La Xunta y la familia de la víctima del crimen machista de Beatriz Lijó en Baiona piden 30 años por asesinato
GALICIA
Reclaman la pena máxima para Ángel Rodríguez porque el acuchillamiento de su exmujer se perpetró ante sus hijos menores
17 oct 2024 . Actualizado a las 11:25 h.La Xunta y los tíos de los hijos de la víctima del crimen machista de Baiona han solicitado que el exmarido sea condenado a 30 años de cárcel como autor de un asesinato porque se perpetró con alevosía, ensañamiento y delante de sus hijos menores. Tanto la Administración gallega como la familia de los menores se han personado como acusación popular en el proceso contra Ángel Rodríguez, actualmente en prisión provisional como autor confeso de la muerte el 5 de febrero del 2023 de su exmujer, Beatriz Lijó, de 47 años, en el portón de su casa de Baiona ante sus dos hijos menores.
La acusación popular propone que ambos menores sean indemnizados con 250.000 euros cada uno. El hecho de que presenciasen la muerte violenta de su madre implica una agravante por dañar la integridad moral de ambos pequeños. El investigado se apeó del coche con los menores, de 7 y 9 años, armado con un hacha y un cuchillo y atacó a su exmujer. Tras el crimen, el implicado, un profesor de instituto, llevó a los niños a la casa de la abuela en la cercana parroquia de Sabarís y huyó a Ourense, donde se entregó a la policía. Beatriz Lijó tenía dos hermanos, que son los que ejercen la acusación popular en beneficio de sus sobrinos.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo está a punto de cerrar la investigación, comunicar las peticiones de penas y trasladar el caso a la Cuarta Sección de la Audiencia Provincial, con sede en Pontevedra, y especializado en violencia machista, para que celebre un juicio por jurado, previsiblemente en el 2025.
La defensa aún no ha contestado a las acusaciones porque está a la espera de que le notifiquen el escrito de acusación de la Fiscalía, pendiente de conocer por las partes. Según fuentes cercanas al caso, el abogado de Ángel Rodríguez no va a pedir la absolución porque confesó el crimen, en el que usó un cuchillo y un hacha, y colaboró con la Guardia Civil para localizar una de las armas homicidas.
El letrado de Rodríguez defenderá que, en realidad, se cometió un homicidio (una riña o pelea que desembocó en una muerte), lo que supone una pena más baja, entre 10 y 15 años, que el asesinato. Ve posibles eximentes que pueden beneficiar al investigado, como el hecho de que este actuó bajo una alteración psíquica con un arrebato y una obcecación que anuló su entendimiento. Sugiere, además, una rebaja de la condena por la atenuante de confesión.
El escrito de la Fiscalía todavía no se conoce porque ha habido un retraso en el cierre de la investigación judicial a causa de un recurso presentado por una de las partes para retrotraer unas actuaciones. Es cuestión de días que el fiscal entregue su informe provisional donde califique el delito.
Los escritos de la acusación popular, que ya se conocen, inciden en que se trata de un delito de asesinato (el sospechoso planificó la muerte para pillar a su víctima indefensa). El asesinato está penado con 15 a 20 años de cárcel pero que se puede elevar a 25 si se añaden, en su grado máximo, las agravantes de alevosía (actuar con malicia y premeditación) y de ensañamiento (hacer sufrir deliberadamente a la víctima a sabiendas de que va a morir). En este caso, el investigado se apeó del coche portando dos armas blancas consigo, lo que prueba la premeditación, y acto seguido, de forma sorpresiva, le dio un hachazo mortal en la cabeza a su exmujer y siguió luego acuchillándola. Por ello, las acusaciones populares entienden que, además de alevosía, hubo ensañamiento.
Los restantes cinco años para elevar la petición de pena hasta los 30 se explican porque las acusaciones populares solicitan que el tribunal del jurado aplique las agravantes de parentesco (la fallecida era su exmujer) y de ataque a la integridad moral de los niños (por haberles obligado a presenciar el crimen, un episodio tan violento que les puede haber generado un trauma psicológico de por vida).
No está claro si la Fiscalía podrá probar el ensañamiento cuando redacte su escrito de acusación, pero es previsible que incluya las agravantes de alevosía (fue armado a ver a su víctima con intención de matar y se deshizo de su móvil para ocultar su rastro), la de parentesco y la de daño a la integridad moral de los menores. La indemnización que el fiscal pida para los menores se conocerá dentro de unos días.