No es la primera vez que el Estado elige Galicia para establecer modelos rebajados de aspectos que atañen al territorio o al sistema de infraestructuras respecto a los preexistentes en el país, en un afán de ahorrar y establecer categorías que acaba creando comunidades de primera y de segunda. La aplicación al caso de la red ferroviaria es uno de los ejemplos más claros y recientes de esta política: en España las líneas de alta velocidad (Sevilla, Barcelona, Valladolid, Málaga, Valencia…) se construyeron con vía doble, respetando las líneas convencionales, que ahora se utilizan para mercancías y servicios regionales. Hasta que en Galicia se construyó por primera vez una línea de alta velocidad aprovechando una línea preexistente: el eje atlántico, con el resultado de que no permite circular a más de 200 km/h, muchas poblaciones se han quedado sin tren y hay dificultades para compatibilizar viajeros y mercancías.
Con todo, el ejemplo más grave y perjudicial es la línea que une Galicia con la Meseta, donde el imaginativo diseño de rebajas se ha superado a sí mismo: de una parte se condena al 35 % del itinerario (desde Ourense a A Coruña y Vigo) a disponer de un ancho de vía —el ibérico— diferente al de todas las líneas, lo que exige trenes especiales e impide establecer servicios en competencia. Y, por vez primera, en el 2021, se inaugura una línea, entre Olmedo y Ourense, sin terminar y con 122 kilómetros (el 37 %) en vía única. Conviene decir que esta situación es la causante de un aumento del 10 % de los tiempos de demora de los trenes afectados, cuando los contrarios circulan con retraso, debido a la obligada espera hasta que aquellos dejen libre la línea. Tercermundista es poco para calificar esta situación, propia de la circulación de los trenes en el siglo XIX.
Tras Galicia, la vía única se extendió a Asturias, y se está aplicando en Cantabria, Extremadura, Granada… Urge que los representantes de Galicia tomen conciencia de esta situación y hagan su trabajo, reclamando al Gobierno la aplicación en Galicia de los mismos criterios que los implantados en España, algo que exigen los reglamentos de interoperabilidad de la UE.