Un estudio afirma que Galicia redujo fondos de dependencia, y la Xunta replica que subieron y el Estado le debe 2.500 millones
GALICIA
El Gobierno gallego aporta más del 59 % de la financiación de esos servicios, aunque la ley prevé un reparto al 50 %
23 sep 2024 . Actualizado a las 20:07 h.La Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales ha publicado un informe sobre la financiación del servicio de dependencia que dice que en el período 2020-2023 el Gobierno aumentó su aportación «en un 138 %» frente a un 9 % de las comunidades. El documento añade que la aportación del Gobierno alcanzó en el 2023 «el 29 % frente al 71 % de las comunidades».
Ese documento apunta que Castilla y León, Galicia y Aragón «hicieron caja» con ese incremento, ya que aliviaron las arcas autonómicas en vez de aumentar la atención a los dependientes. El texto considera además «especialmente sangrantes» los «recortes» en Galicia, «ya que es la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente, 16 %, frente al 23 % de media nacional». Pese a ello, según el documento, la Xunta aporta más del 59 % de la financiación.
Fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade replicaron que el presupuesto este año para atención a la dependencia es de 655 millones, un 24,2 % más que en el 2023.
Añadieron que la Xunta asume «la mayor parte» de esa cantidad, porque el Gobierno sigue «incumpliendo la cofinanciación a la que obliga la ley». En enero, el ministro Pablo Bustinduy se marcó como objetivo llegar al 50 % de financiación durante ese año. El déficit ha causado hasta ahora una deuda acumulada de «2.500 millones de euros». De ahí que rechacen la expresión «hacer caja».
Las mismas fuentes señalan que el número de personas atendidas en Galicia entre el 2020 y el 2023 subió en más de 11.000. A día de hoy ya son 75.850, «lo que hace que Galicia presente una de las ratios de atención más elevadas de España superando el 98%, según datos del propio Ministerio de Derechos Sociales».
La Xunta rechaza la categorización de «dependiente potencial» del informe: «No podemos compartir que todas las personas mayores de 60 o 65 años entren en esta denominación, ya que cada vez más gente sobrepasa este umbral de edad con una mayor autonomía».
Además «ningún criterio del Gobierno» recoge esa categoría de «potencialmente dependiente» para fijar la financiación. El Ejecutivo «sufraga parte del coste» de la atención a personas que reciben un servicio o prestación por tener la dependencia reconocida.