El Congreso acepta discutir el traspaso de la AP-9 a Galicia entre reproches sobre sus peajes y larga concesión
GALICIA
Todos los grupos, salvo Vox, se declaran a favor de volver a analizar la transferencia en la quinta vez que lo demanda el Parlamento de Galicia. 309 votos a favor y 33 en contra
11 jun 2024 . Actualizado a las 21:32 h.La inmensa mayoría del Congreso de los Diputados (309 votos a favor frente a los 33 en contra de los escaños de Vox) mostró este martes su predisposición a discutir la posibilidad de que Galicia se haga con la titularidad de la autopista AP-9, pero el respaldo mayoritario a la demanda hecha por el Parlamento gallego se trufó de un innumerable encadenamiento de reproches cruzados entre los propios parlamentarios enviados desde Santiago con una encomienda pactada por la cámara, ejercicio al que también se prestaron los demás portavoces de los grupos políticos de la que esta tarde han fijado sus posturas sobre el futuro de la principal vía de comunicación de la comunidad.
Los altos precios de sus peajes, las dos prórrogas que han prolongado la concesión a Audasa hasta los 75 años y la discriminación que sufre Galicia frente a otras comunidades en las que se ha ido eliminando el cobro por el uso de sus autopistas, han disparado un enfrentamiento dialéctico a costa de una aprobación generalizada a favor de que el Congreso presente en unos meses su propia propuesta sobre la transferencia de la AP-9 a la Xunta. Solo Vox, cuya portavoz este martes, Carina Mejías, fue la única no gallega que tomó la palabra entre los ocho intervinientes, se manifestó en contra del traspaso del vial, petición que además afeó sea defendida por el PP.
La proposición de ley abierta ahora en el Congreso es la quinta que remite el Parlamento gallego, aunque la tercera que llega a debatirse de manera efectiva, al ser vetadas las dos primeras del 2016 y el 2017 desde el Gobierno de Mariano Rajoy. El fracaso de todas ellas mereció para Ana Pontón la acusación de que ni PSOE ni PP han hecho lo posible por facilitar el desarrollo de una petición que este martes arrancará de nuevo tras haberse frustrado en las dos ocasiones anteriores por una larguísima tramitación en el Congreso y su decaimiento final por los adelantos de las elecciones generales.
El popular Alberto Pazos cargó en su turno contra el PSOE al asegurar que en realidad no quiere conceder dicha transferencia, al considerarla compleja el ministro de Transportes, Óscar Puente, o recordar que en la anterior legislatura los socialistas llegaron a solicitar hasta quince prórrogas para la presentación de enmiendas a la propuesta con la que se debería haber conminado al Gobierno central a pactar con la Xunta el traspaso del vial. «Galicia vai pedir o que lle corresponde, pero non se conformara con menos», aseguró el parlamentario popular, que calificó de «papel mollado» los acuerdos sobre las bonificaciones en la AP-9 y su transferencia a Galicia alcanzados entre el PSOE y el BNG a cuenta de las dos últimas investiduras de Pedro Sánchez.
José Ramón Gómez Besteiro, el tercer nominado por la Cámara gallega para defender la proposición de la transferencia, centró todos sus dardos en recordar el hecho de la que AP-9 sigue siendo hoy de pago a causa de la prolongación del contrato hasta el año 2048 que decidió José María Aznar antes de privatizar la concesión. «O PP vota cunha man —dijo sobre su postura en el Parlamento de Galicia en favor de la transferencia— e veta ca outra en Madrid», aseguró en referencia a las negativas de los Gobiernos de Rajoy a debatir sobre el traspaso, al alegar un posible desequilibrio para las arcas del Estado si se llegase a poner fin a la concesión, como llegó a figurar en las primeras peticiones salidas de la cámara gallega. «Queremos a AP-9, pero máis importante é a súa gratuidade, o importante é que se levanten as barreiras», agregó en su turno adelantando que entre el traspaso a la Xunta y la desaparición de los peajes, siempre se quedará con la segunda opción. En todo caso puso en valor las bonificaciones implantadas en el 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que como ejemplo subrayó suponen un ahorro de cien euros al mes a los usuarios de tramos como el de la cabecera de la autopista en Ferrol.
«Seguirán burlándose do pobo galego?», preguntó desde el atril Pontón al conjunto de los diputados al recordarles que es la quinta vez que desde Galicia se pide formalmente la transferencia de la AP-9. «É unha estafa legalizada», clamó a la vez que acusó «ás forzas estatais de alinearse contra os intereses de Galiza» y en cambio haber favorecido el rescate de las autopistas radiales de Madrid por presión de la banca. Su compañero de partido Néstor Rego calificó a mayores de «burla» que no se haya resuelto la demanda gallega tras años de peregrinaje del asunto por las Cortes.
Manuel Lago, diputado de Sumar, además de hacer suya la petición del Parlamento gallego, también incidió en el «escándalo» que significa a su juicio que Galicia vaya a ser en el 2048 una de las pocas autonomías que tengan que seguir pagando peajes hasta completar 9.561 millones de euros pagados por los conductores a lo largo de toda la concesión, como indicó recogen las cuentas públicas de Audasa. Lago criticó el sistema de bonificaciones implantado por el Gobierno que apoya su formación, al generar más beneficios para la concesionaria a cuenta de las arcas públicas, que son las que hacen frente al pago de un tráfico que aumenta precisamente por la rebaja de las tasas. «É un negocio redondo, un negocio privado soportado con cartos públicos», acuñó.
La socialista Obdulia Taboadela defendió la postura del PSOE en la Cámara con pullas directas al BNG y a Aznar, valorando en cambio las minoraciones de los peajes implantados en la AP-9 por Pedro Sánchez, mientras que el exconselleiro popular y ahora diputado Francisco Conde aprovechó la iniciativa para asegurar que el Ejecutivo central no gobierna, bloquea en el Congreso el normal discurrir de la petición de transferencia, o deja en nada los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el BNG sobre la autopista gallega.