El frente de alcaldes de la AP-9 pedirá que la autopista pague el IBI aunque llegue a ser gratuita

Representantes de 25 de los 34 municipios atravesados por la autopista AP-9 se plantearán este jueves en Abegondo impulsar una plataforma para tratar de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Audasa hacia sus consistorios y lograr compensaciones en los peajes para sus vecinos. José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y convocante de la reunión, defiende que los ayuntamientos por los que discurre el vial son los más afectados por una infraestructura que condiciona su urbanismo, limita su urbanización y no ofrece, como en el caso de Abegondo, salidas o entradas en el trazado de la AP-9.

Al encuentro tienen confirmada la asistencia representantes de gobiernos municipales de distintas formaciones políticas, tanto de las provincias de A Coruña como de la de Pontevedra. Ha rechazado asistir, en cambio, el Concello de Santiago, pese a que inicialmente la propia alcaldesa había aceptado la invitación, según asegura Santiso. No han respondido a la convocatoria desde los consistorios de Vigo y Pontevedra.

«Transfieran o no la AP-9 a la Xunta, pase a ser gratuita o sigan cobrando, tiene que cumplirse el contrato y deben seguir pagando el IBI hasta el 2048», advierte el alcalde de Abegondo, en alusión a la fecha de conclusión de la concesión tras las dos prórrogas otorgadas a Audasa. Santiso recuerda que la autopista solo ha pagado un 5 % de los impuestos por la ocupación de suelo durante 50 años. «Ahora que hemos conseguido que abonen todo lo que le corresponde, como cualquier otra empresa o particular, no vamos a perdonar un pago que es el mínimo con el que nos pueden compensar, no solo por las expropiaciones, sino por las afecciones que origina el trazado para el desarrollo de nuestros municipios», continua el alcalde de Abegondo.

Una asociación de afectados

Él planteará hoy al resto de los representantes municipales que el frente de alcaldes se constituya como una asociación de afectados por la AP-9. Para estar vigilantes en los pagos del IBI por parte de la concesionaria, pero para reclamar también descuentos en los peajes para los residentes en los municipios por los que pasa la autopista. «Es algo razonable, que quienes la sufren, tengan una compensación directa, como ocurre en el País Vasco o Cataluña», apunta el organizador del encuentro. Su concello ha pasado de ingresar 27.000 euros al año a 595.000 ahora por el IBI de la AP-9. «Es el 15 % del presupuesto de nuestro ayuntamiento, y lo hemos conseguido por una pelea en la que, tengo que decirlo, las diputaciones no han hecho nada y se llevarán ahora el 5 % por gestionar ese cobro», lamenta.

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