La Policía Nacional acusa a Miñanco de hacer entre el 2016 y el 2018 «incontables entregas» de alijos de cocaína que no se requisaron
GALICIA
El instructor de las diligencias detalló el funcionamiento de la organización que se juzga en la Audiencia Nacional y cómo se decomisaron los dos portes que se atribuyen al gallego; uno de ellos implicó amenazas de los proveedores colombianos a implicados en Galicia y sus familiares
18 nov 2024 . Actualizado a las 17:33 h.Sin gafas y con lentillas, con el pelo largo y de un tono rubio hasta ahora nunca visto. Vestía abrigo y pantalón negro, polo de manga larga azul claro y una bufanda rodeando el cuello. Sito Miñanco reapareció esta mañana tras seis años encarcelado, junto a allegados y a uno de sus letrados, para comparecer en la primera sesión de su último juicio en la Audiencia Nacional. Se juega pasar otros treinta años entre rejas por liderar entre el 2016 y el 2018 la última organización de narcotráfico que se atribuyó al de Cambados. Ya en sala, Miñanco guardó silenció y esperó, junto a la cuarentena de procesados, a la resolución de las cuestiones previas de un juicio señalado hasta febrero. Principalmente las que reclamaban el aplazamiento. El magistrado presidente de sala, Alfonso Guevara, las desestimó con rapidez y dio muestras de su carácter y forma estricta al conducir las vistas.
El cerebro de la investigación e instructor de las diligencias de la Policía Nacional fue el primero en declarar en condición de principal testigo de la Fiscalía Antidroga. Su relato cronológico de las pesquisas dibuja una organización con numerosos tentáculos entre Sudamérica y Centroeuropa, Europa del Este y Marruecos. Ya en España, se repartía entre Marbella, Madrid y O Salnés. «Una empresa perfectamente engrasada» que solo entre los años 2016 y 2018 consumó «incontables entregas» de alijos de cocaína que los cuerpos policiales no pudieron requisar pero saben que se hicieron, y por los que Miñanco se habría enriquecido a la vez que cumplía en Algeciras el tercer grado de una condena del 2004 por los mismos motivos: importar cinco toneladas de cocaína.
«Lo abarcan todo, desde la construcción de lanchas hasta el más último detalle. Naves, un astillero, mucha gente a sus órdenes, numerosos coches que se intercambiaban a diario, contravigilancia, tecnología para detectar si los seguimos, teléfonos encriptados. Yo es la más grande organización a la que he investigado, gente muy profesional, casi imposible de seguir porque nos detectan en menos de un día», confesó el alto mando de la Policía Nacional, que incluso se permitió cierta ironía al retratar el día a día de la banda de Miñanco hasta su arresto en el 2018: «No se piense [dijo el policía a la Fiscalía] que son gente que está de copas o de fiesta. Unos auténticos trabajadores, día tras día».
El inspector de la Policía Nacional relató la letra pequeña de los dos alijos de cocaína que se le imputan en este procedimiento (se le atribuye otro de 65 kilos de marihuana). El primero se requisó en un buque en octubre del 2018 en el Atlántico. Pesó 3.200 kilos. La Policía Nacional asegura que Miñanco organizó todo para que una lancha recogiera el porte en alta mar. La tesis acusatoria sostiene que Miñanco conoció el decomiso y ordenó hundir la planeadora que salió del astillero de Cambados al que estuvo cuatro décadas ligado. También ordenó a una de sus personas de confianza que saliera al encuentro de la tripulación de la planeadora para traerla a tierra. En aquella lancha estaba, según la investigación, un ciudadano holandés que representaba al dueño real de la mercancía, natural de Marruecos.
Más difícil de justificar para Miñanco y su gente fue la pérdida del otro alijo requisado. 750 kilos en un contenedor en Holanda. Zarpó de Ecuador, aunque el polvo blanco se cocinó en Colombia. Los dueños de la mercancía no creyeron la versión dada por la gente de Miñanco. Un hijo del patriarca del clan se personó en España. Tuvo reuniones en Barcelona y Madrid para exigir documentación policial oficial que demostrase que el alijo fue requisado, cómo, dónde y de qué manera. Los papeles aparecieron finalmente y el colombiano, añadió este lunes en el juicio el testigo policial, incluso se disculpó por sus formas violentas. Su enfado le había llevado a amenazar al lugarteniente de Miñanco, el colombiano Quique Arango. Él y su familia, en Colombia, corrieron peligro de muerte hasta que se obtuvieron las diligencias que confirmaban la incautación de droga.
Buena parte de lo manifestado por el instructor de los atestados policiales está basado en confesiones que muchos de los implicados en la causa, y juzgados desde este lunes, verbalizaron sin saber que micrófonos recogían cada palabra y confesión. A medida que el juicio avance, los audios más incriminatorios se irán reproduciendo.
Gonzalo Boye
El mismo mando policial testificó que el abogado Gonzalo Boye dirigió trámites para que la red de Sito Miñanco recuperara casi 900.000 euros que le fueron incautados en el aeropuerto de Barajas. Boye, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.
Una de las personas que llevaba parte del dinero, acusada también, manifestó en Aduanas del aeropuerto que era dinero de su empresa, pero el inspector ha asegurado que «es mentira».«Al incautarse el dinero —añadió el agente— perdieron los nervios y comenzaron a decir que había que recuperarlo y contactaron para ello con abogados, que no les ayudaron desde el punto de vista legal sino que falsearon documentos para recuperar el dinero mediante el uso de unos pagarés que ya fueron usados para justificar otras cantidades ya incautadas en una operación de narcotráfico anterior».
Según el inspector de la Policía Nacional, Gonzalo Boye era el abogado que dirigía los trámites para justificar el dinero intervenido. A su salida de la Audiencia Nacional, Gonzalo Boye declaró a los periodistas: «Estoy aquí acusado por hacer mi trabajo como abogado». Boye llegó a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts, para quienes el juicio contra él por presunto blanqueo de capitales es «un montaje con claras motivaciones políticas».
La Audiencia Nacional ha ordenado búsqueda y captura de uno de los acusados, Robert M., que se enfrenta a una petición de 12 años de prisión, al no haber comparecido a la vista.