Resuelta la intensa regueifa entre la Xunta y el Gobierno del Estado sobre el litoral con el traspaso de las competencias de gestión del litoral, luego del éxito en el Constitucional de la ley de litoral gallega, con el acuerdo en la transferencia alcanzado a día de hoy se resuelve un problema de gestiones y autorizaciones limitadas de los permisos en la zona litoral, así como en las instalaciones y autorizaciones o concesiones de la zona marítimoterrestre o litoral, en un marco legislativo que ha sido modificado por el Gobierno de Sánchez en la ley de cambio climático en el 2021, incluyendo cambios sobre la ordenación de la costa entre los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, reflejo de la que existe en la sociedad.
Es en ese marco de tensión política entre diferentes intereses (recordemos la prórroga por 60 años de Ence) sobre la gestión del litoral, donde se puede encuadrar el indudable éxito político del Gobierno Rueda con la aprobación de la Ley 4/2023 de ordenación y gestión integral del litoral de Galicia, y su refrendo por el Tribunal Constitucional. Del que es consecuencia el acuerdo de transferencia alcanzado. Una ley que, sin nada que ver con una «declaración de independencia», fue una apuesta política inteligente de reivindicación del autogobierno más allá de los contenidos concretos, los intereses que ampare y la protección que otorgue al litoral gallego. Novedades de interés para el futuro de Galicia. Un futuro asociado a la sostenibilidad de la explotación del litoral, un mundo fértil que empieza en los ríos que lo nutren, las tierras que con él lindan y sus cultivos, y quienes allí viven y lo industrializan, junto con la presión turística, que con sus instalaciones llega al mar.
Durante estos años, grupos empresariales y de presión sostuvieron posiciones contrarias a las derivadas de dicha legislación, el reglamento de Costas, y las decisiones de la Dirección General de Costas, en las que fueron acompañados y alentados por la Xunta que, en las competencias del litoral, presenta unos intereses y una estrategia singular. Y que ha tenido notable alcance en la prórroga concedida a Ence en la ría de Pontevedra hasta el 2073 por el Gobierno de Rajoy en el 2016, validada por el Tribunal Supremo y con un giro impredecible en la Comisión Europea, que al parecer lleva camino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debido a la falta de concurrencias en dicha prorroga, que cuestiona por la UE las gestión de las prorrogas. Toda una competencia, y todo un reto para la gestión del litoral, que obviamente será desde hoy competencia del Gobierno gallego.