Rueda acusa al BNG de priorizar la independencia cuando Pontón le insta a «acatar a Constitución» en vivienda
GALICIA
El presidente de la Xunta responde al PSdeG que aumentará su aportación al Servizo de Axuda no Fogar (SAF)
10 jul 2024 . Actualizado a las 15:32 h.Si algo estaba claro antes de empezar la sesión de control en el Parlamento gallego, la última hasta la vuelta de vacaciones en septiembre, era que Alfonso Rueda iba a recordarle a Ana Pontón el congreso de la UPG en el que se reafirmó el «obxectivo final» de alcanzar una Galicia «independente e socialista». La líder del BNG, frente de partidos donde la U es hegemónica, preguntó al presidente de la Xunta por su política de vivienda, tras «quince anos dinamitando» la promoción pública, y Rueda encontró la forma de introducir a la organización liderada por Néstor Rego al poco de iniciar su turno de respuesta: «No congreso quedaron moi claras as súas prioridades, non falaron aí de vivenda (...), falaron de independencia, monolingüismo e ideoloxización».
Como es habitual, ambos intercambiaron cifras que dibujan realidades distintas. La portavoz nacional del BNG le acusó de construir 40 viviendas desde el 2015, y el presidente gallego le rebatió que fueron 2.403 (según datos de la Xunta, estas son las construidas y entregadas desde el 2009); o que un 41 % del presupuesto en vivienda quedó sin utilizarse, pero Rueda elevó la ejecución de los fondos por encima del 80 %. «Non fixeron nada por garantir o dereito a unha vivienda e por riba boicotean e intentan impedir que outros o fagan», reprochó Pontón, que dirigió después su discurso a uno de los temas que los nacionalistas enarbolan en las últimas fechas: la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Santiago. Reprendió a Rueda por «boicotear» las «políticas valentes» en este concello, y también por no atender las peticiones de declarar zonas tensionadas en otros ayuntamientos.
En cuanto a lo primero, el presidente gallego recordó la intención del BNG, antes de las elecciones municipales, de regularizar la situación de los propietarios de las VUT inscritos antes de marzo del 2021 (cuando se inició la modificación del PXOM de Santiago), y apeló también a su compromiso de construir 20.000 viviendas protegidas en los próximos cuatro años, con 400 ya en ejecución. Rechazó establecer límites al alquiler, entendiendo que «retiran do mercado» a estas viviendas, y animó a la líder del Bloque a «fiscalizar» durante la legislatura su promesa de construir esos nuevos inmuebles de titularidad pública.
Pontón volvió a poner datos en cuestión, como que la mayoría de las viviendas entregadas en los últimos quince años se empezaron a construir durante el bipartito, y definió estos dos primeros meses de mandato de Alfonso Rueda como una «carreira propagandística enloquecida». Le acusó también de favorecer a los promotores, al elevar un 30 % el precio de la vivienda pública, pidiéndole que «se tome en serio os problemas da xente deste país». «Entre falarnos de comunismo e independencia, se atopa un momento, dígalle aos galegos e galegas se vai exercer as súas competencias para declarar zonas tensionadas e frear o incremento de prezos do aluguer», añadió Pontón, que le reclamó así «cumprir coa Constitución», lo que provocó quejas y murmullos en la bancada popular.
«Señora Pontón, vaia perla», se rio en su respuesta Alfonso Rueda. «Vostede, que acata a Constitución por imperativo legal, dime a min que eu a cumpra. Vaia perla», reiteró para concluir que él, «con gusto e convencemento», la cumple.
Subida del SAF
Mientras el BNG ha logrado abanderar el debate sobre las VUT, el PSdeG trata de hacer lo propio con las reclamaciones de los ayuntamientos a la Xunta. Sobre este asunto preguntó a Rueda el secretario xeral y portavoz de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, que acusó al presidente de sobrecargar con competencias que no le son propias a los concellos y, así, «facerlle pagar aos galegos e galegas». Enumeró el incremento del canon de Sogama por el tratamiento de residuos o la financiación de la Xunta al Servizo de Axuda no Fogar, que redujo a apenas 5 euros por hora.
Besteiro propuso que se fijen exenciones al impuesto a los vertidos y la incineración (que Sogama utiliza como argumento para subir el canon) como hace la Xunta «coas rendas mais altas». «Pero non o fai, porque vostede loita sobre o que lle interesa e apetece», continuó, para compararlo con el sheriff de Nottingham (el personaje de Robin Hood) y «quitarlle aos pobres para eximir aos ricos».
Rueda le contestó que, de los 21 euros por hora que pagan la mayoría de concellos por el SAF, según había estimado Besteiro de media, la Xunta aporta doce euros desde el año pasado. Expuso así que su Gobierno aumentó un 24 % la aportación autonómica al SAF en los últimos años, con un presupuesto total de 130 millones de euros este 2024, si bien reconoció que será «necesario» revisar al alza esta partida.
El presidente gallego recordó, siguiendo esta línea, el incumplimiento de la ley estatal de dependencia, que establece la financiación a partes iguales de estos servicios entre las autonomías y el Gobierno central. La Xunta calcula que el Estado le debe unos 2.500 millones de euros acumulados por esta descompensación, y que asume que ya no percibirá.