Un exconselleiro mayor de Contas y el titular de Facenda defienden que el Álvaro Cunqueiro se financió por el único modelo viable
GALICIA
La oposición pide más comparecencias en la comisión parlamentaria para investigar esa obra y los contratos de la Xunta
28 nov 2024 . Actualizado a las 19:18 h.El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, compareció hoy en la comisión parlamentaria que investiga los contratos de la Xunta y licitación del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Corgos afirmó que el modelo concesional elegido era la «única opción viable» para construir el centro en medio de la crisis económica.
El titular de Facenda reprochó al BNG y al PSdeG que critiquen un mecanismo que permitió no aumentar la deuda autonómica. Además, recordó que el Gobierno bipartito que conformaron esas dos formaciones entre los años 2005 y 2009 solicitó un informe de viabilidad para el centro que también recomendaba acudir a ese mecanismo.
Consideró además que el plan del bipartito de construir el hospital a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) habría sido menos transparente, pese a emplear el mismo sistema.
Sobre los contratos menores firmados por la Xunta, otro de los temas de la comisión, Corgos defendió su legalidad y afirmó que todos deben superar los controles de la Intervención Xeral de Galicia y de otras instituciones como el Consello de Contas.
También hoy declaró en la comisión Alfredo Fernández Rancaño, representante de la consultora Garrigues, quien advirtió que recurrir al SPI habría tenido un «impacto» en la deuda de Galicia.
Garrigues realizó un informe en el 2008, bajo el bipartito PSOE-BNG, sobre la construcción de la infraestructura. Fernández Rancaño afirmó que aquel Gobierno quiso «sondear» la colaboración público-privada como método para levantar el hospital. La opción óptima, según el informe, sería constituir una sociedad mixta, participada en un 90 % por capital privado y un 10 % de capital público.
La exconselleira María José Caride recordó el miércoles que el bipartito rechazó esa alternativa y planteó levantarlo a través del SPI, lo que a juicio de Garrigues habría impactado en el endeudamiento, con posibles consecuencias por incumplimientos de las reglas fiscales de la UE.
También el ex conselleiro mayor del Consello de Contas, José Antonio Redondo, consideró que la colaboración público-privada era el «único modelo óptimo». Redondo, catedrático de Economía Financiera, añadió que esa fórmula era la única que garantizaba la construcción, y no quiso aventurar otros escenarios porque el hospital podía ser «máis barato ou menos barato, pero a alternativa de non facer nada dende logo era moito peor».
Los diputados del BNG centraron sus intervenciones en las contradicciones que hay entre los dos informes sobre la viabilidad del hospital. Esos informes fueron encargados a la consultora PricewaterhouseCoopers, cuya comparecencia fue vetada por el PP, dijeron los nacionalistas.
El parlamentario Óscar Insua solicitó de nuevo esa comparecencia tras la intervención de Alfredo Fernández Rancaño, que sí fue aprobada por los populares.
Insua afirma que las diferencias entre esos informes sobre el perímetro concesional, que fue ampliado, permitió que las empresas «gañen máis cartos a conta dos galegos». «Este é o gran problema, cambian o perímetro concesional nun tris, que é o que pon en tea de xuízo tamén o Consello de Contas», afirmó.
Por su parte, el parlamentario Iago Tabarés, también del BNG, preguntó al conselleiro Corgos por el «abuso» de contratos menores durante la pandemia para «beneficiar a empresas amigas» del PP. Tabarés consideró que la firma «mes a mes» de contratos menores para prestar un mismo servicio «non é legal e non sei se beneficia a moitas adxudicatarias, pero si beneficia a Eulen», donde trabaja una familiar de Alberto Núñez Feijoo.
También la socialista Patricia Iglesias se refirió a las «irregularidades e falta de transparencia» en los contratos menores del PP en la Xunta. Consideró que no es algo anecdótico, sino «estrutural, e empeorou durante a pandemia».
Iglesias señaló por ejemplo que la empresa de la «irmá de Feijoo recibiu 124 contratos menores a dedo en 2023 por un importe de 1,6 millóns de euros». Además, advirtió que desde el 2018, el grupo Eulen, «tamén vinculado á familia Feijoo, acumulou máis de 1.300 contratos menores cun valor próximo aos 5 millóns de euros, representando unha adxudicación case diaria».
Su compañera de filas, Elena Espinosa, se centró en el Álvaro Cunqueiro y lamentó que se haya vetado la comparecencia de Alberto Núñez Feijoo, que «tivo responsabilidades no que se investiga». Espinosa señaló que el contrato del hospital estaba previsto «para un tema concreto», pero luego se amplía «a outras unidades onde non concorren as circunstancias de obra e explotación».
Por su parte, Roberto Rodríguez (PPdeG) consideró que la intervención del representante de Garrigues demostró que la colaboración público-privada era la única alternativa válida para levantar el hospital, por lo que consideró que «non hai caso» y que el tema «morreu».