Vigilancia Aduanera acusa al vilanovés Braulio Vázquez de blanquear un millón de euros combinando una red de testaferros con negocios en la vanguardia tecnológica
01 ago 2024 . Actualizado a las 21:19 h.El martes 23 de julio el Servicio de Vigilancia Aduanera detenía en Ribadumia a Braulio Vázquez (Vilanova, 1981), quien durante años mantuvo la etiqueta de mirlo blanco del narcotráfico gallego. Su suerte a la hora de esquivar a las fuerzas de seguridad parece haberse agotado definitivamente. En septiembre fue condenado a nueve años de prisión y una multa de 433.000 euros por capitanear una organización que enviaba cocaína a Barcelona a través de automóviles. En breve volverá a sentarse de nuevo en el banquillo, acusado de haber participado en el macroalijo de 3.800 kilogramos de cocaína que en el 2020 fueron interceptados a bordo del remolcador MV Karar, la mayor intentona registrada en el confinamiento. La Fiscalía pide para él trece años de prisión. Ahora, una semana después de su última detención, la Agencia Tributaria concreta los detalles de una operación a la que ha denominado Frankenstein: el vilanovés está acusado de haber blanqueado más de un millón de euros combinando las fórmulas de toda la vida con sondeos inéditos en la industria de las criptomonedas. Junto a él, no arrestados pero sí investigados, figuran seis de sus familiares directos. El SVA sostiene que ejercieron como testaferros a la hora de adquirir bienes patrimoniales durante un período de tiempo nada despreciable: entre el 2004 (Vázquez tenía entonces apenas 23 años) y el 2021.
Fue el impago de aquella sanción de 433.000 euros como resultado de la operación Loureiro, liderada también por Vigilancia Aduanera, el que puso el foco de nuevo sobre sus actividades. Su unidad combinada en Vigo quiso investigar el elevado nivel de vida y las ostentosas propiedades que se asociaban a Vázquez. Tras una compleja pesquisa patrimonial, el SVA hizo aflorar lo que parece un entramado de blanqueo que supera el millón de euros. El paso siguiente contó con la colaboración de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra y del Grupo de Intervención y Reacción de la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera, que llevó a cabo cinco entradas y registros en domicilios y locales ubicados en los municipios arousanos de Vilanova y Ribadumia.
Como resultado se ha intervenido abundante documentación y material informático. En el entramado que se le atribuye a Vázquez figuran negocios de toda la vida, que apenas llaman la atención, como una peluquería. Pero lo verdaderamente novedoso es el conglomerado de tarjetas gráficas que Vigilancia Aduanera descubrió y se empleaban en la minería de las criptomonedas. Se trata, a grandes rasgos, de una actividad que utiliza ordenadores en red 24 horas al día para resolver problemas matemáticos y recibir como recompensa los criptoactivos recién creados. La granja —así se denomina el lugar en el que se llevan a cabo este tipo de procesos— funcionaba en el altillo de un establecimiento de máquinas de vending, en Ribadumia. Aunque las tarjetas cuestan un dinero, alrededor de cuatrocientos euros cada una, no es mucho más que calderilla frente a un patrimonio ilícito que podría rebasar el millón de euros. Esta constatación, unido al hecho de que no se le conozca al vilanovés formación profunda en materia tecnológica, hace sospechar a los investigadores que el narco arousano cuenta con asesoramiento en la vanguardia de los negocios virtuales y que estaría tanteando, a través de él, un nuevo nicho para el blanqueo de capitales.
Todo este material está siendo analizado por el cuerpo policial de Vigilancia Aduanera, al tiempo que el juzgado ha prohibido la enajenación de quince inmuebles para garantizar la ejecución de las condenas a las que dé lugar esta investigación. Aseguran quienes estuvieron con él que Braulio Vázquez asistió con verdadero aplomo a los registros. Es más, no dudó en afirmar, a lo largo de una de las inspecciones, que sabía que una investigación estaba a punto de caer sobre él y que la fuente que se lo había filtrado era un funcionario municipal.