tras cerrarse sin avances la comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central, la Administración gallega recurrirá a la vía judicial.

El recurso que ha preparado la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se basa en que la ley, además de resultar confusa en su redacción y presentar defectos técnicos, no respeta las competencias exclusivas de la comunidad gallega en materia de vivienda.

La Xunta considera que esta norma invade parte de sus competencias y genera confusión e inseguridad jurídica. También argumenta que ataca el derecho a la propiedad privada y que apuesta por un modelo intervencionista que Galicia no comparte.

Uno de los aspectos en los que la Administración autonómica hace más hincapié es el tratamiento de la ocupación de viviendas y las medidas que se introducen al respecto a través de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que a juicio del Gobierno gallego dificultan el desalojo ágil y con garantías de los inmuebles usurpados y aumentan el nivel de protección de las personas que okupan ilegalmente una vivienda.

La nueva regulación, argumentará el recurso de la Xunta, ampara que la okupación pueda suponer una forma de acceso preferente al parque público de vivienda en determinadas circunstancias, algo que, a juicio del Ejecutivo gallego, invade también las competencias autonómicas, puesto que el procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas compete en exclusiva a la Xunta.

Otro de los argumentos del recurso tiene que ver con las zonas de mercado residencial tensionado. A este respecto, la norma estatal habilita a las comunidades para su declaración y su regulación, pero la Xunta entiende que se fijan unos criterios tan detallados que en la práctica se priva a las comunidades de margen de maniobra y capacidad de decisión.

Desde el Gobierno gallego reprochan al central falta de diálogo en el proceso de tramitación de la ley. El 18 de enero se celebró una reunión entre representantes de la Xunta y del Estado, en la que la primera se comprometió a enviar un informe sobre los preceptos que consideraba necesario modificar. Ese informe, exponen desde San Caetano, fue remitido el 2 de febrero, pero como la respuesta no ha llegado y el plazo para interponer el recurso se agota, el Consello de la Xunta aprobará hoy la presentación de ese recurso que formalizará en los próximos días y que se sumará a los ya presentados por otras comunidades autónomas.

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