El Gobierno recuerda que la atención a refugiados no tiene coste para Xunta y concellos
GALICIA
La Administración autonómica sí asume los gastos de competencias exclusivas como la sanitaria
20 ago 2024 . Actualizado a las 16:58 h.La llegada de refugiados a Galicia «no supone ningún gasto para la Xunta ni para los ayuntamientos». En ello insisten desde el Gobierno, que este martes precisó de nuevo que la atención a los inmigrantes procedentes de Canarias y que forman parte del programa de atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no tiene coste para la Administración autonómica ni local.
La Xunta recuerda que hay competencias exclusivas de la Administración autonómica como la sanitaria que sí generan un coste económico.
Los gastos de alojamiento, manutención y atención social a los refugiados —según los últimos datos, Galicia acogerá a unos mil— los asume íntegramente el Ejecutivo, quien tiene las competencias. Recuerdan desde el Gobierno que el ministerio solo traslada a personas identificadas por la Policía Nacional como adultos y, en el caso de la emergencia actual, la mayoría son hombres que tienen la condición de refugiados y que huyen de la guerra de Mali. La mayoría iniciaron la solicitud de asilo.
A su llegada, son atendidos por técnicos de atención social que se encargarán de cubrir sus necesidades. El Gobierno señala que «existe una comunicación permanente y fluida con la Xunta para informarles de las previsiones» con las que trabajan y afirma que, cuando se acerca la fecha de la llegada, avisan a los ayuntamientos a través de la Delegación, Subdelegaciones o entidades sociales.
El lunes, la Xunta reclamó, una vez más, «claridade» al Gobierno para poder organizar el plan de acogida de los refugiados en las competencias exclusivas de la comunidad, como sanidad y educación, ante la previsión de que las llegadas a corto plazo superen las mil.
La cifra de inmigrantes procedentes de Canarias que recibirá la comunidad supera ahora el millar. Más del doble de las llegadas que defendía el Gobierno entonces (470) y un número más cercano al que confirmaban fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade (más de 700).