Entra en vigor la norma que permite pedir en un solo acto la dependencia y la discapacidad
GALICIA
Los trabajadores sociales no ven ninguna mejora: «So se lle crean expectativas á poboación»
03 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Desde este viernes 3 de enero está en vigor la resolución que permite pedir conjuntamente el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia. Se trata de un modelo que reduce los trámites y los agiliza con el objetivo de que se resuelvan las solicitudes en seis meses, el tiempo que marca la ley estatal y que exceden todas las comunidades. Esta norma que se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia se enmarca en un plan más ambicioso presentado el pasado mes de diciembre por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que incluye, además de reducir al máximo la burocracia, reforzar el personal que se encarga de las valoraciones y un programa de productividad con incentivos económicos.
Hasta ahora los trámites de discapacidad y dependencia eran paralelos, pero ahora la solicitud se hará conjuntamente, emitiendo el grado de dependencia, el plan individual de atención (PIA) y el porcentaje de discapacidad. Aquellas personas que ya tengan reconocida la dependencia y hubiesen solicitado la discapacidad recibirán en enero la resolución automática: las de grado 1 un 33 % de discapacidad, las de grado 2 un 66 % y las del nivel más elevado, el 3, un 100 %.
Más de mil personas sin PIA
Según los datos que mensualmente elabora el Imserso, en Galicia hay más de 78.000 dependientes con derecho a prestación y de ellas 1.265 todavía no tienen su PIA, es decir, el plan en el que se recoge la prestación que deben recibir. No obstante a estos hay que sumar los que teniendo derecho y PIA aguardan por el servicio concreto debido a la escasez de recursos, sea ayuda a domicilio, centro de día, prestación económica o residencia. Las plazas públicas de residencias son en estos momentos las que generan más demora por su escasez. La última de gestión pública que se abrió en Galicia fue la residencia Volta do Castro, en Santiago, inaugurada a finales del 2007.
Los trabajadores sociales, principales gestores de la dependencia, no ven mejora en las medidas anunciadas a finales de año por el presidente de la Xunta. «So vemos que se volven crear expectativas á poboación con estes anuncios. Por arte de maxia non van diminuír as listas, a única maneira de facelo é investindo en persoal e en recursos», apunta David Gontán Varela, coordinador del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia . De partida no creen que la unificación en los trámites de la dependencia y la discapacidad sea positiva. «Son dous procedementos distintos, o de dependencia refírese ás actividades básicas da vida diaria, e o de discapacidade vai máis en termos clínicos, polo tanto nós valoramos que sería mellor manter cada un polo seu lado. Faise unha ponte e faltaría a valoración profesional», señala Gontar.
Además, las medidas no solventan, en opinión de este colectivo, los dos principales cuellos de botella que tiene la gestión de la dependencia en Galicia: la valoración y la asignación de los recursos. En el primero de los casos los equipos de valoración, que dependen de la Xunta, no han aumentado adaptándose a las necesidades de la población gallega. «A poboación galega está máis envellecida e consecuentemente é máis dependente —explica el coordinador del colegio profesional— polo que se a traballadora social hai anos valoraba a 100 persoas, hoxe ten 300 ou 400. Non se están cubrindo as baixas e os traballadores están facendo horas extra». En palabras de este especialista, esto provoca que la resolución tarde un año y medio o incluso dos.
El segundo embudo llega en el acceso a la prestación. Gontán pone un ejemplo concreto: un caso de emergencia social debe resolverse en 72 horas, «e están tardando case dous meses». «Iso provoca, por exemplo, que a xente quede ingresada no hospital sen un problema médico, so cun problema social e iso tamén acaba saturando o sistema sanitario», añade.
Falta de corresponsabilidad
Según la Xunta, estos cuellos de botella tienen que ver con un problema de falta de corresponsabilidad en la financiación del servicio por parte del Estado. La Xunta cifra en 2.500 millones la deuda del Gobierno con Galicia en esta materia desde que se estableció el modelo de ayuda a la dependencia en toda España.