La Xunta dice que la propuesta del Gobierno para la transferencia del litoral «non cumpre coas expectativas»

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

GALICIA

El borrador enviado por el Ejecutivo incluye cláusulas que no aplicó a otras comunidades autónomas

09 oct 2024 . Actualizado a las 19:55 h.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó ayer que la propuesta inicial del Gobierno para transferir a Galicia las competencias sobre el litoral no trajo «as mellores noticias» y advirtió que la Xunta exigirá «as mesmas condicións que outras comunidades». La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reforzó hoy ese mensaje al señalar que el borrador «non cumpre as expectativas que puxo enriba da mesa, pero sobre todo as expectativas que recibiron o aval do Tribunal Constitucional». Además, el texto no detalla ni la plantilla ni los medios materiales que el Gobierno prevé transferir a la Xunta.

Vázquez habló tras conformarse la comisión interdepartamental de la Xunta para desarrollar la ley del litoral, de la que forman parte cuatro consellerías: Presidencia, Xustiza e Deportes; Cultura, Lengua e Xuventude y Mar. Sus titulares, Diego Calvo, José López Campos y Alfonso Villares, acompañaron a Vázquez.

La titular de Medio Ambiente consideró que la inauguración de la comisión es un «gran día para Galicia», entre otros motivos porque envía al Gobierno el mensaje de que la Xunta está en disposición de ejercer sus competencias sobre la costa. No solo de planificación, sino con la concesión de títulos habilitantes y la elaboración de informes sectoriales con visión integral desde o «eido medioambiental».

Pero el borrador ha dejado la sensación de que el Ejecutivo trata a la Xunta como una «mera administradora» y no como la «institución competente» para gestionar la costa, señalaron después fuentes del gobierno gallego.

El motivo es que hay diferencias entre la propuesta del Gobierno y las transferencias a otras comunidades. A Galicia se le cedería la gestión de las concesiones que amparan «usos especialmente intensos, rentables o peligrosos, así como los privativos, con obras o instalaciones desmontables que, por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a cuatro años». A Baleares, Canarias, Cataluña y Andalucía se les transfirieron las de duración superior a un año.

La propuesta prevé que las actas de entrega de inmuebles, mobiliario, equipos y material se firmen en tres meses, cuando en Canarias, Cataluña y Andalucía se firmaron en un mes.

Además, el Gobierno se reserva la sanción en los supuestos de títulos cuya gestión no corresponda a la Xunta. Esa cláusula no aparece en el decreto de transferencia a ninguna otra comunidad.

Esas diferencias no son irreconciliables porque, como señaló la conselleira, todavía queda la negociación en la comisión mixta de transferencias. Vázquez pidió al Ejecutivo establecer ese diálogo de forma «leal» y «non anquilosada» por las diferencias del pasado, ya que las pretensiones de Galicia están avaladas por una sentencia del Constitucional que avaló la ley autonómica.

El ponente del Constitucional

El responsable del dictamen, el magistrado César Tolosa Tribiño, participó en Vigo en unas jornadas sobre la regulación del litoral. En su intervención, Tolosa explicó las razones que llevaron al tribunal a declarar constitucional la norma gallega frente a la postura del Estado, que denunció una invasión de sus competencias en materia de dominio público. Detalló la postura estatal, que «defendía la exclusividad» de su competencia sobre el dominio público y sobre el litoral, frente a la de Galicia, que sostuvo la «posición más flexible» de que el Estado podía «mantener sus competencias sin perjuicio de las de la comunidad». Esa fue la tesis que él defendió ante el tribunal y la que obtuvo su «respaldo unánime».