Las víctimas de accidentes como el de Angrois podrán acceder a las investigaciones desde su inicio

Las víctimas y familiares de accidentes como el ferroviario de Angrois, el del pesquero Villa de Pitanxo, los aéreos de Spanair y el Yak-42, o el del metro de Valencia exigieron con insistencia básicamente lo mismo: información veraz, transparencia en las investigaciones y un trabajo independiente de los encargados de dictaminar cuál fue la causa de cada uno de los siniestros que acabaron costando la vida a 373 personas. Las futuras víctimas y allegados de afectados por situaciones similares tendrán que disponer de información de los hechos dentro de las 48 horas siguientes al accidente, ya sean de tren, avión o barco, tal y como se señala en el texto que la comisión de Transportes del Congreso acaba de consensuar sobre la creación de una Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes en los tres tipos de transportes públicos.

El articulado, al que solo le queda su aprobación en el pleno de la Cámara Baja, define cómo será y actuará la citada agencia, la cual, entre otras obligaciones tendrá la de «atender las necesidades de las víctimas directamente relacionadas con la investigación de que se trate y sus familiares, manteniéndoles informados, de manera clara y asequible, sobre el alcance y progreso de la investigación realizada». Al mismo nivel, los diputados colocan a las asociaciones de víctimas que suelen emerger tras siniestros graves, y estas, los propios accidentados o sus familiares, además de tener derecho a conocer con claridad qué ocurrió —si esa información no entorpece el análisis—, también quedarán legitimados para recibir los datos y explicaciones obtenidas durante las investigaciones, qué procedimientos se han seguido, los informes y conclusiones finales y las recomendaciones que se extraigan a raíz del propio suceso. Todo ello, antes de que esos informes se hagan públicos.

Una vez aprobado el proyecto de ley de la nueva autoridad, el Ministerio de Transportes quedará obligado a elaborar protocolos específicos para atender a las víctimas de siniestros graves.

El dictamen sobre cómo será la autoridad en la que quedarán unificadas las comisiones de investigaciones que existen hasta ahora sobre cada tipo de transporte, señala que este nuevo órgano no tendrá como objetivo señalar a los posibles responsables o culpables de los accidentes. El texto publicado ayer en el Boletín de las Cortes incide en el término «cultura justa» para referirse a una filosofía de actuación «en la que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por sus actuaciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y capacitación». La Autoridad para la Investigación de Accidentes se reserva una actuación diferente para los casos de «negligencia grave», infracciones intencionadas o actos destructivos.

El objetivo señalado para poner en marcha un órgano único de investigación de siniestros es el de «reforzar» su independencia, no solo puesta en cuestión por las víctimas y sus familiares en casos como el del Alvia, sino incluso también por la Agencia Ferroviaria Europea, que mostró sus dudas por la composición de sus integrantes.

¿Qué es accidente grave? Con un muerto, cinco heridos o más de dos millones en costes

En transporte ferroviario se considerarán accidentes graves las colisiones o descarrilamientos que causen al menos una víctima mortal, cinco heridos graves o costes de más de dos millones de euros. En aviación se abarca una amplísima casuística que parte incluso de las cuasi colisiones. En el mar, se incluirán hasta los accidentes de navíos españoles en el extranjero, pero no los yates con menos de 12 pasajeros o los de pesca de menos de 15 metros de eslora.

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