El Gobierno inicia los trámites para impugnar la decisión de Jácome de cesar al interventor
GALICIA
La directora general de la Función Pública ha dictado un oficio en el que pone los hechos en conocimiento de la Delegación del Gobierno para que actúe
15 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ordenó el cese del interventor municipal pese a que es un funcionario con habilitación de carácter nacional que accedió a su puesto por concurso. Para su remoción es necesario, por lo tanto, el visto bueno de la Administración General del Estado, y esta no solo no ha dado luz verde a la medida, sino que ha iniciado los trámites para impugnarla.
La directora general de la Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha dictado un oficio en el que pone los hechos en conocimiento de la Delegación del Gobierno para que tome las medidas oportunas. En el documento, alude a la condición de Gonzalo Alonso Álvarez como funcionario de habilitación nacional, y recuerda que «no cabe la aplicación de la remoción del puesto de trabajo del personal perteneciente a esa escala que ha obtenido el puesto por concurso».
El oficio hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional que subraya la importancia de estas normas estatales, «destinadas a asegurar la independencia y profesionalidad de los secretarios e interventores —los órganos de control— respecto de las Corporaciones locales, las entidades controladas». Así pues, la directora general de Función Pública insta a la Delegación del Gobierno en Galicia a aplicar el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece los procedimientos mediante los que la Administración General del Estado puede impugnar los acuerdos de las entidades locales que considere contrarios al ordenamiento jurídico.
Desde la Delegación del Gobierno explican que, tras recibir el oficio, enviarán al Concello de Ourense un requerimiento para que aporte la documentación que sustenta el cese del funcionario. A partir de ahí se decidirá qué medidas tomar. Una de las posibilidades es presentar un recurso contencioso-administrativo, algo que ya ha hecho el colegio de secretarios e interventores.