En pleno debate sobre la transferencia de la vía y la legalidad de su concesión, Globalvía vende al grupo APG su paquete del 40 % de Itínere, la empresa dueña de Audasa y que tiene también la gestión de la AP-53, la A Coruña-Arteixo y Vigo-Baiona
16 oct 2024 . Actualizado a las 20:05 h.Las autopistas gallegas tienen ya un único dueño, el que desde el verano del 2022 era su máximo accionista. Ese grupo inversor, llamado APG y con sede en los Países Bajos, ha pasado a controlar prácticamente el 100 % de la compañía Itínere, que es a su vez la concesionaria, entre otras, de las autopistas estatales AP-9 (la autopista de Ferrol a Tui) y AP-53 (Santiago-Lalín), y de las autonómicas AG-55 (A Coruña-Arteixo) y A-57 (Vigo-Baiona). APG tenía hasta ahora el 56 % del grupo. Es una de las mayores gestoras fondos de pensiones del mundo. Administra las pensiones de 4,6 millones de personas, y gestiona aproximadamente 577.000 millones de euros en activos. Entre ellos, unos muy rentables en Galicia, esas cuatro autopistas. En España cuenta además con la León-Oviedo y otras dos en el País Vasco y Navarra.
Para llegar a ese 100 %, APG se ha hecho finalmente, y tras una larga negociación, con el paquete accionarial de Globalvía, un 40 % del capital (39,64 en concreto), por una cantidad que no ha trascendido; queda además un pequeño grupo de accionistas minoritarios. «Esta transacción forma parte de un conjunto de acuerdos que resuelven todos los litigios pendientes relacionados con la participación accionarial en Itínere», explica la propia Globalvía. Desde hace dos años las dos empresas estaban en pugna por esa participación, que viene de la venta cruzada de Sacyr, que en su momento fue accionista de referencia de Itínere.
«Este conjunto de acuerdos refleja el compromiso de las dos compañías por resolver las disputas sobre Itínere cerrando los desacuerdos que se habían alargado en el tiempo». Globalvía, que es una firma con sede en España, entró por primera vez en Itínere en el 2018 (comprando participación a las antiguas cajas de ahorros y a Corsair capital, un fondo especulador), y fue aumentando su participación hasta llegar al 40 % en el 2018.
Esta operación llega en un momento muy tenso para el futuro de la AP-9, con dos frentes abiertos. Por un lado, la Comisión Europea está evaluando si fue legal la prórroga de la concesión que dio el Gobierno de José María Aznar para permitir que llegue hasta el 2048 (tendría que haber finalizado esa concesión en el 2023). Y por otro, la posible transferencia a Galicia de su gestión, un asunto que hoy mismo volvió a ser abordado en el Congreso de los Diputados, con un voto mayoritario a favor de ese traspaso a la Xunta. El primer punto es el más relevante para Itínere, porque podría implicar un proceso judicial por compensaciones millonarias contra el Estado español, que es el dueño de la vía.
¿Y cómo afecta este cambio accionarial a los usuarios de las autopistas? En la práctica, en nada. Tendrán que seguir pagando sus peajes a una sociedad filial de Itínere, Audasa en el caso de la AP-9. Esta empresa obtuvo el año pasado 82 millones de euros de beneficios. Ese dinero, según la compañía, no va a dividendos para sus accionistas; es decir, no se va para los pensionistas holandeses. Desde hace veinte años las ganancias se destinan a reducir el endeudamiento que le generó la adquisición la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), propietaria de la concesión de la AP-9, por 1.622 millones de euros.