Un desguace de Vilagarcía importaba vehículos con residuos tóxicos del Reino Unido sin autorización

Serxio González Souto
Serxio González VILAGARCÍA / LA VOZ

GALICIA

GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil detuvo a siete personas y comprobó que en cinco años las instalaciones gestionaron cinco mil turismos

01 jul 2024 . Actualizado a las 21:07 h.

No es la primera vez que uno de los desguaces que funcionan en Rubiáns (Vilagarcía de Arousa) se coloca bajo el foco de las fuerzas de seguridad. Y no precisamente por su actividad legal. La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investigado a otras cinco en relación con el manejo de una cantidad ingente de vehículos y de sus residuos desde un establecimiento ubicado en la capital arousana. Las instalaciones, que carecían de cualquier tipo de permiso para llevar a cabo esta clase de trabajos, recibieron cinco mil turismos a lo largo de los cinco últimos años. Medio millar de ellos fueron importados desde el Reino Unido sin autorización alguna.

La operación, denominada Dashboard, arrancó en el puerto de Santander, donde la Guardia Civil detectó la llegada de camiones cargados de vehículos procedentes del Reino Unido, cuyo destino se encontraba a orillas del mar de Arousa. Al investigar el asunto, los agentes descubrieron que esta serie de desembarcos se llevaban a cabo también a través de otros puertos españoles y del eurotúnel de Calais, que comunica Francia con las islas británicas. Desde el inicio del Brexit, el desguace de Vilagarcía recepcionó 424 vehículos por esta vía, que se tradujeron un un volumen de seiscientos mil kilogramos de chatarra.

La colaboración de la Guardia Civil con la Unidad de Tráficos Ilícitos, Salud y Medio Ambiente de la Oficina Europea contra el Fraude permitió descubrir que en los últimos tiempos el negocio arousano estaba procesando automóviles de forma ilegal a un ritmo de 83 vehículos mensuales, que llegaban a Rubiáns tanto desde el extranjero como desde otros puntos de España. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) comprobó, además, que apenas recuperaban los fluidos de sus sistemas de aire acondicionado. Algo verdaderamente peligroso, puesto que este tipo de sustancias, los tetrafluoroetanos se volatilizan al contacto con el aire, pudiendo permanecer en la atmósfera hasta catorce años. «Unidos a sus características hacen que este gas forme parte de los que incrementan el calentamiento global, ponen en riesgo los sistemas naturales y, con ellos, la salud humana», subraya el Ministerio del Interior.

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Varios vehículos poseían el certificado de destrucción y descontaminación, pero los residuos no habían sido eliminados y en ellos permanecían aceites, líquidos de frenos o los citados fluidos de aire acondicionado, que en realidad deberían haber sido entregados a operadores autorizados para deshacerse de ellos. Mientras, una parte de los componentes de los coches eran colocados en internet para su venta.

Además del desguace, la Guardia Civil registró los domicilios de las personas relacionadas con la gestión de los automóviles y una nave agrícola próxima en la que se almacenaban cuatro mil neumáticos usados. Como el resto de los implicados, el propietario de esta instalación carecía de autorización para hacer algo así. Los investigadores explican que su ubicación, en un entorno forestal, representa un riesgo añadido.

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La operación condujo la semana pasada a la detención de siete personas y la  investigación de otras cinco en las provincias de Pontevedra y León. Se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad de los certificados de destrucción y contaminación de los vehículos, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y pertenencia a grupo criminal. Las pesquisas han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Vilagarcía y la Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra y contaron con el apoyo de agentes de las comandancias de Pontevedra y León.

El Seprona incide en que los vehículos destinados a desguace que procedan del Reino Unido deben disponer de la autorización expresa de las autoridades medioambientales españolas para poder llevar a cabo el traslado de los residuos. Los acusados ignoraron completamente este requisito.